FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM
En los próximos meses, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) dictaminará si abre una investigación sobre el caso México, que apuntará sobre todo a la responsabilidad penal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (diciembre de 2006-noviembre de 2012) en presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El tribunal –asentado en La Haya, Países Bajos– cuenta con pruebas suficientes para determinar que en ese gobierno se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma, derivados de la declaratoria de la “guerra” contra el narcotráfico que estableció el político panista, a sabiendas de que ésta causaría graves violaciones a derechos humanos, incluida la pérdida de vidas entre la población civil.
Expertos y denunciantes del calderonato ante la CPI, consultados por Contralínea, consideran que en breve se determinará sí a lugar a la situación sobre México, como se denomina a las indagatorias previas a los juicios penales en la Corte Penal Internacional.
Recuerdan que la Fiscalía de la CPI ha recibido decenas de informaciones –con evidencias que apuntan a los posibles responsables– sobre las atrocidades que ocurrieron por la política pública que ordenó el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente Calderón Hinojosa.
En el periodo de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron delitos de forma masiva como el de desaparición forzada, pero también otros conexos que implican –si se ve de forma panorámica– que el Estado funcionó como un sistema criminal para violar derechos humanos, señala el doctor en derecho Mario Santiago Juárez. Agrega que en el calderonato no hubo una política anticrimen, sino una política realmente criminal.
El profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala e integrante de I(DH)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos advierte que durante el sexenio de Calderón está clarísimo el uso de las instituciones –como el Ejército, la Marina y la Policía Federal– para desaparecer personas, algo que el académico documentó en Veracruz como parte del trabajo de la asociación civil donde colabora, y cuyos resultados fueron informados a la CPI para la integración del expediente sobre el caso México.
Mario Santiago Juárez observa que lo mismo ocurrió con otros crímenes internacionales, como las detenciones arbitrarias, para las que “muchas veces utilizaron instalaciones militares y donde se torturaba a las personas que iban a ser investigadas, y a través de esa tortura se arrancaba información que de forma obviamente ilegal, inconstitucional y violando derechos humanos se utilizaba después para los procesos [judiciales]”.
El experto en defensa de los derechos humanos indica que “esos delitos gravísimos fueron cometidos por el Estado, pero esto no será una verdad jurídica hasta que no exista una investigación seria por parte de la Fiscalía. Esperemos entonces que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional asuma su competencia e inicie una investigación seria sobre esto”.
También explica que el estándar probatorio que exige la CPI a los denunciantes es mucho más alto que el que se exige en otros organismos de derechos humanos –como podría ser la Corte Interamericana–, porque a nivel penal sí se necesita saber no sólo que ocurrieron los delitos sino de quién es la responsabilidad individual.
Agrega que según el propio Estatuto de Roma –que es el ordenamiento que regula el funcionamiento de la CPI– “con lo que nosotros hicimos es suficiente para iniciar una investigación, entonces es algo muy serio. […] El trabajo de los abogados y abogadas que estamos detrás de esta comunicación ante la Fiscalía es técnico, no político. No es un trabajo que esté politizado o que esté jugando un rol que no es el nuestro, si no simplemente, repito, es técnico y por eso es que ese documento está muy bien fundamentado”, señala en referencia a la investigación Hasta encontrarlos: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad. Elaborada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos, IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el colectivo de familiares Solecito de Veracruz, el documento le fue entregado a la CPI con diversas pruebas.
La responsabilidad penal del expresidente Calderón en estas atrocidades sólo podrá determinarse por una institución de procuración de justicia, como lo es la Corte Penal Internacional, coinciden los entrevistados. Al respecto, el maestro en derecho internacional Carlo Carvajal explica a Contralínea que “sí hay evidencia suficiente para decir que durante el sexenio de Felipe Calderón se cometieron crímenes internacionales en el país. Eso, sin duda: hay suficiente evidencia. Ni siquiera es algo tan difícil de ver que, a la luz de la experiencia del país y de los datos, ciertos crímenes –como la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada– se cometieron de manera generalizada y sistemática, de conformidad con una política que es la de demostrar efectividad del Estado de que funcionaba su guerra contra las drogas cometida contra una población civil, y que ésa es la definición de los crímenes de lesa humanidad”.
No obstante, el oficial de Incidencia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –asociación civil que también ha informado en múltiples ocasiones sus hallazgos a la Corte Penal Internacional–, expone que sobre “la responsabilidad individual de Felipe Calderón, y con toda la deferencia al principio de presunción de inexistencia, eso sería algo que la Corte tendría que determinar”.
