La operación de Estado para encubrir a los familiares de la exprimera dama, Margarita Zavala, no sólo sirvió para que sus allegados no fueran investigados o sancionados. También, para que no creciera la crisis de legitimidad en la que vivía el entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, señalado del fraude electoral del 2006, señala Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

La orden de sabotear las investigaciones sobre lo ocurrido en la Guardería ABC no sólo sirvió para proteger a los familiares de Margarita Zavala. Felipe Calderón buscó también salvar a su gobierno que vivía una profunda crisis de legitimidad con un país sumido en la violencia, explica Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes. El político panista, quien se hizo del poder mediante un fraude electoral, privilegió la precaria estabilidad de su gobierno sobre la vida y la justicia de decenas de familias.

Como se recordará, la semana pasada el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, acusó a Felipe Calderón de haberlo presionado para que modificara su proyecto sobre lo ocurrido en la guardería ABC, en donde murieron 49 niños en un incendio en, Hermosillo Sonora. El entonces titular del Poder Ejecutivo buscó, y consiguió, que su esposa Margarita Zavala y su familia no se vieran involucradas.

Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señala que estas revelaciones evidencian la necesidad de fortalecer al Estado mexicano y la independencia de los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, que no sólo se protegieron los intereses de la exprimera dama, sino contuvieron la escalada que había en la crisis de legitimidad del panista, señalado de fraude electoral en 2006.

El defensor de derechos humanos, de la infancia y poblaciones callejeras, hace énfasis en que cuando está autonomía o separación de los poderes se pierde, se pierde la democracia y, en este caso, el acceso a la justicia de las familias, los niños que han sido víctimas de un homicidio, de una muerte de carácter institucional en la guardería ABC, que tienen derecho a la justicia y a la verdad.

Pérez García señala que la declaración, 13 años después, ya no tiene un valor legal. Sin embargo, abonan al derecho la verdad. Además, viene un elemento más,  el derecho a la reparación del daño integral con varios criterios: acceso a la justicia, que no se ha logrado todavía; una reparación económica y “lo que significaría el poder ofrecer disculpas públicas, generar acciones de Estado para garantizar la no repetición”.

El experto lamenta que no se ha tenido nada de esto porque en el caso de la guardería ABC hubo una operación de Estado “para poder encubrir y no solamente encubrir a familiares de la señora Margarita Zavala, presuntamente; creo que era más bien una idea de contener desde el Estado, en aquel momento gobernado por el panista Felipe Calderón, las crisis que ya tenía. Recordemos que Calderón llega con una crisis de legitimidad muy grande, militariza la seguridad pública que, aunque no es un tema vinculado con esto, hay que contemplarlo como de estas medidas que tomaron para controlar esta crisis de legitimidad y, obviamente, un caso tan grave como 49 niños que mueren con vínculos hacia la esposa del presidente se les podría escalar.

“Margarita Zavala, actualmente diputada federal, tiene responsabilidad en la historia de este país. Es parte de la militarización, de todas esas decisiones que se dieron, pero hay que recordar que no era la jefa de Estado; el jefe de Estado, el que tomaba las decisiones era Felipe Calderón”, enfatiza.

Para el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, hay que tener mucho cuidado de no focalizar el tema con Margarita Zavala, no porque no sea corresponsable, sino porque el que tenía el mandato legal era Felipe Calderón y, “en esta cultura patriarcal, machista que tenemos, nos estamos concentrando, focalizando, en la señora Margarita, que tendrá parte de responsabilidad, pero es un asunto de Estado”.

Prescripción de delitos

A 13 años de distancia, expone el experto y defensor de los derechos de la infancia, los delitos que pudieran haberse imputado como: obstrucción de la justicia, tráfico de influencias, o alguna cosa parecida, ya prescribieron, no hay posibilidad de que esto se pueda hacer.

