Las instituciones están coludidas. En ellas persiste la médula corrupta de una lógica pasada, la del neoliberalismo. Funcionarios, fiscales, policías; casi nadie se salva. Por eso, el caso de los 43 de Ayotzinapa es el reflejo de un problema de impunidad mucho más complejo. Sin embargo, a pesar de toda la buena intención del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Estado sigue debiéndole mucho a las víctimas, acusa el legislador Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente del ataque de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Han pasado 10 años de la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”. Ha pasado una década en que su paradero sigue sin conocerse. Hoy, los padres tienen más dudas que certezas. Mientras que la memoria de México continúa en luto.

Fue un crimen de Estado. Participaron los tres órdenes de gobierno; también militares. Se logró identificar los restos de dos jóvenes. Recientemente, se aprendieron a nueve personas. Aunque no hay avances significativos, al menos no para los padres de los 43, señala el diputado Manuel Vázquez, sobreviviente de Ayotzinapa para Contralínea. 

“Siento que si hay avances pero no los suficientes. O sea, no hay, no hay un avance medular, vaya. Mientras no sepamos qué pasó con los chavos, quiénes se los llevaron, qué hicieron con ellos con exactitud e ir de manera irrefutable, cualquier avance por muy importante que sea los familiares van a decir: ‘no, no es suficiente’. Y no va a ser suficiente, eso es lo que hay que entender en los casos de derechos humanos”.

El problema de la impunidad que se ha generado en este caso, como en muchos otros, radica en que varias instituciones siguen operando bajo una lógica del pasado: el neoliberalismo. Aunque hay un cambio político, económico y social en el país, no alcanza a remover los vicios del aparato burocrático, detalla el legislador.

“Muchas personas le deben sus cargos a antiguos funcionarios, a antiguos políticos. En la fiscalía pasó, o pasa mucho, ¿no? Muchos de los fiscales que se encargaban de investigar el caso de los 43, le debían su cargo, su puesto ahí, su plaza incluso, su carrera judicial y política, o de fiscales a antiguos funcionarios. Entonces, cuando le debes tu carrera a alguien, pues tu lealtad está con ese alguien, no con el país, no con la institución, no con la verdad ni la justicia. Básicamente, eran ellos quienes les avisaban a los implicados”.

En temas de derechos humanos, el Estado mexicano sigue debiéndole mucho a las víctimas

Dimensionar las múltiples vertientes que ha desatado el caso de los 43 de Ayotzinapa resulta más complejo de lo que se percibe a simple vista. No sólo por el entramado institucional que ha estancado la investigación, sino también por un aparato de justicia enquistado que ha contribuido, según el diputado Arellano, a una crisis en materia de derechos humanos. “En temas de derechos humanos, creo que el Estado mexicano sigue debiéndole mucho al país”.

“Yo llego a la conclusión que, por ejemplo, en tiempos de Peña Nieto, con la ‘verdad histórica’, a esas alturas, con todos los tratados internacionales que México firmó en materia de derechos humanos, a esas alturas México no tenía una estructura fuerte o experimentada para investigar casos como el de Ayotzinapa. Eso sí. Tenían mucha experiencia en manipulación. Tenían mucha experiencia en tergiversar los hechos. Tenían mucha experiencia en otras cosas, pero no en investigar para llegar a la verdad y a la justicia. Entonces, imagínate, tenemos en nuestro sistema de justicia una estructura que tiene más experiencia en la impunidad que en la justicia”. 

El legislador narra su propia experiencia, marcada como la noche más trágica de su vida: aquella en la que sobrevivió al atentado de la policía municipal en la calle Juan N Álvarez. A partir de esta vivencia, crítica lo que ha tenido que afrontar por parte de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) –dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR)–. Entre sus argumentos, señala que cada vez que cambian al fiscal especial es como si se volviera a empezar en la búsqueda.

También, Manuel Vázquez aclara que este vicio es producto de la forma en que está constituida la justicia en el país. Por ello, sugiere que las fiscalías deben reformarse. Además, apuesta por la creación de estructuras paralelas, sólidas y duraderas, las cuales logren trascender más allá de uno o dos sexenios, para que las investigaciones en temas de derechos humanos puedan avanzar.