Para ello, explica, la CPI analizaría “evidencia más profunda sobre si [Calderón] ordenó o dejó de ordenar ciertas acciones, en particular en las cuales estas personas fueron desaparecidas. Porque es posible que la cadena de mando no llegue hasta ahí. Es posible que la cadena de mando llegue a un general del Ejército, incluso a un secretario de Defensa, pero no necesariamente al presidente de la República. Eso sería algo que un tribunal tendría que determinar”.
El doctor en derecho Isaac de Paz considera que, actualmente, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional estaría examinando entre otras evidencias las de la petición que –desde antes de 2012, antes de que Felipe Calderón se fuera de la Presidencia– presentaron organizaciones de derechos humanos en México y ciudadanos encabezados por el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros (actual director del Instituto Federal de Defensoría Pública).
“Seguramente está recabando cada vez más información, para que se tengan acumulados los elementos plenos que exigen estos crímenes que establece el Estatuto de Roma. Y luego planteárselo, de acuerdo con las reglas del procedimiento, a los órganos que corresponden de la propia Corte Penal Internacional”, explica el profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Baja California.
Añade que el caso que involucra las responsabilidades de Calderón Hinojosa se encontraría en la Sala de Cuestiones Preliminares, “y esa Sala es la que va resolviendo si a lugar con la investigación. Y creo que en esa parte nos encontraríamos en este momento. No lo ha dicho la Corte, pero por lo que comenta [el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández] es que se estaría en esa Sala de Cuestiones Preliminares. Y ahí se determinaría el siguiente paso para que se pudiera llegar a una orden de aprehensión internacional, y posteriormente a un juicio penal internacional [contra Felipe Calderón]”.
Fue el pasado 25 de octubre cuando el secretario López Hernández reveló que sí existe una investigación internacional en contra del expresidente Calderón en la Corte Penal Internacional, derivada del operativo Rápido y Furioso. Consultado por Contralínea el 9 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló: “sé de las denuncias [presentadas en contra de Felipe Calderón Hinojosa], de una que fue aceptada, porque presentaron otras y se rechazaron, pero no tengo información sobre el avance de si están en proceso de investigación o están detenidas. No tengo mayor información sobre eso. Sé que existe esa denuncia en La Haya, en la Corte [Penal] Internacional”. Al insistirle sobre las declaraciones del secretario de Gobernación acerca de que esa investigación internacional estaría en la etapa de integración de pruebas, el primer mandatario dijo que “es porque sí tiene información, porque es su trabajo también”.
Al respecto, el doctor Isaac de Paz indica que si “el secretario de Gobernación [Adán Augusto López] tiene muy en cuenta que se está reuniendo la evidencia necesaria para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional intervenga, pues [la CPI] lo va a hacer en cualquier momento. Creo que esto va a ser muy rápido porque el sexenio ya empieza en su fase final. Le quedan menos de dos años incluso, porque recordemos que el presidente López Obrador se va en octubre de 2024, entonces ya tendría que ser para que haya un avance, por lo menos que se empuje hasta la etapa previa al juicio [de Calderón] allá en la Corte Penal Internacional”.
Asimismo, recuerda que fueron al menos cinco operativos similares al Rápido y Furioso que permitieron la introducción de armas de alto calibre de Estados Unidos a México destinadas a los cárteles del narcotráfico, y advierte que este caso no sólo involucraría responsabilidades de Calderón, sino también de Genaro García Luna, e incluso del entonces embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán.
Sobre el tema, el maestro Carlo Carvajal indica: “sí es importante mencionar que el secretario Adán Augusto hablaba en estas visitas a los estados sobre un caso en particular, una política en particular que es la de Rápido y Furioso. Pues lo que sabemos de esta política es que durante los gobiernos tanto de Barack Obama como de Felipe Calderón se incrementó esta importación de armas, de las cuales se les compraba un chip y se pretendía rastrear estas armas para encontrar a miembros del crimen organizado, y lo que realmente pasó es que falló esta estrategia y las armas –por corrupción interna en el país– acabaron en manos de los criminales, y esto se utilizó para cometer crímenes, y esos crímenes incluso incrementaron la violencia a nivel nacional”.
