Aprueban reforma para garantizar derecho a la vivienda

Aprueban reforma para garantizar derecho a la vivienda

Legisladores de la Cámara de Diputados discutirán dos reformas constitucionales: la del sector energético, y la de ferroviario.
FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Con el objetivo de garantizar el derecho humano a la vivienda, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, cuyo fin es sustituir el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que se considerará “vivienda adecuada” aquella que cuente con elementos como accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, habitabilidad, seguridad en la tenencia y una ubicación adecuada.

Y es que, de acuerdo con el dictamen, el cambio conceptual no es menor, pues busca transitar hacia un enfoque más integral del derecho a la vivienda, al incorporar criterios claros que permitan garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo y bienestar de las personas.

Sobre estas modificaciones, la diputada Leide Avilés Domínguez contrastó las nuevas políticas legislativas con las implementadas durante el periodo neoliberal –encabezado por gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN)–, al señalar que en ese entonces prevaleció un abandono por parte de las autoridades para atender el tema de manera integral.

Durante su participación en el pleno, la diputada del grupo parlamentario de Morena indicó que, si bien, en periodos anteriores se incentivó la construcción masiva de viviendas, muchas de ellas fueron posteriormente abandonadas o se ubicaron en zonas alejadas de los centros de trabajo, debido a la falta de planeación urbana, la carencia de servicios básicos y la desconexión con las necesidades reales de la población.

Con ello, Avilés destacó las aristas que podría atender la iniciativa en materia de vivienda. “La reforma –además de fortalecer las instituciones de vivienda para que no solo se financien, sino que puedan adquirir, rehabilitar y construir vivienda– va a impulsar una autoproducción, [para así] generar condiciones reales para que las y los trabajadores se adecuen a créditos suficientes y accesibles”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruíz, detalló que las modificaciones también contemplan el fortalecimiento en el otorgamiento de créditos, esquemas de financiamiento y la construcción de vivienda dirigida a las personas trabajadoras. Con ello, la legisladora por parte del Partido del Trabajo explicó que el concepto de vivienda adecuada responde a estándares internacionales definidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, los cuales establecen elementos esenciales para su cumplimiento, entre ellos la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la asequibilidad, la habitabilidad, la ubicación y la adecuación cultural.

De esta manera, la propuesta de reforma se avaló en lo general, con 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones; mientras que en lo particular se obtuvieron 354 votos a favor, 95 en contra y cero abstenciones; además, se reservaron los Artículos 1, 2, 4, 6, 16, 19, 48 y 56, impulsados por los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, Movimiento Ciudadano, PAN y PRI.

La nueva reforma establece que la “Política Nacional de Vivienda” deberá incorporar estrategias que fomenten la participación coordinada de organismos e instituciones encargadas de otorgar crédito, financiamiento y construcción de vivienda, ya sea de manera directa o a través de terceros, con el fin de atender las necesidades habitacionales de las personas trabajadoras y de la población en general.

Asimismo, señala que, para garantizar el derecho a una vivienda adecuada, estas instancias –previa autorización de sus órganos de gobierno y en apego a los programas en la materia– podrán adquirir, rehabilitar y construir viviendas, realizar demoliciones cuando sea necesario, así como financiar esquemas de autoproducción, con lo que se amplían las alternativas de acceso a una solución habitacional.

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