Cártel Jalisco Nueva Generación, el más beneficiado por el Poder Judicial Federal

Jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación han beneficiado con liberaciones y diversos amparos –por ejemplo, para evitar extradiciones a Estados Unidos– a integrantes del crimen organizado. Una revisión elaborada por Contralínea arroja que, entre 2022 y lo que va de 2024, el grupo más favorecido es el Cártel Jalisco Nueva Generación, del que incluso el segundo al mando fue puesto en libertad. Por ejemplo, se les dictó libertad a dos hermanos del líder del CJNG, apodado Mencho: Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana– Oseguera Cervantes. A la lista se suman: Erick Valencia Salazar, cofundador del cártel; Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o R1; así como el exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esa organización. El Cártel de Sinaloa figura como el segundo más favorecido, y otras agrupaciones –como el Cártel del Golfo, Cártel Santa Rosa de Lima, Guardia Guerrerense– también recibieron beneficios de este tipo

Presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación –algunos de muy alta jerarquía e identificados como generadores de violencia extrema– figuran como los más favorecidos por el Poder Judicial de la Federación. Jueces y magistrados ordenaron la libertad, por ejemplo, de dos hermanos de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del CJNG: se trata de Abraham –Don Rodo– y Antonio –Tony Montana, quien aún enfrenta prisión por otros delitos–. Además, fallaron para que Erick Valencia Salazar, cofundador de la organización, abandonara la prisión. Lo mismo ocurrió con Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o  R1; así como el caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez, destituido por presuntamente mantener nexos con esta organización.

En segundo lugar, figura el Cártel de Sinaloa, con los casos de Héctor Palma –el Güero Palma–, uno de sus fundadores; Néstor Isidro, el Nini, jefe de sicarios de los Chapitos; Kevin Daniel Castro Beltrán, presuntamente relacionado con el Nini; y Leticia Rodríguez Lara, exintegrante de la Policía Judicial Federal, de la antigua PGR.

Entre los casos relevantes relacionados con grupos delictivos también sobresalen sentencias o resoluciones de jueces y magistrados a favor el de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara; Luis Antonio Yépez, el Monedas, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, y de ese mismo grupo: Fernando Emanuel Juárez, el Panther, Giovanni ‘N’ y Cristian ‘N’; estos dos últimos, supuestos cómplices del Monedas.

También están los casos de Vicente Carrillo Fuentes, hermano de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos; Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán, presunto líder del grupo Guardia Guerrerense; Mario Alberto Cárdenas, el Betito, del Cártel del Golfo; el presunto narcomenudista Guadalupe Israel, el Choncho, quien opera en Guanajuato y ha sido detenido y liberado 16 veces entre 2022 y 2024; Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, de Los Mazatlecos.

Así, el Poder Judicial de la Federación mantiene una deuda con las víctimas de la violencia: en vez de procurar justicia, jueces y magistrados otorgan beneficios procesales a presuntos delincuentes, relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada, lo que deja una escena de impunidad generalizada.

Y aunque en el contexto de la reforma al Poder Judicial de la Federación, grupos opositores y la agencia antidrogas estadunidense DEA afirman que uno de los riesgos del voto popular es que el crimen organizado podría postular narcocandidatos, la realidad es que jueces y magistrados llevan años dictando sentencias para favorecer a presuntos narcotraficantes. Más aún, algunos juzgadores han sido acusados de mantener supuestos nexos con los cárteles, como se ha revelado cada 15 días en el informe Cero Impunidad, elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Pública.

Los beneficios del Poder Judicial a los cárteles del narcotráfico también contrastan con el llamado que hizo la ministra presidenta Norma Piña, de que la reforma ponga en el centro a las víctimas, pues hasta ahora algunos de sus subordinados –jueces y magistrados– siguen liberando a generadores de violencia extrema.

Beneficios al Cártel Jalisco Nueva Generación

El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado por las autoridades como uno de los más violentos y peligrosos en la actualidad. Tiene su centro de operaciones en Jalisco y mantiene presencia en 28 de las 32 entidades del país, con excepción del triángulo dorado. A este grupo se le atribuyen diversos hechos violentos, como el secuestro de jóvenes para obligarlos a unirse a sus filas, o el asesinato de ocho trabajadores de un call center en mayo de 2023.

-Caso Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo. Reportes de inteligencia citados por el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, el hermano del líder del CJNG es uno de los principales operadores logísticos de esa organización criminal. A pesar de ello, el juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal del Estado de México –con sede en el penal de Almoloya de Juárez–, Rogelio León Díaz Villarreal, falló por la no vinculación a proceso del presunto integrante del CJNG, detenido por la Guardia Nacional la madrugada del domingo 21 de abril durante un operativo.