Asimismo, recuerda que a principios de 2022 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas involucradas en esa operación, entre las que se encuentran Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo y líder del Cártel del Pacífico, grupo criminal que se benefició de las armas del operativo Rápido y Furioso.
“La Fiscalía [General de la República] tiene estas carpetas de investigación abiertas, entonces tendríamos que darle seguimiento y ver si derivan en una acción de la justicia eficaz. Yo no entiendo por qué no hay una carpeta de investigación abierta en contra del expresidente Felipe Calderón, si es que ya el secretario de Gobernación dice que a nivel internacional ya la hay, pues la jurisdicción de la Corte secundaria primero el Estado tiene qué investigar”, dice el abogado experto en defensa de derechos humanos.
Agrega: “le tomamos la palabra al secretario de Gobernación. Estamos de acuerdo y creemos que si queremos acelerar este caso, incluso el posible enjuiciamiento de Calderón o de otros actores a nivel internacional, entonces el Estado mexicano puede enviar su propia situación a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y, en la medida en que no tenemos una ley de cooperación con la Corte, que nos diga cuál es el camino interno para hacer esto. La propia Cancillería [Secretaría de Relaciones Exteriores] podría enviar esta situación en cuanto quiera, y creemos que sería deseable que en coherencia con la narrativa anticorrupción de este gobierno, pues el Estado debería solicitar formalmente a la Fiscalía [de la CPI] que abra una investigación sobre los crímenes cometidos en México en el marco de la llamada guerra contra las drogas”.
En caso de que la Fiscalía de la CPI considere que las pruebas recabadas son suficientes para determinar que en el país se cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico, Calderón Hinojosa será juzgado como individuo, pues como jefe del Ejecutivo federal ordenó a las Fuerzas Armadas encabezar esa estrategia.
A diferencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas que condenan a los Estados por las violaciones graves a los derechos humanos, “la Corte Penal Internacional tiene facultades para determinar responsabilidades penales de personas o sujetos individuales que forman parte del sistema estatal; es decir, son o fueron servidores públicos de cualquier nivel, pero que evidentemente cuando estamos hablando de este tipo de delitos, que no es un delito por ejemplo de desaparición forzada que se ve en forma ocasional o que sucede de forma aislada, sino que cuando hablamos de delitos que atiende la Corte Penal Internacional estamos hablando de dos elementos muy importantes, que son la sistematicidad y la generalidad”, explica el doctor Mario Santiago.
El defensor de derechos humanos agrega que esto implica “que hay un aparato estatal que está operando para que se den estos delitos de forma masiva”. Por ello, expone, la Corte Penal Internacional revisa el aparato estatal pero con responsabilidades individuales de quién está cometiendo este tipo de delitos de lesa humanidad.
En el caso de Veracruz, explica, en el sexenio de Felipe Calderón se documentaron decenas de desapariciones forzadas, “pero eso no significa que esté probada su responsabilidad porque eso es muy difícil. Y nosotros como organizaciones, como abogados mexicanos, no podemos, no tenemos la capacidad de demostrar responsabilidades individuales. Lo único que podemos demostrarle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es la existencia de hechos delictivos y de personas o instituciones que están detrás de esos hechos delictivos. Sin embargo no tenemos ninguna duda de que la Marina, el Ejército, la policía estatal de Veracruz y lo que se llamó el mando único de las policías intermunicipales operaron para desaparecer gente, eso está documentado”.
El doctor Mario Santiago advierte que “no es lo mismo demostrar que hubo desaparición forzada –que la desaparición forzada implica participación de servidores públicos– a decir que, por ejemplo, el expresidente Felipe Calderón estuvo involucrado, o en el caso digamos más concreto de Veracruz, que el exgobernador Javier Duarte estuviera involucrado. Ahora, es para nosotros evidente que sí estuvieron involucrados por la cuestión de la cadena de mando: hay decisiones que no pudieron haber sido tomadas por otra persona que no fuera el jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, que era el presidente Calderón, pero de eso a que yo diga que el presidente Calderón es responsable por crímenes de lesa humanidad pues hay un abismo, porque yo no podría afirmarlo aunque lo creo, pero no soy ni fiscal ni tengo las pruebas para hacerlo porque se necesita otro tipo de investigación”.
