Río de Janeiro, Brasil. El desarrollo de la energía eólica marina está entrando en un momento decisivo en América Latina, tras años de expectativas que han despertado esperanzas en esta fuente de energía. Sin embargo, aún no se han traducido en la puesta en funcionamiento de una sola turbina frente a las costas de la región.
de Brasil tenía previsto votar un marco regulador de la energía eólica marina, el cual será esencial para el avance del sector. Mientras, en Colombia, se esperan ofertas de empresas que quieran explorar su zona marítima, en septiembre.
Los expertos afirman que la expansión de la energía eólica marina podría contribuir a reducir el uso de combustibles fósiles e incluso impulsar el empleo y las economías locales. Para ello, será necesario tanto construir parques eólicos marinos como modernizar infraestructuras terrestres como los puertos.
En los países que están ampliando su sector eólico marino, las inversiones pueden ser “palancas de desarrollo económico e industrial enormes”, dijo a Dialogue Earth Ramón Fiestas, director para América Latina del Consejo Global de la Energía Eólica (GWEC por su sigla en inglés).
Sin embargo, el nivel de inversión que requiere el sector es elevado. Según un estudio de la consultora Centro Brasileño de Infraestructuras (CBIE), debido a esto, el costo por megavatio de la energía eólica marina puede ser tres veces más caro que el de las instalaciones eólicas terrestres. Si se tiene en cuenta la necesidad de nuevas líneas de transmisión submarinas, la cifra se multiplica por diez.
Además, los expertos afirman que faltan pruebas de relevancia local sobre los riesgos socioambientales de los parques eólicos marinos. “No existe ningún estudio sobre los impactos de estos proyectos en el hemisferio sur”, afirma Adryane Gorayeb, coordinadora del Observatorio de Energía Eólica de la Universidad Federal de Ceará, en el noreste de Brasil.
Gorayeb señala que los estudios sobre la costa latinoamericana son escasos, “tanto en términos geofísicos como biológicos, ecológicos y sociales”. Esto genera preocupación por los posibles impactos marinos del desarrollo de infraestructuras energéticas en alta mar.
En el mar, los vientos son más constantes e intensos que en tierra. Asimismo, la superficie es más amplia para los parques eólicos. Estas circunstancias ofrecen un mayor potencial de generación de energía. “Eso es algo enormemente valioso en el sistema eléctrico”, afirma Fiestas.
Brasil ya es el mayor productor de energía eólica terrestre de América Latina. De igual manera, tiene potencial técnico para generar más de 1 mil 200 gigavatios (GW) de energía eólica marina, también conocida como costa afuera o por el vocablo inglés offshore, según un informe del Banco Mundial publicado en julio. Esto representaría una gran expansión de la capacidad total instalada del país en las fuentes de electricidad, que superó los 200 GW.
De igual manera, el documento afirma que el sector podría generar 516 mil puestos de trabajo de aquí a 2050 y aportar al menos 168 millones de dólares a la economía brasileña.
El potencial eólico marino de Brasil es “vigoroso, consistente, geográficamente diverso y situado cerca de los centros de demanda”, según el informe. “La eólica marina podría ocupar un lugar destacado en la combinación energética a largo plazo del país”, añaden sus autores.
Esto ha atraído a muchos interesados. Hasta abril, se habían presentado 97 solicitudes de licencia para proyectos eólicos marinos ante Ibama, la agencia medioambiental del gobierno brasileño, que abrió un registro incluso antes de que se haya promulgado un marco regulador para el sector.
Según sus datos, la mayoría de los proyectos propuestos se sitúan en el estado más meridional de Brasil, Rio Grande do Sul (27) y en Ceará (25), en el noreste, a una distancia de entre 10 y 40 kilómetros de la costa. Se espera una capacidad instalada de 234 GW con los proyectos propuestos en el país.
Los datos de la agencia muestran que las solicitudes se han acelerado desde 2022, cuando se promulgó un decreto que regulaba la transferencia de zonas marinas del gobierno al sector. Sin embargo, el establecimiento del marco regulador sigue siendo un obstáculo clave.