Así, por órdenes del juez fue liberado una semana después de su detención, tras una audiencia realizada el día sábado 27 de abril, que se prolongó hasta la madrugada del domingo 28. El juez consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a las 3:48 de la madrugada portando armas y con la cantidad de 2 mil 11 pastillas de fentanilo y 38 gramos de cocaína, porque si se tratara de una persona que se dedicara a la venta de estupefacientes los tendría al interior de su casa y no en el cuerpo.

Además, consideró que Abraham Oseguera no estaba en condiciones óptimas de salud para cargar un arma larga, con base en la opinión de un médico que ofreció el detenido; es decir, no se recurrió a un dictamen pericial. En la audiencia, el agente del Ministerio Público cuestionó al médico, quien aceptó que su cliente sí podía cargar hasta cinco kilogramos de peso.

Sin embargo, el juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el informe policial y los videos aportados por la defensa. En los videos, según la percepción del juzgador, no se advierte que el detenido haya podido correr hacia su domicilio por temas físicos y de salud, tampoco se le observó armado pero sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de la casa.

De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, dichos videos fueron aceptados como válidos sin tomar en cuenta la opinión del perito en informática, quien estableció que éstos podían haber sido alterados o editados, al no contener el código que revelaría si fueron o no manipulados previamente.

-Caso Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana. Otro de los hermanos de Nemesio Oseguera, el Mencho, fue aprehendido en diciembre de 2022 en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Fue vinculado a proceso por la portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El 29 de marzo de 2023, la jueza Abigail Ocampo Álvarez le otorgó un amparo para dejar insubsistente la vinculación a proceso por delitos contra la salud, acopio de armas, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Con ello, ordenó al juez de control reponer el procedimiento en su contra.

La jueza argumentó que la cantidad de cocaína que poseía el imputado no acreditaba que pretendía venderla, pues no se encontró una báscula o dinero en el lugar. En cuanto al acopio de armas, la juzgadora señaló que sólo se acreditó la existencia de cinco, y no más de cinco como lo había referido la Fiscalía. Además, argumentó que tampoco se acreditó que la posesión del armamento tuviera fines ilícitos.

-Caso Erick Valencia Salazar, alias el 85. Reconocido en reportes de inteligencia como el cofundador del CJNG, fue detenido en 2012, luego de mantener un enfrentamiento armado con miembros del Ejército que culminó con ataques a la población civil. A pesar de esta situación, fue puesto en libertad en diciembre de 2017, luego de que el juez federal de Guadalajara, Alejandro Castro Peña, determinó que hubo violaciones a su debido proceso y que no había pruebas suficientes en su contra. Su liberación se hizo pública hasta mediados de enero de 2018, porque ocurrió en periodo vacacional, lo que le impidió al gobierno federal impugnar la decisión del juez.

Fue recapturado en 2022 y también fue requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por tráfico de drogas entre 2003 y 2008; pero el 12 de septiembre de 2023, el juez Alfonso Alexander López Moreno otorgó una suspensión definitiva en favor de Erick Valencia para que no se ejecutara el acuerdo de extradición emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, hasta en tanto se resolviera el amparo promovido por el detenido. Por esta resolución, su proceso se alargó hasta que el 27 de febrero. El gobierno federal presionó el dictamen judicial hasta que se le negó el recurso de amparo contra la extradición en febrero de 2024.  A la fecha no ha sido extraditado.

-Caso Ramón Álvarez Ayala, el Moncho o el R1. Es identificado como presunto lugarteniente de Los Valencia, del CJNG, y segundo al mando dentro de la organización liderada por el Mencho. Mediante un auto con fecha 18 de noviembre de 2022, el juez Julio César Moreno Fierros, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Sonora, en su calidad de juez exhortado, y en cumplimiento a la sentencia absolutoria decretada por la jueza Primera de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, solicitó al Cefereso número 11 en Sonora ponerlo en inmediata libertad.

Su detención se dio en 2012 y sobre él pesaban cinco procesos judiciales, los cuales fueron cayendo hasta llegar a este último donde se ordenó su liberación. Todas las resoluciones judiciales tuvieron una constante: hubo desvanecimiento de pruebas, no comparecieron testigos y, a criterio de los jueces, no habían elementos suficientes para acreditar responsabilidad alguna. Además de que la última decisión de liberarlo se dio la madrugada de un sábado, para no llamar la atención y que la FGR no apelara el fallo.