Añade que quien sí podrá afirmarlo y actuar en consecuencia es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, “a través de peritajes, del conocimiento de documentos que no son accesibles para una persona común y corriente, como somos los abogados que trabajamos en la organización, sino que podría solicitar por ejemplo a través de testigos protegidos, de militares arrepentidos que pudieran dar esa información. Pero hasta que eso no se vea pues no podemos –también por el principio de presunción de inocencia– afirmar algo tan categórico que sería realmente muy difícil de probar. Pero lo que sí queda claro es que cuando hay sistematicidad y hay generalidad pues son los más altos servidores públicos de México los que tuvieron que haber tomado las decisiones para las desapariciones. Y en el caso de Veracruz, durante el sexenio de Javier Duarte es clarísimo que la política en contra supuestamente del crimen organizado fue la desaparición. Y para que él lo hiciera, operó en coordinación con la Marina que es una instancia federal, que depende al final del presidente en turno; pero entonces estaríamos hablando de cuando menos dos sexenios: durante el sexenio de Felipe Calderón y también parte del sexenio de Enrique Peña Nieto”.
Para los tres entrevistados, el componente que podría facilitar este juicio en contra de Felipe Calderón es la voluntad política que tenga el gobierno del presidente López Obrador, pues la CPI no podrá actuar sin la venia del Ejecutivo federal mexicano.
El doctor Isaac de Paz explica que la “Constitución, en su artículo 21, le permite al Poder Ejecutivo aprobar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en cada caso; es decir, en cada situación jurídica en donde se desprenda que hay infracciones al Estatuto de Roma. El estatuto de Roma es el código penal internacional de los crímenes de guerra, entonces el Poder Ejecutivo sí es el que tiene la llave que le permitiría a la Corte Penal Internacional, en este caso a la Fiscalía, incidir o ejercer su competencia para iniciar una investigación concreta sobre estos actos de contrabando internacional de armas [operativo Rápido y Furioso], y seguramente estamos hablando de armas que son usadas o estrictamente por los Ejércitos, porque precisamente para que haya una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene que haber ese elemento de la voluntad de la persona que está cometiendo ese crimen, para que se acredite la intención de dirigir un ataque armado hacia la población civil. Entonces, por ese lado el Poder Ejecutivo –en este caso, el presidente de la República– puede pedirle al Senado que autorice la investigación”.
El académico agrega: “yo le diría al secretario de Gobernación: ‘qué estamos esperando. Si ya usted tiene esa información de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pues que se pida ya la aprobación del Senado’. Creo que no lo hace porque esperan a que la investigación esté sólida. Porque una vez haciendo eso, claro que también hay medios de defensa”.
Por su parte, el maestro Carlo Carvajal observa que el financiamiento que otorga el Estado mexicano a la CPI podría condicionar que ésta actúe o no respecto de nuestro país. “México es un contribuyente muy grande de la Corte, da mucho dinero para que exista este tribunal. Entonces, siempre existen estas tensiones políticas que pueden atrasar o que podrían a la mejor influir. Incluso tenemos una jueza mexicana en la Corte que fue miembro del Servicio Exterior Mexicano por mucho tiempo, etcétera. Entonces sí, evidentemente esto podría influir. Sin embargo yo diría que también hay que ver a la Corte en su debida dimensión, y un poco pensando en que la Corte también tiene muchos límites. Para empezar, un límite presupuestario, un límite de gente y un límite de funcionarios que pueden atender esta cantidad masiva de información. También otro tema es la coyuntura: la Corte trata de centrarse a lo mejor en ciertos países de la región para tener este balance geográfico, y en nuestra región ha abierto exámenes sobre Colombia, exámenes sobre Venezuela –que continúa abierto– y también se han dedicado recursos para el tema de Honduras. Entonces eso también implica, y justo también hablando de la coyuntura, el tema de Ucrania tiene a la Corte totalmente desbordada, incluso por la cantidad de crímenes que se están cometiendo en tiempo real”.
No obstante, el oficial de Incidencia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos considera que puede ser en el corto o mediano plazo que la Fiscalía sí tome acción sobre el caso de México, “pues el fiscal que está actualmente [Karim Khan] ha estado bastante activo y es de armas tomar; es decir, abre y cierra situaciones, investigaciones dependiendo de la cantidad de informaciones que reciba”.
Por su parte, el doctor Mario Santiago confía “en que en algún momento lo admitan y –siguiendo su propia reglamentación del estatuto de Roma– continúen o inicien investigación. A mí me parece que va a pasar, solamente hay que tener paciencia porque no sólo es este caso [de Veracruz]”.
