La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 69/2021 a la gobernadora constitucional de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y al pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (TCAEG), debido a que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) no aceptó ni cumplió la recomendación 038/2018 que previamente había emitido la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG).

Por ello,  la CNDH pidió a la gobernadora cumplir con el laudo en favor de una víctima e investigar y sancionar las responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas involucradas en el agravio. Asimismo, solicitó la plena colaboración en la queja presentada por la CNDH ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero.

La CNDH pidió el desarrollo de un programa de formación y capacitación en materia de derechos humanos para el personal de la Secretaría de Educación, particularmente sobre los derechos a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y los principios de legalidad y del plazo razonable, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos y las atribuciones de las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos; y que se lleve a cabo las gestiones administrativas y legales adecuadas para indemnizar y subsanar los daños que sufrió la víctima en la vulneración de sus derechos humanos.

En lo correspondiente al Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, la Comisión Nacional pidió que dicte las medidas necesarias para realizar “la eficaz e inmediata ejecución del laudo” emitido en favor de la víctima. Asimismo, indicó que debe elaborar y difundir una circular dirigida a todo el personal del TCAEG, “en donde se presenten acciones para la no repetición de los actos y omisiones que se advirtieron en el presente caso”.

En el comunicado,  la CNDH subrayó que no asiste la razón jurídica de la SEG  –bajo el  argumento de no ser un caso de violación de derechos humanos– para no aceptar y cumplir con la recomendación. Por ello, indicó que el organismo incumple “con su obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

Asimismo indicó que con la vulneración de las recomendaciones se desestima el trabajo de investigación de los organismos locales y de la CNDH mientras que se vulnera el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos y la garantía efectiva para reparar de manera integral el daño ocasionado a las víctimas.

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