-Caso del exmagistrado Isidro Avelar Gutiérrez. En una sesión privada celebrada el 20 de febrero de 2023, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del magistrado, tras ser señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta determinación fue tomada tras resolver un recurso de revisión administrativa. Dicho juzgador figuraba en lo más alto del organigrama de la estructura jerárquica del CJNG.

En 2016, como magistrado del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito, con sede en Guadalajara, Jalisco, Isidro Avelar exoneró de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, a Nemesio Oseguera González, el Menchito, hijo del líder del CJNG y quien fue extraditado a Estados Unidos.

En 2017, el Departamento de Justicia del Tesoro de Estados Unidos lo señaló por favorecer al grupo delictivo y fungir como su operador financiero. Aunque no se le acusó por delincuencia organizada –pues no se pudo comprobar que hubiera recibido dinero del Mencho–, sí se le acusó de enriquecimiento ilícito, porque habría recibido más de 12 millones de pesos sin poder justificar su procedencia. En julio de 2023 el juez Daniel Ramírez Peña lo absolvió del proceso, debido a que determinó que “fue poco ético, pero no ilegal” el enriquecimiento ilícito del exmagistrado vinculado al CJNG.

Beneficios al Cártel de Sinaloa

El Cártel de Sinaloa tiene su mayor influencia en Sinaloa, Durango y Chihuahua (región conocida como el triángulo dorado). Además, se tiene información de su presencia en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Este grupo es responsable del Culiacanazo o jueves negro: una serie de enfrentamientos armados entre elementos de las Fuerzas Armadas y miembros de la facción de los Chapitos, con el objetivo de liberar a Ovidio Guzmán, alias el Ratón, ocurridos el 17 de octubre de 2019.

-Caso Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma. Fundador y uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa –junto a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo–, fue detenido en mayo de 1995, acusado de los delitos de homicidio, narcotráfico y asociación delictuosa. El 3 de mayo de 2023, el gobierno federal dio a conocer que el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, notificó en la madrugada del sábado 1 de mayo –día festivo y de descanso obligatorio en México– a la dirección del penal de máxima seguridad Altiplano, la resolución de absolución a Héctor Luis Palma Salazar, por el delito de delincuencia organizada, presentada por el Ministerio Público de la Federación, en la causa penal 6/2018-IX. El capo fue reaprehendido al salir de prisión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó dicha liberación como un sabadazo, práctica que consiste en liberar a los presuntos delincuentes en fin de semana, lo que complica a los directores de los reclusorios indagar si existen órdenes de aprehensión vigentes en otros estados.

Para el 17 de mayo de 2023, Cecilia Crockman Flores –encargada del despacho del Juzgado de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, con sede en Iguala, Guerrero– decretó auto de libertad de la acción penal por el delito de homicidio calificado, cometido en agravio de nueve personas ordenando su liberación en un plazo de tres horas.

El 27 de febrero de 2024, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco, Conrado Alcalá Romo; otorgó un amparo que dejó insubsistente la orden de aprehensión en contra del Güero Palma por el proceso de homicidio en agravio de Juan Castillo Alonso,  subdirector del penal de Puente Grande, Jalisco; cometido en 2000.

-Caso Néstor Isidro, el Nini. El mismo día de su detención (22 de noviembre de 2023) y de manera inmediata, la jueza María de los Ángeles Sánchez Cisneros otorgó una suspensión de plano a favor del presunto integrante del Cártel de Sinaloa, para evitar que fuera extraditado a Estados Unidos. El quejoso había manifestado en su amparo que fue víctima de actos de tortura e incomunicación; sin embargo, el 23 de noviembre de 2023, el actuario del juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones y no había sufrido de malos tratos.

-Caso Kevin Daniel Castro Beltrán. Dos días después del arresto del Nini, fue detenido Kevin Daniel por elementos de la FGR y miembros de la Sedena tras un cateo realizado el 23 de noviembre de 2023, en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Montecarlo –en Culiacán, Sinaloa–, donde al detenido le aseguraron más de 6 mil tabletas de fentanilo, otras drogas y armas de distintos calibres.

Una semana después de su arresto, el juez Alberto Díaz Cruz decidió no vincularlo a proceso. Su dictamen se basó en un video que presentó la defensa de Kevin Daniel, en el que se observa que al domicilio ingresaron 21 elementos y no sólo los nueve que firmaron el acta de cateo; por lo que, a consideración del juzgador, “no hay certeza de quiénes y cuántos servidores públicos intervinieron en la diligencia”.

De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, el juez “confundió” a los elementos que brindaban únicamente seguridad perimetral con aquellos a los que les corresponde la búsqueda y localización de indicios, y que son los únicos autorizados para firmar el acta.