El defensor de derechos humanos y experto en derecho constitucional indica que cuando se está ante crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los demás delitos –como pueden ser los de corrupción, saqueo y todo lo que México ha vivido– quedan eclipsados, “porque estamos hablando de más de cien mil personas desaparecidas, y yo no digo que esas cien mil personas sean desaparecidas por el Estado, pero un porcentaje importante sí lo son. Y si nosotros no podemos como país enjuiciar a personas servidoras públicas que están detrás de esas desapariciones, pues evidentemente que alguien más venga hacerlo, porque hay una cuestión en derechos humanos y también en el derecho penal que si no hay una reparación a las víctimas no puede haber una garantía tampoco de no repetición. Estamos entonces asegurando con la impunidad que estos crímenes se perpetúen y que cualquiera lo puede hacer sabiendo que no hay consecuencias”.
La CPI no necesariamente es la solución
“Recordemos que a la Corte Penal Internacional se le critica por ser una corte negra porque ha juzgado casi a la mayoría de personas del Continente Africano, y claro que se trata de Estados fallidos, Estados en los que ha habido un contexto de guerra civil, que obviamente no tienen fortalezas locales, institucionales y su gobernanza es muy débil; pero México no es ese caso, no es ese tipo de país”, señala el doctor Isaac de Paz González.
En ese contexto, agrega que México debe aprender a resolver sus problemas aquí mismo, con sus propias herramientas e instituciones. “No podemos estar dependiendo siempre de la Corte Interamericana, de la Corte Penal Internacional o de la ONU. Creo que lo que quiere la comunidad internacional es que los Estados estemos fuertes al interior”.
El abogado experto en derechos humanos critica que el presidente López Obrador no haya ejercido aún la facultad que le confiere el artículo 21 de la Constitución, para solicitar al Senado que declare la competencia de la CPI. El doctor en derecho reprueba que el primer mandatario manifieste que él no es partidario de enjuiciar a los expresidentes. “Pues, bueno, yo tampoco soy partidario de enjuiciar a nadie así nada más, pero sí soy partidario de que rinda cuentas el poder político del color que sea: Morena, PAN, PRI, naranjas, que rindan cuentas. Y creo que ahí sí hay una deuda que personalmente va a dejar el presidente si insiste en esa línea de decir: ‘no, pues yo no estoy de acuerdo en que se les juzgue’, porque claro que eso es una línea de acción, porque lo que dice el presidente se acata, es el Poder Ejecutivo y la figura tiene mucho peso”.
Isaac de Paz llama a “no conformarnos y decir: ‘no se va a poder hacer nada’. Creo que ahora que el secretario de Gobernación menciona eso pues hay que decirle: ‘ustedes son los que tienen las herramientas, la sartén por el mango. No es necesario incluso que intervenga en la Corte Penal Internacional porque aquí en México está la información, aquí es donde sucedieron los hechos y aquí es donde hay testigos que tienen conocimiento de eso. Pero a la mejor no quieren destapar ese caso aquí en México porque van a rodar muchas cabezas, pues no es algo que nada más haya autorizado el presidente [Calderón] o García Luna, seguro hay una cadena de mando que incluye al Ejército, a agencias de seguridad como el Cisen y que incluyen a subsecretarios, a algunos gobernadores que en aquel momento pedían los famosos operativos conjuntos, que fueron un fracaso total, un cúmulo de violaciones a los derechos humanos. Llegaban a hacer cateos totalmente ilegales, con una brutalidad que no se ha olvidado, una robadera: los cateos los usaban para robarse las mercancías de los pequeños negocios, y eso yo lo atestigüé, a mí nadie me lo contó, a mí me consta cómo llegaba la Policía Federal de García Luna y arrasaba con negocios chiquitos, negocios de ropa, de mercancías, y eso fueron los operativos conjuntos. Entonces es como una madeja muy grande que no la quieren desempolvar, porque va a mostrar que hubo una gran conflagración de actos corruptos en ese sexenio y que traspasó hasta el de Peña Nieto”. |
Atrocidades en la frontera
El académico Isaac de Paz González –doctor Cum Laude Internacional en derechos fundamentales y libertades públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha; miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y de la “Society of Legal Scholars y profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, campus Tijuana– narra a Contralínea lo que significó la “guerra” de Calderón contra la población civil de aquella región fronteriza del norte del país:
“Era zona de guerra. Los operativos conjuntos, recordemos, entre Tijuana, Tecate, Ensenada dejaron un lastre de violencia en las zonas aledañas, en las zonas semiurbanas, en el centro, incluso en las residencias donde viven las clases acomodadas. Se hablaba en aquel tiempo, era ya muy normalizado hablar de que ‘hubo ráfaga’. Tú le preguntas a cualquier tijuanense aquí y te puede decir que él escuchó, atestiguó, se dio cuenta que a la vuelta de su casa hubo un evento de disparos de arma de fuego, un homicidio violento o varios. Y así se decía: ‘hubo ráfaga’, ‘hoy hubo ráfaga’. Aquí en la ciudad [de Tijuana], en las zonas incluso que son muy céntricas, en la zona urbana que se le llama, ‘había ráfaga a cada rato’.