El gran problema que tenemos en materia de derechos humanos es que no tenemos una legislación que nos permita exigir que no sean prescritos los delitos. Bajo una interpretación del Artículo primero constitucional, debemos exigir una investigación. “Lamentablemente, sabemos el resultado: ni la Fiscalía General de la República va a investigarlo ahora porque tampoco ha avanzado en la investigación de los responsables y, particularmente, lo que las familias han estado reclamando es la cadena de responsabilidad en torno a este incendio. Se ha detenido en Sonora a algunas personas, de rango menor, pero no se ha tocado a nadie de alto perfil. Lo más que se ha alcanzado es a algunos funcionarios del IMSS y gente de protección civil de Hermosillo”.

—¿Alguna autoridad podría atraer el caso?

—Uno de los elementos del caso de la guardería ABC es que lo que menos ha existido de parte del Estado mexicano, sin importar el presidente en turno ha sido voluntad política y esto en este país marca el acceso a la justicia. Si tenemos a un presidente que como jefe de Estado generó y tuvo obstrucción a la justicia; el siguiente presidente que fue Peña Nieto, tampoco tuvo mayor empacho en investigar; se avanzó un poco más en la reparación del daño, en las investigaciones, pero los pactos de impunidad en los altos niveles del poder son muy evidentes.

Estos son los mecanismos que tiene este sistema de corrupción muy atrapado, muy colocado, sin importar el cambio de gobierno. Ojalá en otro sexenio tengamos oportunidad de desmontar esa estructura de corrupción y de impunidad de alto nivel, pero por ahora, está bastante vida.

—¿Los padres tendrían la oportunidad de hacer algo con estas declaraciones?

—Seguir exigiendo el derecho a la verdad. Recordemos que este caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estos elementos abonan y en caso de que la CIDH decida llevar esto a la Corte Interamericana; ahí puede tener otro elemento para dar contexto a los jueces a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en caso de que llegara ahí. Por ahora está bajo proceso y tratamiento de la Coidh y sin duda este tipo de información es de utilidad. En términos concretos, en nuestro marco normativo actual, hay poco qué hacer. En términos de voluntad política, también.

—¿Qué significaría que el caso llegara ante la Corte Interamericana?

—Esta Corte tiene otros componentes y herramientas jurídicas que sí podría tener una sanción al Estado mexicano y que esto configuren que la Corte pueda insistir como la separación de poderes, sanciones específicas, reformas a la Ley. Ojalá y llegáramos sin que fuera pedido por la Corte, por voluntad de este momento histórico y en memoria de los niños de la guardería ABC, que se puedan modificar leyes para evitar la prescripción de delitos tan graves como estos porque claramente son delitos que se van a ir destapando con el paso del tiempo. Muchos de los delitos que los niños viven no se dan en el momento, sino hasta que ya alcanzaron la mayoría de edad o hasta que las condiciones de presión política de los actores o de los que pueden ser informantes tienen condiciones para hacerlo.

—¿Los padres tendrían oportunidad de que se acelere este proceso?

—Lo están haciendo, pero tenemos dos problemas centrales: los padres de los niños que fallecieron en la guardería ABC están fragmentados. Hay, al menos, tres grandes grupos o liderazgos que tienen visiones completamente distintas de cómo están atendiendo el acceso a la justicia, a la verdad y demás. Uno de ellos, abocado a una visión de política pública, marcos normativos, exigencias en términos de la actuación de las autoridades. Otro, ha estado mucho más exigiendo en la persecución de las personas vinculadas, tratando de hacer visible la cadena de responsabilidad. El último, tristemente mayoritario, que han decidido buscar la reparación del daño, específicamente en sus casos, vidas, hijos e hijas sin meterse en dinámicas de incidencia o de exigibilidad.

“Esta garantía de impunidad a los altos funcionarios del Estado mexicano no cambia con las administraciones y, esto, por supuesto las víctimas lo viven, lo sufren y les lleva a seleccionar sus batallas. Aun el camino para lograr el acceso a la justicia es muy largo, algunos se han dedicado a reparación de sus hijos, porque recordemos que no sólo es el impacto a quien murió sino a la familia.

“Es tan complejo que la voz de las víctimas, entendiendo que son diversas, y que tienen miradas distintas tendría que ser lo que guíe la acción del Estado, pero también de quienes acompañamos a las víctimas.”

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