La Paz, Bolivia. Al cumplirse este 10 de noviembre un trienio del golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente de Bolivia Evo Morales, los autores de aquella ruptura constitucional ejecutan otro plan desestabilizador del Proceso de Cambio.

El portavoz presidencial, Jorge Richter, denunció el 9 de noviembre que la retirada de los delegados del Comité Interinstitucional cruceño de la mesa técnica censal dio inicio a un plan para desencadenar la violencia en Bolivia.

Durante una conferencia de prensa en la cual se auxilió de videos y un gráfico con “la línea del tiempo”, apuntó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar.

Al referirse a la muerte del motociclista identificado como Eduardo Arancibia, degollado por un cable en un punto de bloqueo, y a ataques de paramilitares contra la localidad de Buenavista con petardos de alta potencia poco después de la retirada de los delegados cruceños de la mesa técnica, Richter recordó una advertencia pública de Calvo al presidente, Luis Arce.

“El único responsable de lo que pueda pasarle a Bolivia de hoy en adelante se llama Luis Arce Catacora”, amenazó el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz ante medios periodísticos. Añadió que se “sentarían con la Comisión Interinstitucional para tomar nuevas medidas”.

Camacho, en tanto, instó a “radicalizar” la presión “porque el gobierno no escucha absolutamente nada”.

Richter concatenó los acontecimientos de la noche del martes 8 de noviembre con un llamado a la toma de instituciones gubernamentales al siguiente día, cercos iniciados en la oficina territorial de Impuestos Nacionales y en la de la Aduana en Santa Cruz.

Mostró la “línea de tiempo” y consideró que el plan se inició con la retirada de la comisión técnica, en Trinidad, a las 20.30 hora local del martes, y a esa misma hora Calvo pronunció su advertencia al mandatario.

Señaló el portavoz que inmediatamente después un grupo de motociclistas partió hacia el poblado contrario al paro de Buena Vista, justamente el lugar donde se desató la violencia.

Recursos para financiar la logística delincuencial

“Hay recursos para financiar esta logística delincuencial. No es lo espontáneo de una medida pacífica”, razonó al advertir que la Policía, en cambio, no pudo llegar para preservar el orden porque cuando le avisaron ya existía un bloqueo en la localidad intermedia de Portachuelo.

En la misma secuencia temporal, recordó que a las 22:00 hora local Camacho anunció la radicalización de las protestas contra la realización del censo en 2024.

Media hora después, remarcó, el vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, advirtió en un video compartido en las redes sociales que “las medidas ahora se van a radicalizar y se van a profundizar (…) que empieza con la toma de instituciones”.

Richter informó que a la 01:00 del martes, miembros de la paramilitar Unión Juvenil Cruceñista iniciaron un ataque contra el barrio Plan Tres mil, el cual se prolongó por tres horas, hasta que efectivos policiales dispersaron a los agresores con gases lacrimógenos.

El vocero comentó que además de estos autores materiales de hechos violentos, los gestores intelectuales tendrán que asumir su responsabilidad por violar las normativas vigentes en el país.

Pese que a diferencia de 2019 los grupos de poder cruceños no lograron esta vez desencadenar un movimiento nacional y paralizar a todo el país por la movilización de los sectores populares, llamó la atención su rearticulación pública con aliados de La Paz, Tarija, Cochabamba y Potosí, implicados en el golpe que forzó la renuncia de Morales.

Sospechosas resultaron las reapariciones del expresidente boliviano y ultraconservador Jorge Tuto Quiroga en una visita a la casa del cívico Calvo, y del también exmandatario impulsor junto a Camacho en 2019 de la asonada golpista Carlos Mesa, en una conferencia de prensa en la cual planteó exigencias acerca del Censo de Población y Vivienda.

Las verdaderas intenciones de este plan salieron a la luz el 30 de septiembre último, con la intervención en el cabildo convocado por el Comité Cívico cruceño del abogado y exmilitar Jorge Santiesteban.

“Recuerden que ya los derrotamos y los vamos a volver a derrotar”, proclamó ante las cámaras de la televisión nacional en alusión al proyecto golpista que impuso a Jeanine Áñez al frente del gobierno de facto en 2019.

La analista política Susana Chacón denunció que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y 10 empresarios recurren al Censo de Población y Vivienda como un pretexto para alcanzar de manera inconstitucional el poder político como en 2019.

“No es menos cierto lo que se está ventilando en las redes, que existe un plan del señor Luis Fernando Camacho y de unos 10 empresarios que quieren la cabeza del presidente [Luis Arce], quieren tomar nuevamente el poder a la fuerza, eso es cierto. ¿Hay evidencia?

“¡Sí hay evidencia!”, afirmó.

Chacón declaró al sistema de medios estatales bolivianos que el afán desestabilizador es real y las pruebas están en manos de personas que sabrán cómo reaccionar en su momento.

Sostuvo que en política no existe coincidencia ni casualidades, y esas fuerzas radicales buscan siete objetivos que faciliten sus propósitos golpistas.

Enumeró entre ellos el Censo de Población y Vivienda y después el nuevo padrón electoral con el cual pretenden generar posteriormente la versión de un fraude, con los datos que publique el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Indicó la politóloga que el INE es la punta de lanza de todas las demás desestabilizaciones que vendrán con exigencias como la reforma a la justicia, los transgénicos, los avasallamientos de terrenos y el pacto fiscal.

Acciones desestabilizadoras en marcha

Instó a las autoridades a ser previsoras y actuar porque estas acciones desestabilizadoras ya están en marcha con vistas a los comicios generales de 2025.

“Están en una carrera electoral compitiendo por los nuevos liderazgos departamentales y aquí se juegan papeles muy importantes”, alertó Chacón.

De acuerdo con la analista, dos bandos pugnan por el control del Comité Cívico pro Santa Cruz, uno con Camacho a la cabeza y el otro con Fernando Larach al frente, ambos vinculados a logias de poder como Toborochi y los Caballeros de Santa Cruz, respectivamente.

Recordó Chacón que el Gobierno nacional convocó en reiteradas ocasiones al diálogo para resolver el tema del Censo de Población y Vivienda, sin embargo, pese a que las autoridades cedieron en varios temas, los cívicos no mostraron voluntad de llegar a una solución negociada.

Incluso, el titular del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, declaró a la cadena estadounidense CNN que después de la demanda del “Censo en 2023 sí o sí”, se pasará a la exigencia de la renuncia del mandatario Arce.

“Tenemos tres caudillos insensibles, no tienen olor a pueblo”, expresó la analista respecto a Camacho, Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.

“Santa Cruz está secuestrada y sufre un boicot económico de tres representantes de logias, quienes pugnan por el control del Comité pro Santa Cruz en las elecciones de 2023”, concluyó la politóloga.

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