Al rendir su informe quincenal de los resultados en materia de seguridad pública, el subsecretario Luis Rodríguez Bucio exhibió ocho casos de jueces que beneficiaron a presuntos delincuentes, incluido el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y del exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler.

Respecto del asunto del exgobernador de Tamaulipas, el subsecretario de Seguridad Pública explicó esta mañana que Francisco Javier “N” se inconformó –mediante juicio de amparo– por el retiro de sus escoltas. “Aquí, el juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo a Francisco Javier ‘N’, para que los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas le sean resignados al quejoso”. A ese juzgador lo calificó incluso de ser de consigna, por también haber favorecido en ocasiones anteriores al exgobernador panista.

En la conferencia presidencial, el funcionario federal acusó que dicho juzgador utilizó frases como: “por necesidades del servicio”, para intentar “justificar” su decisión; además de que afirmó que se debe “tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario público”, [a pesar de que Cabeza de Vaca ya no es gobernador].

Rodríguez Bucio expuso que “el juez Gutiérrez Pérez, también en octubre de 2022, le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada; así como un amparo, en este año, en febrero, el cual ya fue revocado por el Primer Tribunal Colegiado del Estado de Tamaulipas. Pareciera que el juez Gutiérrez Pérez actuara como juez de consigna en los asuntos que lleva el exgobernador tamaulipeco”.

Respecto del caso del exfiscal general de Veracruz, Jorge “N” [Winckler], quien está acusado de secuestro y desaparición forzada, indicó que fue favorecido por “el secretario encargado del despacho del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Veracruz, Andrés Rossell Martínez”. Indicó que éste secretario en funciones de juez le otorgó a Winckler una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa.

Para el subsecretario, el criterio de Rosell Martínez es contrario a los tratados internacionales [en materia de violaciones graves a derechos humanos]. Secretario en funciones de juez “ordenó que se le otorgue a las partes la oportunidad de evaluar la imposición de otra u otras medidas cautelares previstas en la ley”.

Al denunciar este asunto, Rodríguez Bucio añadió: “el encargado del despacho, Rossell Martínez, de esta forma intentó liberar a Jorge ‘N’, a pesar de que los delitos por los que se le investiga son graves. Sin embargo, el juez de Control que lleva el proceso penal impuso prisión preventiva justificada”.

Los otros seis casos

Un tercer caso que citó el subsecretario es el del juez de Control en Guanajuato, José de Jesús Rodríguez Hernández: “de 118 resoluciones, en 52 ha considerado ilegal la detención; en 59 no vinculó a proceso, y emitió siete sentencias absolutorias. Este juez exoneró a una empresa recicladora de diversos materiales de la obligación de pagar más de 1 mil 500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública. El SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación, en su momento, acreditaron el uso de empresas fachada para facturar servicios inexistentes. El 29 de agosto, este juez dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal a esta empresa. Cuenta también con dos quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal”.

Asimismo, expuso a la jueza de Control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez: “de 23 resoluciones, en cuatro ha declarado ilegal la detención; en 13 no vincular a proceso, y ha emitido seis sentencias absolutorias. En sus resoluciones, principalmente, ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ya que en procedimientos abreviados, ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados”.

Como ejemplos de las resoluciones de la juzgadora, indicó: “tenemos un caso en el que dos personas que habían aceptado penas de prisión de 7 años 6 meses, y 8 años 7 meses, la jueza al dictar sentencia les impuso 5 años y 4 años de prisión, respectivamente. Esta resolución contraria a la ley fue impugnada y revocada por el tribunal de alzada”.

Y añadió que uno de los antecedentes del actuar de la jueza Álvarez Rodríguez “es el caso de la desaparición forzada de José Francisco “N”, era un recolector de basura en Aguascalientes. Fue detenido en diciembre de 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco; caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los cuatro presuntos responsables de este delito. El 17 de agosto de este año, la jueza se excusó del caso.

Un quinto ejemplo de cómo actúan los integrantes del Poder Judicial es el de la jueza de Control de Hidalgo, Zoila Rosa Cárdenas Bahena. De ésta, el subsecretario señaló: “de 43 resoluciones, en 21 ha considerado ilegal la detención; en 17 declaró no vinculación a proceso, y ha emitido cinco sentencias absolutorias. En general, las resoluciones de los casos que se le turnan, en lugar de fundar y motivar legalmente, descalifica la labor de los policías y argumenta que éstos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas. En un caso, indebidamente calificó de ilegal la detención de una persona, que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISSSTE. Cuenta con una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal”.

El sexto asunto que denunció Rodríguez Bucio corresponde al juez de control en Puebla, Milton Moctezuma Vega: “de 19 resoluciones, en tres ha decretado ilegal la detención; en 13 no vinculación a proceso, y ha emitido tres sentencias absolutorias. Tenemos un caso: emitió una sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de expolicías federales, señalando que no se acreditó que los tres acusados hayan disparado con la intención de matar a los policías, puesto que los proyectiles impactaron en la patrulla, por lo que solamente se acreditaron los daños ocasionados al vehículo.

Otro juez que habría cometido arbitrariedades es el de control en Veracruz, Gustavo Stivalet Sedas: “de 27 resoluciones, en cinco ha decretado ilegal detención; en 20 no vinculación a proceso, y ha emitido dos sentencias absolutorias. Este juez ha dictado diversas resoluciones adversas, sobre todo en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes, sin tener un criterio homologado. En algunos casos ha considerado que no se acredita la conducta lucrativa por no asegurarse en numerario, y en otros casos en que sí existe aseguramiento de dinero, señala que esto no es suficiente”.

Finalmente, el octavo caso que citó Rodríguez Bucio es el relacionado con el retorno del pederasta Jean Touma “N” a Cancún, Quintana Roo. El sujeto, expuso, está sentenciado a 94 años de prisión por delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. “Aquí, el magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, Carlos Alejandro Lima Carvajal, revocó la orden de traslado de Jean Touma ‘N’ del Centro Penitenciario de Benito Juárez, al Cefereso número 15 en Chiapas. Calificó de ilegal dicho traslado y ordenó regresarlo al penal en Benito Juárez, Quintana Roo”.

El subsecretario denunció que Jean Touma “N” encabezó una red de trata y pornografía infantil en esa entidad federativa, en la década de 1990 y en 2000, y que en 2011 fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México. “Su traslado al penal federal se debió a que Jaen Touma es considerada una persona que pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario local, derivado de su conducta al interior del mismo, lo cual fue soslayado por el magistrado Lima Carvajal”.

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