“Luego había muchas familias adineradas que fueron objeto de secuestro: hijas, hijos, hermanos, el papá. Muchos se fueron a vivir a otro lado. Hubo colonias que se quedaron desiertas, donde la gente prefirió abandonar sus casas, vaciarlas e irse. Fue terrible. Asesinatos entre grupos del crimen organizado. Ya no se sabía si los policías estaban trabajando no sólo para la delincuencia, si no que ya no se sabía para qué grupo, porque se atribuía que trabajaban para un grupo, que trabajaban para otro.
“Hubo muchos reportes en los que se exponía que el Ejército desarmaba a la policía de Rosarito; que la policía de Rosarito se enfrentó a la policía estatal. Así era: una zona de guerra. Así lo puedo decir aquí en la frontera, pero también en otras partes fronterizas. Por ejemplo, el Operativo Conjunto Chihuahua dejó también una serie de desaparecidos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Muchos –aquí en México no está muy estudiado– pero también muchos ‘falsos positivos’. Se aprovechaba para hacer esas intervenciones quirúrgicas y arrasaron con todo, no dejaron nada. Por eso ahora les está costando mucho trabajo a las policías municipales y estatales recuperar la confianza. Muchas siguen infiltradas porque, recordemos que en ese tiempo, por decreto constitucional o reforma constitucional cambiaron las reglas para que le fuera posible al poder político despedir a esos policías sin darles un finiquito adecuado, sin darles una justa indemnización. Y claro que se pasaron el bando de los malos, y todo eso fue una idea de Genaro García Luna y de Calderón y de sus juristas e ideólogos detrás de ellos, que impulsaron estas reformas. Claro que eso barrió con las policías. Qué hicieron, pues se pasaron al bando de los malos. El daño que hizo el calderonato se sigue sintiendo, fue como un tumor entonces y ahora el cáncer está expandido.
“Los que le replican al presidente López Obrador: ‘ay, es que vives en el pasado; es que le echas la culpa el pasado’. Bueno, qué hacemos si hemos recibido un país desecho. Yo te puedo asegurar que en las policías no hay buena cadena de mando, no hay un perfil de ingreso que sea sólido para que la gente entre a la función policial, no hay un seguimiento de la formación profesional, no hay mecanismos de evaluación. Esto sugiere muchísima corrupción. Por eso la Guardia Nacional se ha convertido en el único bastión del presidente, y por eso está costando tanto trabajo.
“Aquí por ejemplo llegaba la Policía Federal, se hospedaba en hoteles, pero más tardaban en hospedarse que en venirlos a rafaguear los malos. Era un caos. Así estuvieron los micro laboratorios de la intervención ciega de la fuerza en México en ese sexenio [de Calderón]. Ya Peña Nieto le bajó un poco, pero no cantó mal las rancheras en cuanto a la letalidad del uso de la fuerza. Entonces fueron años terribles. Seguramente lo mismo pasó en Tierra Caliente, en el Estado de México, en Michoacán, en Guerrero.
“Y ahora la gente que estamos de acuerdo con la transformación estamos tratando de reconstruir eso; colaborando desde nuestros sectores para mantener una gobernanza con apego a los derechos humanos, y sobre todo con apego a los beneficios sociales, porque también eso se olvida mucho: en esos sexenios no hubo beneficio social, porque se buscaba un beneficio particular, proteger a las grandes empresas. Y eso también permeó en la política económica. Fue en el calderonato cuando se repartieron todo el territorio nacional, fue cuando se dieron más concesiones mineras que nunca –con las que ahora hasta se especula– de 30 o 50 años. Es una locura. Hicieron pedazos económica, en seguridad y hasta geográficamente al país. Entonces, claro que está costando mucho trabajo.” |
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