“El primer paso es disponer de un marco jurídico. Sin él, no pasará nada, porque el mar es un bien federal”, afirma Elbia Gannoum, presidenta de la Asociación Brasileña de Energía Eólica (Abeeólica), que agrupa a más de 150 empresas activas en el sector.
El proyecto de ley de este marco iba a ser votado este mes de agosto por el Senado, aunque los impasses políticos están obstaculizando su avance. La Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso Nacional, lo aprobó en noviembre de 2023.
Gannoum calcula que, si se aprueba este año, permitiría subastar zonas en 2025, conceder licencias en 2028 y que las centrales eléctricas empezarán a funcionar entre 2031 y 2032.
Su aprobación es considerada prioritaria por el gobierno federal. También, forma parte de un paquete de medidas vinculadas a la transición energética; entre ellas, el marco jurídico del hidrógeno verde, el cual entró en vigor a principios de agosto.
“Brasil tiene un gran potencial para producir hidrógeno verde barato, y la energía eólica marina contribuirá significativamente a ello”, afirmó Gannoum. “Vemos esto como una oportunidad para industrializar la economía a partir de una matriz energética renovable”.
Con más de 3 mil kilómetros de costa, Colombia quiere acelerar su sector eólico marino desde 2022. Para ello, ha aprobado un plan de acción y una resolución que establece las directrices para las subastas.
A diferencia de Brasil, Colombia no pretende aprobar una ley específica para regular las empresas de energía eólica marina. En cambio, se basa en la normativa existente sobre generación de electricidad. Pero este vacío normativo podría presentar riesgos, agravados por una crisis institucional.
Las directrices legales dicen que el presidente del país tiene la responsabilidad de nombrar a seis expertos a tiempo completo para apoyar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pero este organismo pasó casi un año con sólo expertos provisionales en el cargo. Hoy, cuenta con un funcionario nombrado y tres que prestan servicio en calidad de temporales.
“Estos son proyectos [offshore] que son de largo plazo, entonces se requieren unas reglas claras que permitan a la gente hacer sus inversiones”, dijo Santiago Arango, investigador en energía y profesor de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín.
En octubre de 2023, el gobierno colombiano lanzó la primera subasta de América Latina para proyectos eólicos marinos, cuyo plazo se ha ampliado hasta este mes de septiembre.
Los interesados competirán por licencias temporales de ocho años para evaluar la viabilidad de las zonas marinas. Posteriormente, los contratos podrán convertirse en concesiones para construir y explotar parques eólicos marinos durante un máximo de 30 años, con una prórroga opcional de 15 años. Los ganadores deberán ser elegidos en agosto de 2025. Asimismo, se espera que las licencias se concedan en diciembre del mismo año.
Colombia tiene una capacidad total instalada de 20 GW en las fuentes de electricidad, con unos objetivos de capacidad eólica marina de siete GW para 2040, y 13 GW para 2050. Según el plan de acción, el potencial técnico de esta fuente de energía se sitúa entre 50 GW y 100 GW.
Sin embargo, no todos confían en este progreso. “Son unas metas supremamente ambiciosas”, afirma Arango, “dudo que se logren”.
Otros países latinoamericanos también están invirtiendo en el sector, pero de forma más incipiente. En marzo, el gobierno chileno anunció la elaboración de su plan de acción. Y, en agosto, un consorcio británico-chileno manifestó su interés por construir un parque eólico marino en el país. Uruguay, por su parte, lanzó un plan para el sector en 2022 y se espera que anuncie una convocatoria de inversores a finales de este año.
A pesar de las grandes ambiciones y expectativas del sector eólico marino, Adryane Gorayeb y otros expertos advierten que si se apresuran los estudios para acelerar la instalación de proyectos, esto podría destruir los ecosistemas marinos. Al final, la pesca, el turismo y la navegación serían perjudicados.
Gorayeb cita las posibles repercusiones en la biodiversidad marina y las corrientes oceánicas de la construcción y el funcionamiento de las empresas eólicas marinas. De igual manera, hay que tener en cuenta las posibles repercusiones ambientales a lo largo de la cadena de suministro, por ejemplo, en la extracción de madera para la construcción de turbinas.
