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México. El brasileño Danilo Barbosa no había participado en procesos políticos hasta que su nombre surgió de un sorteo. A partir de entonces, integró la asamblea climática del municipio de Bujaru, en la región amazónica del país.
“Fue una buena experiencia; fue un canal muy importante. La gente participó; quería conversar sobre los temas importantes y tener visibilidad sobre sus preocupaciones. Como la gente vive de la agricultura, por eso quería abordar ese tema”, relató a IPS desde el municipio de Blumenau, en el sureño estado de Santa Catarina, donde vive temporalmente.
De 29 años, integró un grupo de 50 personas, elegidas al azar, para participar en la asamblea climática. En ésta, se discutió las oportunidades y retos de la crisis climática en el área y cómo incidir en el proceso de diseño y aplicación de políticas públicas sobre el clima.
El cultivo de arroz, frijol, maíz y mandioca (yuca), así como la ganadería instalada sobre zonas deforestadas, representan las principales actividades económicas de la zona. Debido a ello, “queremos una agricultura que no afecte al ambiente y que cuide de la selva. Necesitamos proteger la biodiversidad. Por eso es importante que consideren nuestra visión sobre el municipio, queremos ayudarlo a crecer”.
La asamblea climática, cuyo lema fue “Bioeconomía sostenible: caminos y opciones para generar trabajo, renta y calidad de vida en Bujaru”, es el resultado de un proceso que convocó a urbes amazónicas a participar, entre agosto y octubre de 2023. Fueron 16 municipios de seis de los nueve estados amazónicos brasileños los que se mostraron interesados.
Durante cinco sesiones entre abril y mayo de este año, la asamblea deliberó sobre cómo posicionarse estratégicamente y acceder a oportunidades a favor de un desempeño sostenible y la bioeconomía, en temas como manejo forestal, monocultivos, deforestación y sinergia entre innovación tecnológica y conocimiento ancestral.
A finales de agosto, el grupo entregará a las autoridades del municipio, de 24 mil 300 habitantes, las recomendaciones ya aprobadas, que incluyen el diseño de un plan municipal de agricultura con metas e indicadores, el fomento a cooperativas, el ecoturismo y el turismo rural.
Las asambleas climáticas son mecanismos de democracia deliberativa, de discusión y reflexión, impulsados para que la ciudadanía de una localidad asuma un rol central en la toma de decisiones en torno a los impactos del cambio climático y medidas específicas ante ello.
Al promover acciones locales, abordan cuestiones específicas de la comunidad, pues conocen bien la problemática local, y requieren a los gobiernos a incluir sus planteamientos.
Como tales, estas reuniones brotaron a partir de 2019 en Gran Bretaña, Francia y España, para propagarse por el territorio europeo, con resultados variados.
En América Latina, todavía son experiencias novedosas. Aunque la región tiene tradición participativa, como juntas comunitarias de diferentes nombres, que deciden sobre asuntos locales, y reuniones vecinales para diseñar presupuestos participativos.
Bolivia y Honduras cuentan con marcos legales para la participación de la población, mientras que el primero de ellos y Colombia poseen canales institucionales sobre involucramiento popular participativo, según datos del no gubernamental Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea-internacional), que promueve las iniciativas de participación ciudadana.
En 2016, Uruguay fue pionero con la iniciativa Decí Agua sobre la deliberación ciudadana para proveer de insumos al borrador del Plan Nacional de Aguas, instituido dos años después.
En Chile, la Asamblea Climática Ciudadana en la sureña región de Los Lagos sesionó entre mayo y agosto de 2023, con el objetivo de plantear recomendaciones al gobierno regional sobre educación ambiental, eficiencia energética y gestión hídrica, las cuales entregaron en noviembre siguiente.
Procesos similares en Brasil y Colombia han demostrado la importancia de la participación ciudadana en el debate político, pero aún no inciden en el diseño de políticas públicas en torno a la crisis climática.
Además de Bujaru, otras urbes latinoamericanas de diferentes tamaños organizan sus propios procedimientos con el mismo objetivo. Es parte de un proyecto regional que la red internacional de asambleas impulsa en cuatro ciudades latinoamericanas.
En el norteño estado mexicano de Nuevo León, el 22 de agosto se eligió una Asamblea Climática que deliberará y emitirá recomendaciones en cuatro sesiones, con el fin de mejorar las políticas ambientales del territorio y priorizar las acciones de adaptación a la crisis climática en la zona metropolitana de Monterrey, la capital.
