ASF redujo auditorías federales en un 20 por ciento

En la Auditoría Superior de la Federación (ASF) preparan el último reporte anual sobre la actual suministración, que le tocará conocer al presidente de la República antes de que concluya el sexenio y, de acuerdo con fuentes de ese órgano de fiscalización, hay señalamientos precisos sobre irregularidades administrativas que involucran a secretarios de Estado y a gobernadores.

Será el próximo día 20 cuando funcionarios del primer nivel del gabinete de Enrique Peña Nieto y todavía algunos gobernadores, estén muy atentos para saber si son los nuevos “Duarte” que deban enfrentar a la justicia por la dilapidación y desvío de recursos públicos durante su gestión.

Aunque es pertinente decir que por alguna extraña razón, que más bien podría apuntar a presiones gubernamentales, el auditor especial de Gasto Federalizado, Salim Arturo Orci Magaña (uno de los finalistas en la terna aprobada por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados para sustituir a Juan Manuel Portal al frente de la ASF), decidió reducir las auditorías generales en casi un 20 por ciento para 2017 y 2018, lo que da oportunidad a una mayor corrupción e impunidad en administraciones públicas que manejan fondos federales.

De acuerdo con el Diario oficial de la federación, Orci Magaña redujo el Programa Nacional de Auditorías (principalmente las que se aplican a gobiernos estatales y secretarías de Estado) de 1 mil 865 que se practicaron en 2016 a 1 mil 591 para 2017, y se prevé que en 2018 no lleguen ni siquiera a 1 mil 500, lo que significa que unas 350 auditorías anuales se dejarían de practicar a entidades públicas (federales y estatales) y con ello encubrir posibles actos de corrupción por el desvío de fondos federales. ¿Con qué propósito Orci Magaña redujo las auditorías sobre el gasto federalizado? ¿Alguien se lo pidió?

Ante tantos actos de corrupción, con nueve exgobernadores acusados de desvíos de recursos públicos y malversación de fondos, algunos de ellos presos, otros prófugos y unos más sujetos a proceso, es evidente la urgencia de que la ASF, como único y máximo órgano independiente de fiscalización del país, tiene que aplicar un mayor número de auditorías al uso de recursos públicos federales, a fin de evitar la corrupción en la administración pública federal y en gobiernos estatales y municipales que utilizan recursos públicos.

Ante la avasallante corrupción que ha tocado prácticamente todas las áreas de la administración pública federal, lo lógico sería que la ASF hubiera aumentado su número de fiscalizaciones, pero por el contrario las redujo en 328 con respecto a 2017, una decisión que el auditor interino Juan Javier Pérez y el auditor especial Orci Magaña tendrán que explicar al Congreso.

Pero aun con esas cuestionables decisiones que responden a intereses ajenos a la ASF, otros integrantes de este órgano de fiscalización han hecho bien su trabajo y, gracias a ellos, algunos servidores públicos del primer círculo del gabinete peñista andan preocupados por el desaseo en su gestión al frente de varias secretarías de Estado.

Uno de estos casos que la ASF prepara con atención, y que dará a conocer en su próximo informe, apunta a la exmilitante de izquierda y reconvertida en priísta por conveniencia económica Rosario Robles y su oficial mayor Emilio Zebadúa.

Será en las próximas semanas cuando Robles vuelva a vivir un panorama tan negro casi igual al vivido hace algunos años cuando fue expulsada de las filas del Partido de la Revolución Democrática por los desfalcos en delegaciones políticas.

Y es que la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ya no cuenta con la protección de su amigo Miguel Ángel Osorio Chong, quien al no ser elegido como el candidato priísta a la Presidencia de la República renunció a la Secretaría de Gobernación para buscar un espacio en el Senado de la República, y su lugar lo ocupa ahora Alfonso Navarrete Prida, a quien nada vincula con la secretaria de Estado.

Al perder el apoyo del número dos en la estructura de poder, la señora Robles y su oficial mayor Emilio Zebadúa tendrán que explicar múltiples anomalías (entre las que se presumen supuestos desvíos multimillonarios de fondos públicos) ocurridas en su gestión primero al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y ahora en Sedatu, de acuerdo con información preliminar que casi está lista en la ASF.

En ese informe del próximo 20 de febrero destaca la compra de 250 mil tinacos que habría hecho la Sedatu a través de una empresa intermediaria, en lugar de adquirirlos directamente con la fabricante Rotoplas y que según reportó, con una enorme capacidad organizativa, fueron distribuidos en un solo día, lo cual en la ASF todos dudan de esa adquisición pública.

De no ocurrir nada en contrario, como por ejemplo alguna llamada desde la casa presidencial, Rosario Robles tendrá que explicar el manejo de fondos públicos en ambas secretarías, y peor aún será para la funcionaria si en las elecciones de julio próximo, por alguna razón del destino o por alguna necedad o simplemente por la desesperación de 120 millones de mexicanos que viven entre la incertidumbre económica y la violencia, llegara a ganar al final de su caminar la Presidencia de la República el popular líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador, la suerte de Robles estaría echada y apuntaría más para ocupar algún espacio en algún penal para mujeres, como por ejemplo Santa Martha Acatitla.

Caso Pemex

Otra área que es muy vulnerable a la corrupción y a la impunidad es la otrora empresa paraestatal orgullo de “todos los mexicanos”, Pemex (Petróleos Mexicanos), en donde los últimos directores y sus equipos cercanos se sirvieron con todo y ante la crisis del precio del petróleo y la reducción en la producción de los pozos petroleros mexicanos, se dedicaron a vender los activos sin tener la menor idea de ello.

Por ejemplo, en los últimos años se motivó una especie de “venta de garaje” de ductos, en donde abarataron los precios hasta en un 50 por ciento de su costo real, y ahora la todavía principal empresa del Estado tiene la urgencia de rentar ductos a precios elevados a empresas privadas para transportar los productos petrolíferos como el gas.

Otro dato inquietante es el resultado de las 900 denuncias presentadas en los últimos 12 años por la ASF ante la Procuraduría General de la República y de las cuales sólo se ha resuelto el 9 por ciento (80 acusaciones de malversación de fondos).

Ya veremos si la ASF no da marcha atrás y se sostiene como el único órgano independiente capaz de impartir algo de justicia que tanto anhelan los mexicanos en un país en donde la impunidad alimenta todos los días la corrupción gubernamental.

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Contralínea 577 / del 12 al 17 de Febrero 2018