“Tenemos que crear estructuras paralelas, y eso sí, que no duran nada más de seis años, ni tres años, carajo. O sea, nosotros lo vimos acá en el mismo caso de Ayotzinapa, ya en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, un fiscal especial primero, luego otro fiscal especial, porque el primero se fue o algo hubo ahí. Pero, ¿cuál es el daño a la investigación? Qué tienen que llamarnos a los sobrevivientes, qué tienen que llamar a las familias, qué tienen que llamar a los implicados a declarar nuevamente, porqué legalmente no puedes usar las declaraciones que hizo el fiscal anterior. Ahí nos tienen repitiendo lo mismo, a veces ya ni nos acordamos bien, nos niegan las copias de nuestras declaraciones, mínimo para leerlas”.

Otro de los problemas en casos de derechos humanos es que funcionarios comienzan a trabajar en ellos y, posteriormente, se vuelve a iniciar, ya que los encargados son removidos o abandonan el cargo, señala tras expresar su inconformidad por la salida del exfiscal Omar Gómez Trejo y el exsubsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas. 

Al recapitular el destello de las balas y su zigzagueo incontrolable en esa noche, Manuel Vázquez revive las horas más oscuras de su vida; aún lo persiguen y lo perseguirán toda su vida. Sin embargo, pese a esto, cuestiona el hecho de que se les continúe negando el reconocimiento como víctimas.

“Nos negaron incluso nuestro reconocimiento como víctimas, a muchos de nosotros  sólo nos tienen como testigos. O sea, no chinguen, nos intentaron matar; huimos a las balas; muchos compas nos dejaron someter para que la policía no se los llevara. Claro que son víctimas de intentos de asesinato y de desaparición forzada. Eso tiene que retomarlo la doctora Claudia Sheinbaum”.

–Entiendo lo complicado de la situación, ¿cree posible que me pudiera contar lo que vivió aquella noche del 26 de septiembre?

“Sí, mira, lo que pasó la noche de Iguala, todos los que sobrevivimos y los que la padecimos, creo que podemos describirla como la peor noche de nuestra vida. Estuvo en riesgo nuestra vida; los balazos; de ver cómo se llevaban a los compañeros; cómo quedaban nuestros compañeros asesinados ahí en la calle; nosotros sin poder hacer nada. A mí me tocó estar en la calle Juan N Álvarez durante la rueda de prensa, y luego cuando el Ejército mexicano nos encontró en la Clínica Cristina, donde habíamos pedido apoyo para uno de nuestros compañeros heridos. Y recuerdo cómo llegó a maltratarnos el Ejército.

Yo nunca voy a olvidar las palabras del Capitán Crespo que decía: ‘denme sus nombres reales, porque si me dan nombre falso nunca los van a encontrar’. O cuando ya se iba y que todavía se paró en la puerta y dijo: ‘ya nos vamos, pero ahorita les echamos a los municipales’. O sea, yo nunca voy a olvidar esas palabras, y por eso nunca voy a dejar de señalar que sí participó el Ejército, por lo menos fue muy omiso en lo que estaba pasando aquella noche, porque enterados de lo que estaba pasando, estaban.

Las mismas palabras de Crespo en esa clínica yo las recuerdo perfectamente, ‘esto les pasa por revoltosos’, ‘esto les pasa por tal’. Claro que nosotros entendimos en ese momento que ellos sí sabían”.

La investigación se estancó con fallo del IX Tribunal de Tamaulipas

Para el diputado Vázquez, otro problema de impunidad en el caso de los 43 de Ayotzinapa recae en el aparato de justicia, específicamente en el Poder Judicial de la Federación (PJF), que se ha encargado de liberar a personas implicadas en los hechos y, debido a estos fallos, ya no pueden ser juzgadas nuevamente.

Tal como es el reciente caso del exsargento Segundo de Infantería, Ezequiel Carrera Rifa, puesto en libertad por la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México.

En este desfile de impunidad, carpetas mal armadas y múltiples irregularidades del caso, el funcionario detalla las implicaciones que se han generado a partir de la “verdad histórica”.

“Tenemos que abordar el tema como lo expresó el presidente de la República en cuanto a la sentencia del IX Tribunal de Tamaulipas, que mucho festejamos. Festejó el Prodh [El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez], Tlachi [Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan] y yo mismo […]. El noveno Tribunal de Tamaulipas dijo que la verdad histórica era una farsa, y que se tenía que rehacer la investigación; palabras más, palabras menos. Pero a pesar de las buenas intenciones, ¿a qué dio lugar eso? Hablando jurídicamente, a que muchas carpetas de investigación perdieran validez. ¿Por qué? Porque se torturó a mucha gente, porque se tergiversaron muchas cosas. Muchos implicados pudieron ser responsables del caso. Aprovecharon inmediatamente esta sentencia y patitas para la calle, y no sólo para la calle, se fueron del país, o quién sabe qué pasó con ellos. ¿Los puede reaprender de nuevo? Difícilmente, porque no sabes dónde están en primer lugar”.