La instalación de las turbinas podría preocupar a las poblaciones costeras, añadió Gorayeb. “Las comunidades empiezan a temer los cambios que estos proyectos podrían traer a su territorio, como la especulación inmobiliaria y el aumento de los precios”.
En Colombia, la Alta Guajira está perjudicada. Dicha región septentrional ha estado en el punto de mira del sector eólico y el gobierno la ha considerado el “epicentro” de la transición energética del país, pero también alberga a muchas comunidades indígenas.
“Es importante llevar a cabo una buena gestión social de estos proyectos, más allá de las consultas previas que exige la ley”, dijo Santiago Arango.
Con respecto a estas preocupaciones en Brasil, Elbia Gannoum, de Abeeólica, sugirió que el proceso de concesión de licencias será suficiente para evitar cualquier impacto perjudicial.
“Una vez que el titular tenga el título, realizará los estudios necesarios y, basándose en ellos, solicitará la autorización del Ibama”, dijo. “Los estudios incluyen la evaluación de la población marina, las actividades de los pescadores y los impactos del petróleo”.
Ramón Fiestas, de GWEC, afirmó que hay mucha experiencia acumulada en torno a la tecnología offshore, y las mejores prácticas internacionales la avalan.
“Entre las comunidades de pescadores y los desarrolladores de proyectos se generan normalmente unos vínculos donde los problemas se resuelven; generalmente, habilitando zonas de pesca que son compatibles con la existencia de los aerogeneradores”, indicó.
Sin embargo, el historial hasta la fecha de los parques eólicos terrestres en América Latina, incluidos Brasil, Colombia y México, sugiere que la concesión de licencias y la experiencia acumulada no siempre han sido suficientes para evitar impactos perjudiciales sobre la biodiversidad y las comunidades en determinados casos.
Otra fuente de incertidumbre que rodea la entrada de los países latinoamericanos en el sector eólico marino, señalada por los expertos, es la capacidad actual para integrar las instalaciones en sus sistemas energéticos.
Según Fiestas, hasta que no se disponga de infraestructuras maduras, la eólica marina requiere la construcción a gran escala, normalmente de parques con una capacidad instalada superior a 500 MW. “En esa escala es donde se pueden encontrar sinergias y economías de escala, fundamentalmente en costos, y también racionalizar la cadena de suministro”.
Sin embargo, esta escala sería más difícil de alcanzar en los países pequeños de la región, donde cada proyecto puede aumentar su capacidad de generación de electricidad.
Fiestas citó el ejemplo de Uruguay, donde la capacidad instalada de las fuentes de electricidad era de 5.3 GW en 2022. Desarrollar un proyecto de 1 GW representaría alrededor del 20 por ciento de su sistema eléctrico. “En un país pequeño como Uruguay, un gran proyecto de energía eólica marina puede representar un enorme desafío tecnológico”, añadió.
Por último, hay impasses políticos. La energía eólica marina es resistida por sectores vinculados a los combustibles fósiles. En Brasil, cuando el proyecto de ley sobre el sector pasó por la Cámara Baja del Congreso, incluía incentivos para beneficiar a las centrales termoeléctricas; una inclusión que paralizó la votación, la cual aún no se ha acordado.
La resistencia de estos sectores y la preferencia por opciones de producción de energía más baratas y familiares podría repetirse en otros países. En marzo, durante una sequía provocada por el fenómeno de El Niño, Colombia maximizó la producción de sus centrales termoeléctricas.
A pesar de los discursos a favor de la transición energética, los gobiernos pueden mostrarse reticentes ante las elevadas inversiones y el riesgo de apagones que a menudo afectan a países de la región, como Venezuela, Chile y Ecuador.
“Muchas veces, los gobiernos tienen un discurso en una línea, pero a la hora de la verdad necesitan garantizar la seguridad”, dijo Santiago Arango. “Ningún gobierno quiere pagar el coste político de tener un país apagado. Entonces, puede haber conflicto con el papel predominante de los combustibles fósiles”.
Este artículo se publicó originalmente en Dialogue Earth.
André Duchiade/Inter Press Service (IPS)*
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