En un caso de secuestro y robo exprés, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) consiguió un fallo en el que se obliga a las instituciones bancarias a cerciorarse de la identidad del tarjetahabiente. El caso que acompañó es el de la periodista Paula Mónaco Felipe, quien sufrió un secuestro exprés en Tijuana, Baja California, a finales de 2018.

De acuerdo con el Instituto, la reportera cubría el éxodo de centroamericanos en busca del llamado “sueño americano”, cuando “varios hombres armados la llevaron a una casa de seguridad, le robaron equipo de trabajo y sus tarjetas bancarias. Le exigieron los números de NIP, realizaron compras y sacaron dinero en efectivo de cajeros automáticos”.

Tras el atraco, Paula Mónaco Felipe reclamó el reembolso de su dinero por más de medio año ante la institución bancaria –de la que no se reveló el nombre–, pero también en el Ministerio Público local, en comisiones de derechos humanos y en la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Sin embargo, nadie le ayudó.

Por ello, en junio de 2019 la víctima acudió al IFDP. Su caso lo atendió el asesor jurídico Francisco Garrido, quien promovió un juicio oral mercantil en la Ciudad de México, en el que se argumentó que “al momento de efectuar las compras, la periodista no otorgó su consentimiento. El argumento se sustentó en el análisis de la ejecutoria de la jurisprudencia por contradicción 16/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

En un comunicado, el Instituto expuso que, durante el proceso, “el banco sostuvo que no está obligado a cerciorarse de la identidad del tarjetahabiente sino de los establecimientos mercantiles donde se realizaron las transacciones”. Por eso, en la audiencia preliminar no hubo conciliación.

Ya para el 28 de septiembre, la jueza condenó al banco a reembolsarle el dinero por las disposiciones indebidas con intereses legales a la víctima. “En la sentencia, señaló que el banco no acreditó que la periodista hubiera dado su consentimiento para realizar las disposiciones. El juicio oral mercantil se llevó a cabo de forma virtual por la  pandemia y se resolvió en tan sólo dos semanas”.

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