Buenos Aires, Argentina. Un año después del intento de asesinato a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, el hecho continúa sin esclarecerse. Son diversas las denunciadas sobre irregularidades en el proceso investigativo.

En múltiples ocasiones, la vicemandataria aseguró que la causa se detiene cuando aparecen pruebas que derrumban la teoría de un supuesto ataque por personas sin financiamiento. Y, en cambio, se vislumbran vínculos con fuerzas políticas y grupos extremistas.

A cuatro décadas (1976-1983) de que la última dictadura cívico-militar llegara a su fin, un suceso de esa gravedad provocó conmoción y encendió las alarmas sobre el resurgimiento del odio y la violencia. Los ciudadanos habían decidido decir “Nunca Más” a los crímenes horrendos. Sin embargo, este hecho elevó las preocupaciones sobre la ruptura del pacto social, el cual fue establecido tras la recuperación de la democracia.

El ataque

Alrededor de las 21:00 del 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag –de 35 años– apuntó con una pistola a la cabeza de la también titular del Senado. Ella se encontraba saludando a las personas reunidas a las afueras de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta.

Aunque apretó el gatillo, el arma –que contaba con cinco balas– no se disparó. El individuo fue detenido por ciudadanos que lo entregaron a la Policía Federal (PFA).

Durante registros en su casa en la zona de San Martín, la PFA halló 100 balas y una laptop. Esta última fue analizada junto a su teléfono móvil, cuya información se borró en manos de los peritos por una razón desconocida. El detenido posee tatuajes con símbolos nazis como el sol negro y sus perfiles en redes sociales fueron eliminados después del hecho.

Reportes oficiales indican que la pistola estaba apta para el disparo y fue usada poco antes del ataque. Sin embargo, el mal empleo por parte del agresor evitó que el proyectil entrara en la recámara y saliera.

El domingo 4, oficiales de la Unidad de Investigación Antiterrorista arrestaron a su novia, Brenda Uliarte. Ambos fueron considerados por la jueza María Eugenia Capuchetti como coautores responsables del delito de homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.

Además, enfrentan cargos por portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, acopio de municiones, tenencia de documento nacional de identidad ajeno y falsificación. De igual manera, fue detenido un hombre llamado Gabriel Carrizo por su papel en la organización y ejecución de los hechos.

En los días posteriores al atentado, miles de integrantes de organizaciones sociales, sindicales y políticas se movilizaron en Buenos Aires y en varias provincias para repudiar lo ocurrido. Exigían el fin de los discursos de odio.

La vicepresidenta agradeció las muestras de apoyo desde esta nación y el mundo. Aseguró que lo más grave no fue lo que le pudo pasar, sino la violación del acuerdo establecido por la sociedad hace 40 años. “Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen”, aseveró.

Demoras e irregularidades

La exjefa de Estado denunció la participación de agrupaciones extremistas y políticas en la organización y financiamiento del atentado. Igualmente, acusó a María Eugenia Capuchetti de entorpecer y demorar las indagaciones cuando se hallaron pruebas que apuntaban a miembros de Revolución Federal y el partido Propuesta Republicana (PRO).

Fernández y sus abogados solicitaron investigar la presunta relación del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, con el hecho. Además de la implicación de la líder del PRO y candidata a la presidencia, Patricia Bullrich, en la eliminación de datos de celulares de varios testigos.

Poco después del ataque, un hombre declaró que escuchó decir a Milman a dos mujeres que lo acompañaban: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”. Ésto ocurrió dos días antes del suceso en el bar Casablanca, ubicado cerca del Congreso.

Una de las asesoras que estaba en el bar, Ivana Bohdziewicz, expuso en una tercera declaración que no vació su teléfono por voluntad propia. La llevaron a las oficinas de Bullrich, donde un perito lo hizo.

Y no fue hasta el 17 de agosto de este año que la Cámara Federal capitalina autorizó el análisis del celular de Milman. Él decidió apelar la decisión por lo que el peritaje continuará demorando.