Finalmente, algunas personas fueron aprehendidas por otros delitos, como delincuencia organizada o tráfico de armas, pero no por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. “Entonces, eso nos salva, pero la gran pregunta es ¿dónde están? Ése es el gran problema”.

¿Dónde están los 43?

Poco después de que los padres comenzaron a buscar el paradero de sus hijos, asociaciones civiles se sumaron a su causa para exigir al Estado mexicano la resolución de esta grave violación de derechos humanos. Entre ellas, destacan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Centro Tlachi). Además de compartir esta lucha, ambas organizaciones han trabajado en diversas actividades, tanto en Guerrero como en otros estados de la República. Manuel Vázquez reconoce sus esfuerzos, pero no puede evitar cuestionarlas porque aún no se llega a conocer el paradero de los 43.

“Los centros de derechos humanos viven del financiamiento de organizaciones externas, de embajadas, de fundaciones, y cada año tienen que mandar proyectos para ver si se los financian algunas organizaciones o corporaciones o fundaciones; la USAID [Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional], la Ford o todas esas organizaciones ‘filantrópicas’. […] Entonces, yo no digo que el Centro de Derechos Humanos Prodh,Tlachinollan y demás, lo hagan con malas intenciones, […] pero claro que el caso emblemático les ha dado un estatus muy grande y que si no lo ponemos sobre la mesa, si tampoco lo cuestionamos con objetividad, si no hacemos preguntas, ahí va a estar 10 años, 20 años, 30 años, y aquí nos vamos a morir y al final de cuentas no vamos a llegar a ninguna parte. Pero eso sí, cada año les van a estar financiando sus proyectos a ellos”.

La lucha de Ayotzinapa se diversifica

Al intentar avanzar en esta pregunta, el legislador nos revela sus intenciones por continuar una lucha desde la Cámara de Diputados. Quizá, aún es algo pequeña, pero no deja de ser importante. “Como legislador, estoy solicitando a la Junta de Coordinación Política y al diputado coordinador Ricardo Monreal una sesión solemne por el caso Ayotzinapa. Y en esa sesión solemne, pretendo expresar estas faltas que tuvo el gobierno actual, y cómo creo que tienen que hacerse un poco las cosas también, ponerlas sobre la mesa”.

En reiteradas ocasiones, el legislador se ha pronunciado para que los centros de derechos humanos e instituciones como la UEILCA trabaje de manera conjunta con todas las partes: las familias de las víctimas, sobrevivientes, abogados; todos a quienes este crimen de Estado los marcó. “Separados no llegamos a ninguna parte. También podrán decir mil cosas de nosotros, podrá haber acusaciones. Hay egresados, sobrevivientes que ya les salieron pantalones hasta hoy, pero en aquel tiempo no pudieron decir nada”.

“Debemos saber que muchos compañeros sobrevivientes, a partir de ese momento, algunos tuvieron miedo de participar y de alzar la voz; otros no tuvieron miedo, y alzaron la voz. Yo no soy el único, hay muchos más compañeros sobrevivientes que, con el mismo valor, han dado su testimonio y han declarado. Y también, hay que verlos a ellos y sus familias: su situación actual, el lugar donde laboran, que muchas veces algunos de ellos ni siquiera pueden decirle a nadie que son sobrevivientes, porque imagínate trabajan en la Sierra de Guerrero o en otros lados, y ya sea por el estigma, ya sea porque que se nos odie o por cualquier cosa, pudieran decir o hacer cosas contra ellos”.

La pregunta sobre los 43 de Ayotzinapa sigue en el aire; se sumerge en cada rincón del mar y la tierra del país. Las voces de lucha sólo acrecientan las interrogantes de este caso. Hoy, 26 de septiembre de 2024 se cumple una década de la desaparición forzada de los jóvenes normalistas; jóvenes disidentes del gobierno de Enrique Peña Nieto; jóvenes que intentaron llegar a la capital para marchar por otra causa que, paradójicamente, resulta ser otra deuda histórica del país: la matanza de Tlatelolco realizada el 2 de octubre de 1968.

 

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