-Caso Leticia Rodríguez Lara, Doña Lety. Fue policía judicial federal, pero abandonó su puesto para unirse al Cártel de Sinaloa, donde comenzó a controlar la zona de la Riviera Maya. Al respecto, las autoridades presumen que Leticia Rodríguez controlaba en esa zona la distribución de narcóticos procedentes de Colombia hacia Sonora y Sinaloa, para después ser enviados a Estados Unidos.

De acuerdo con la información, tiempo después decidió separarse de este cártel para convertirse en jefa de plaza del Cártel del Golfo. Se inició una carpeta de investigación en su contra el 31 de julio de 2017, tras una denuncia anónima en la que se le señaló por la venta y distribución de cocaína en la zona hotelera y turística de Quintana Roo, por lo que fue detenida el 9 de agosto. Ese mismo día promovió un recurso de nulidad para impugnar cualquier sentencia en su contra, argumentando supuesta tortura, con ello logró que la magistrada Sara Olimpia Reyes García excluyera una prueba documental contemplada en la causa penal 104/2008, lo que dio como resultado un fallo absolutorio el 11 de noviembre de 2022 a favor de Leticia, y su hijo José Rafael.

Una segunda carpeta de investigación fue abierta el 9 de agosto de aquel año, pues al momento de su detención sobre la carretera Puebla-Córdoba, en compañía de otras tres personas, se les aseguraron armas de fuego, envoltorios y bolsas con metanfetaminas. Pese a las pruebas presentadas el 1 de julio de 2022, el juez Francisco Marroquín Arredondo le dictó sentencia absolutoria.

La tercera carpeta de investigación fue abierta por el delito de delincuencia organizada y contra la salud, con motivo de una denuncia anónima que le acusaba de ser propietaria de tres inmuebles en Cancún, donde presuntamente guardaba mercancía, droga y dinero. Pero el 13 de enero de 2022, el juez de control de la carpeta administrativa 335/2021 resolvió “no vincular a proceso” a Leticia Rodríguez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, resolución que fue confirmada el 2 de marzo de 2022 por el Primer Tribunal Unitario del 27 Circuito.

Fue liberada el 18 de noviembre de 2022, y aunque el gobierno federal anunció en la conferencia mañanera que buscaría apelar la decisión del juez del Tribunal de Enjuiciamiento, la liberación se dio de una forma muy rápida. De acuerdo con la Subsecretaría de Seguridad Pública, al dictarle libertad se echaron abajo más de 10 años de inteligencia de investigación contra las actividades del Cártel de Sinaloa en Quintana Roo.

Beneficios del PJF al Cártel Santa Rosa de Lima

-Caso Fernando Emanuel Juárez Morelos, el Panther. El juez Jorge Quiroz Quintero emitió un fallo absolutorio a favor del Panther, considerado como el sucesor de José Antonio Yepes, el Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de tres agentes de la Fiscalía General de Guanajuato, y daños dolosos en agravio de esta misma institución. Por esta razón ordenó de manera inmediata su libertad.

De acuerdo con el juez Quiroz Quintero, los elementos probatorios ofrecidos no fueron suficientes para acreditar la participación de Fernando Emmanuel en estos hechos. Actualmente sigue preso en el Cefereso 18 de Coahuila, ya que enfrenta cargos por otro proceso penal.

-Caso José Antonio Yépez, el Monedas, y sus presuntos cómplices. El hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima fue detenido el 7 de enero de 2024 junto a otras dos personas, por elementos de la Fiscalía General de Guanajuato, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la FGR, tras repeler una agresión armada suscitada en una comunidad del municipio de Juventino Rosas. Pero fue puesto en libertad cinco meses después.

El pasado 17 de junio, tras una votación unánime el Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa –integrado por los magistrados Carlos Alberto Martínez Hernández, Eustacio Esteban Salinas Wolberg y Eduardo López Muñoz– concedió una suspensión provisional para dejar sin efecto la prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta a él y sus presuntos cómplices el 9 de enero, por considerarla “inconvencional”.

El tribunal ordenó a la jueza de control celebrar una nueva audiencia para poner a discusión otras medidas cautelares, e incluir la posibilidad de la prisión preventiva justificada. En la audiencia celebrada el 18 de junio, la jueza María del Refugio Castañeda Guillén impuso como medidas cautelares la presentación periódica y una garantía económica.

En el caso de Luis Antonio, le prohibió acercarse a los policías aprehensores así como salir del país; y a pesar de que la jueza reconoció el alto riesgo de fuga, no lo consideró suficiente para justificar la prisión preventiva. La juzgadora también rechazó considerar que Luis Antonio fuera hijo del Marro.