Fernández también publicó un video en la red social Twitter (ahora X). En éste, se señala que “la investigación sobre lo ocurrido comenzó muy mal y a las pocas horas del atentado, bajo la custodia de Capuchetti, fue borrado el contenido del teléfono de Sabag”.

Asimismo, indica que fueron rechazados los pedidos de análisis del celular de Hernán Carrol, miembro del grupo extremista Nuevo Centro Derecha. Sabag lo nombró como la persona que se haría cargo de su situación y de designar a sus abogados.

Por otra parte, el video explica que Milman presentó el 18 de agosto del año pasado un documento. En éste, alertaba sobre un posible falso atentado contra la exjefa de Estado. El 31 de ese mes, solicitó informes sobre el funcionamiento de la custodia de la vicepresidenta y su familia, además de la cantidad de agentes y vehículos asignados en cada uno de sus domicilios.

La jueza tampoco indagó sobre una pista fundamental. Durante el allanamiento del domicilio de Uliarte, se encontró una nota manuscrita sobre la Regla Tueller. Es una doctrina que calcula el tiempo y la distancia que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla sin que se la quiten.

Asimismo, expone que la misma se enseña a las fuerzas de Estados Unidos y fue traída como una novedad a Argentina por la exministra de Seguridad, Bullrich, cuando Milman formaba parte de su equipo.

También señala que Capuchetti visitaba la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Esta entidad estaba dirigida por Gustavo Arribas y Silvina Majdalani, quienes tienen un procesamiento firme por espionaje al Instituto Patria –fundado por Fernández–.

Por otra parte, se conoció que la jueza recibió indicaciones sobre cómo tratar el caso. Anteriormente, se reunió con el editor general del diario Clarín, Ricardo Roa, quien ideó la teoría de una acción espontánea de “un loquito suelto”.

En entrevista concedida al diario brasileño Folha de São Paulo, la exmandataria afirmó que el atentado tiene una fuerte connotación política y aseveró que la quieren “presa o muerta”.

Estaban vinculados con grupos de derecha, los cuales fueron financiados por empresarios relacionados con Macri. “El ‘partido judicial’ me acusa de ser parte de una supuesta asociación ilícita, pero no procesa a quienes tiraron antorchas encendidas a la Casa Rosada, lanzaron cocteles Molotov contra mi domicilio y planearon infiltrarse entre nuestros partidarios para matarnos”, indicó.

También recordó que está demostrado que esas personas –pertenecientes a agrupaciones extremistas– recibieron 17 millones de pesos –47 mil dólares– de Caputo Hermanos. Estos empresarios tienen vínculos con funcionarios y amigos de Macri.

La vicepresidenta afirmó que están presos quienes llevaron a cabo el intento de asesinato, pero no los autores intelectuales. Según la periodista especializada en temas judiciales, Irina Hauser, “la investigación, delegada por Capuchetti al fiscal Carlos Rívolo tras dos recusaciones de la querella, se cortó en tres detenidos y no avanzó en vinculaciones políticas ni económicas o financieras”.

El caso no fue tratado como un hecho de violencia política ni descrito en un contexto de agresiones crecientes por grupos de ultraderecha, como Revolución Federal, cuyos dirigentes repetían la idea de exterminar al oponente.

De acuerdo con el politólogo, Atilio Borón, nada fue casual: la mesa estaba servida para la aparición del magnicida y quienes cargaron las balas en la pistola de Sabag fueron los profetas del odio.

Indicó que el hecho fue el previsible corolario de años de ataques de todo tipo. Durante éstos, la figura de Fernández fue escarnecida y difamada sin tregua por políticos, jueces, fiscales y medios de comunicación.

A su vez, el analista Alejandro Grisom aseguró que “resulta devastador imaginar lo sucedido si la bala hubiera sido disparada. Junto a la vida de Cristina se hubiera herido de muerte a la democracia y a la nación. Argentina existe hoy por un milagro”.

Te puede interesar: Pinochet no pudo silenciar a Prensa Latina