Con el fin de garantizar atención médica con pertinencia lingüística y cultural, se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar la fracción I del Artículo 6 de la Ley General de Salud, a fin de que el Sistema Nacional de Salud cuente con intérpretes o traductores en lenguas indígenas nacionales.
La propuesta busca fortalecer la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, particularmente de los pueblos y de las comunidades indígenas y afromexicanas que enfrentan barreras lingüísticas al momento de recibir atención médica, lo que las imposibilita de acceder a servicios de salud, entre muchos otros.
De acuerdo con la diputada Alejandra del Valle Ramírez, integrante del grupo parlamentario de Morena e impulsora de la iniciativa, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y también de progresividad. Además de que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos.
En ese contexto, la iniciativa parte del reconocimiento de la población indígena y afromexicana en el país, quienes aún enfrentan dificultades para comunicarse en español debido a condiciones históricas de desigualdad, limitaciones en el acceso a la educación y a la lejanía geográfica de sus comunidades con las zonas urbanas. Esto, señala el documento, se puede traducir en diagnósticos erróneos, tratamientos incomprendidos o, incluso, en la negación del servicio médico.
Por lo anterior, en los considerandos de la propuesta, turnada a la Comisión de Salud, se pone de manifiesto la necesidad de facilitar la comunicación eficiente del lenguaje entre servidores públicos de la salud y de las personas integrantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes en territorio nacional.
“Sabemos, que gran parte de las comunidades indígenas, incluso en el año 2026, siguen sufriendo discriminación, principalmente cuando acuden a instituciones de gobierno o espacios de impartición de justicia, la razón de la discriminación se da por no entender el castellano. Esta reforma tiene como origen, la intención de facilitar la comunicación efectiva del lenguaje entre personas que hablan castellano y personas de las comunidades indígenas”, expone el documento.
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