Aunque el gobierno federal ordenó una revisión para determinar si existían otros procesos en su contra y poder aprehenderlo nuevamente, el mismo 18 de junio la jueza determinó un plazo de 24 horas para el cumplimiento de la resolución, y poner en libertad a este presunto delincuente.

Respecto a los otros dos detenidos, Giovanni “N” y Cristian “N”, la jueza también prescindió de la prisión preventiva justificada, pues a su consideración había poco riesgo de sustracción.

Tras los asesinatos de tres agentes de seguridad vial y de tránsito ocurridos la mañana del pasado 10 de julio en la salida de la carretera Celaya-Salvatierra, el presidente López Obrador detalló que, de acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, se tiene la hipótesis de que el aumento de violencia en Guanajuato, y esos crímenes en particular, están relacionados con la liberación de Luis Antonio Yépez –alias el Monedas– hijo del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Otros casos relevantes

En el abanico de casos relevantes de jueces que favorecen a presuntos delincuentes destacan:

Caso Rafael Caro Quintero. A éste –junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, don Neto– la DEA lo acusa de haber planeado el secuestro y asesinato del agente Enrique Kiki Camarena. Por ese crimen es requerido por una Corte Federal del Distrito Central de California, por lo que el gobierno de Estados Unidos solicitó a México su extradición. No obstante, el 22 de septiembre de 2023, el juez José Fernando García Quiroz otorgó una suspensión provisional contra todo acto tendente a extraditar a Caro Quintero de territorio nacional.

El mismo juez le concedió una suspensión de plano el pasado 27 de mayo para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la petición de extradición hecha por el gobierno estadounidense, lo que preocupó al gobierno federal al considerar que tras esta decisión podría ser liberado como ocurrió en 2013, cuando ganó un amparo que fue otorgado por la jueza Abigail Ocampo (misma que otorgó un amparo a Tony Montana hermano del Mencho).

-Caso Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. El 7 de septiembre de 2023, el juez Julio Veredín Sena Velázquez otorgó una suspensión provisional al hermano del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien heredó el liderazgo del Cártel de Juárez y fue requerido por la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, acusado de 46 cargos, entre ellos lavado de dinero, actividad criminal continua, importación y posesión con la intención de distribuir cocaína y marihuana, entre otros.

-Caso Edilberto Bravo Barragán, el Gavilán. Había sido sentenciado a 50 años de prisión, pero el 20 de enero de 2021, el magistrado Benjamín Gallegos Segura ordenó la inmediata y absoluta libertad de Edilberto Bravo, alias el Gavilán, tras revocar la sentencia definitiva decretada por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal –con competencia en Azueta y Montes de Oca– por el delito de secuestro agravado. El argumento para liberarlo fue que existieron inconsistencias respecto al lugar de privación y cautiverio de la víctima, por lo que se concluyó que no habían elementos suficientes para acreditar el delito de secuestro agravado.

-Caso Mario Alberto Cárdenas, el Betito. El 11 de noviembre de 2022, el juez del Tribunal de Enjuiciamiento en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, dictó fallo absolutorio a favor de Mario Alberto, presunto integrante del Cártel del Golfo, por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio del psicotrópico clorhidrato de metanfetamina. Se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se ordenó su inmediata liberación.

-Caso Guadalupe Israel, el Choncho. El 26 de mayo de 2023, el juez José de Jesús Rodríguez Hernández ordenó la liberación del presunto narcomenudista Guadalupe Israel y siete de sus supuestos cómplices, a pesar de ser detenidos en flagrancia durante un cateo, en posesión de cocaína, marihuana y metanfetamina, así como en posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Este presunto delincuente ha sido detenido en por lo menos 16 ocasiones y pese a ser encontrado con grandes cantidades de drogas, armas y dinero ha sido puesto en libertad.

-Caso Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro. Considerado como presunto líder de la organización criminal Los Mazatlecos, fue absuelto por el juez Aníbal Castro Borbón, luego de considerar que aunque fue detenido después de agredir a elementos del Ejército Mexicano y resguardarse de forma ilegal en una propiedad privada, el morador propietario de dicho inmueble ratificó de manera tardía –por temor a posibles represalias– ante el juez de control, su autorización para la entrada de los elementos de seguridad al domicilio para realizar la detención, lo que consideró razón suficiente para declarar nulas todas las pruebas y otorgar la absolución.

Así, los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que liberan a generadores de violencia extrema también son responsables por la actual violencia que se vive en el país.

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