Bosque Iglesias, consultor de incidencia climática del no gubernamental Instituto del Sur, explicó a IPS que se invitó a un grupo de personas y se estableció un registro abierto de solicitudes.
“Queríamos que la gente se sintiera interpelada a participar. Priorizamos zonas en cinco polígonos que registran islas de calor, donde hay voces que más padecen la crisis y tienden a ser relegadas en el debate público. La convocatoria ha sido retadora, pues en la primera semana cayeron a cuentagotas”.
En el sorteo, se escogió a las 50 personas de la asamblea, entre 542 candidaturas de 11 municipios conurbados, y quienes abordarán las 140 líneas de acción del programa estadal de cambio climático, en un ejercicio que respalda la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León.
Entre la agenda, figuran tratamiento de agua, monitoreo de espacios verdes urbanos, movilidad y construcción de infraestructura verde.
Nuevo León, especialmente Monterrey, enfrentó una severa crisis hídrica. La administración municipal declaró emergencia climática en 2021. Fue la primera ciudad mexicana en hacerlo.
Del 13 al 22 de agosto, una asamblea climática de la ciudad de Mar del Plata, en el sureste atlántico argentino, debatió recomendaciones sobre el nuevo plan de acción climática del distrito de General Pueyrredón, del que es su cabecera.
El grupo abordó la formación, concienciación y creación de políticas impulsadas por la comunidad, el manejo de residuos sólidos y líquidos, reutilización de materiales y reciclaje, así como la prevención y preparación ante desastres.
Ignacio Gertie, líder de proyectos en la no gubernamental Democracia en Red, resaltó a IPS la creciente demanda y necesidad de la apertura institucional a la participación ciudadana, que tienen su expresión en experiencias como la de la turística urbe argentina.
“Se decidió que sea sobre el tema climático, al ser un tema que está en la agenda se tiene que pensar en soluciones multidimensionales, multidisciplinarias y participativas, con los desafíos que tienen nuestros gobiernos, a diferencia de Europa, por sus espaldas más chicas, menos presupuesto y otras prioridades más urgentes”, dijo desde Mar del Plata.
La ciudad, que en 2022 tenía más de 682 mil habitantes y pertenece a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, diagrama su plan de acción local para enfrentar retos como la situación hídrica y olas de calor.
Otra experiencia regional es la de la asamblea climática de la ciudad colombiana de Buenaventura, en el departamento suroccidental de Valle del Cauca, con crecientes retos climáticos, y que arrancó sus sesiones para deliberar y emitir sugerencias sobre la recolección y transformación de residuos sólidos en la zona.
Su puerto sobre el océano Pacífico, el mayor de Colombia y uno de los 10 más importantes de América Latina, enfrenta riesgos hídricos, de pérdida de biodiversidad, de aumento de temperatura y de acidificación del océano, así como de erosión costera. Por ello, la urbe tiene un Plan de Gestión de Cambio Climático Territorial, desde 2016; actualmente en proceso de actualización.
La primera ola de asambleas climáticas europeas aporta evidencia de que la ciudadanía está dispuesta y capaz de arribar a recomendaciones climáticas determinantes para la población.
En Francia, las autoridades han aplicado aproximadamente el 50 por ciento de las recomendaciones, o una medida alternativa, la cual ejecuta parcialmente la propuesta, según el estudio Democracia deliberativa y cambio climático difundido por Idea-Internacional y la gubernamental Agencia Francesa de Desarrollo en junio.
En Bujaru, Barbosa, quien retornará a su municipio en septiembre, se alista para monitorear la ejecución. “Vamos a verificar si toman en cuenta las recomendaciones en los planes. No va a ser inmediato. Hablamos de la importancia de aplicar medidas en la zona”.
El mexicano Iglesias y el argentino Gertie confían en la continuidad del proceso ciudadano en la contribución a medidas climáticas. “El reto es el seguimiento institucional y es una tarea importante de la asamblea, mantenerse coordinada para la exigencia. Va a ser clave que haya un grupo de actores que le dé seguimiento. Esperamos tejer una agenda conjunta de incidencia y hacernos fuertes en el colectivo y ser un sujeto relevante ante la crisis”.
Para Gertie, la ruta apunta a organizar más procesos. “Se habla en estos tiempos de una desafección política, en un mundo hiperindividualizado, pero cuando uno abre las puertas para que las personas participen, dan ideas, hay muchas ganas de estar presente. Los resultados los vamos a ver más adelante”.
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