Luego de que el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, destapó una nueva red de corrupción atribuida a los sectores empresarial y laboral –que integran el esquema tripartito del instituto–, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que el gobierno federal presentará denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR), ya que resulta improcedente realizar estas acusaciones en los órganos internos de control.

“Ayer le di instrucciones al director del Infonavit, que se pusiera de acuerdo con la consejera jurídica [Ernestina Godoy], porque estamos presentando denuncias penales a la Fiscalía General de la República”, señaló.

Asimismo, Oropeza explicó cómo los sectores empresarial y laboral aprobaron desarrollos inmobiliarios, los cuales nunca se terminaron de construir, a través del Fondo de Estímulo a la Redensificación y Ubicación de la Vivienda (FERUV).

“A propuesta del sector empresarial, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó una bolsa de 3 mil millones de pesos para construir 8 mil 800 viviendas con 76 empresas desarrolladoras. Bueno, 18 de esos desarrolladores adeudan 962 millones de pesos, y están inconclusas 700 viviendas para los trabajadores. Entonces, este programa de financiamiento que propuso el sector empresarial afectó al Fondo de Vivienda y, por lo tanto, al ahorro de los trabajadores”.

Algunas empresas involucradas son la Constructora e Inmobiliaria Simher con un adeudo de 5 millones 474 mil 493 pesos; la Constructora y Urbanizadora de Guerrero, 10 millones 66 mil 949 pesos; la Desarrolladora Puerta del Sol, 110 millones 252 mil 177 pesos; la Desarrolladora Urbana Integral, 1 millón 442 mil 176 pesos; el Grupo Constructor Gori y Asociados, 11 millones 139 mil 490 pesos; Ice Promotora Habitacional, 59 millones 734 mil 637 pesos; Impulsora de Proyecto de Negocio, 14 millones 616 mil 814 pesos; entre otras.

Asimismo, la firma Inmobiliaria y Desarrollo Edificasa adeuda una cifra de 4 millones 7 mil 196 pesos desde 2013. “O sea, tiene ya 12 años con el adeudo; con todo el apoyo financiero que se les dio, no terminaron las viviendas, ni pagaron los recursos facilitados con el programa”, sentenció el director del Infonavit.

El segundo caso está relacionado con el fondo llamado Crédito Integral Total (CIT) propuesto por la Dirección Sectorial de los Trabajadores del Infonavit y aprobado por el Consejo de Administración, el cual está integrado mayoritariamente por representantes empresariales y laborales. En este caso, el Consejo aprobó créditos por 724 millones de pesos a 20 desarrolladores para la construcción de 9 mil 400 viviendas; sin embargo, 13 de ellos mantienen adeudos por más de 1 mil millones.

“Y 7 mil 369 viviendas no se construyeron; es decir, el 75 por ciento de todas las viviendas de este programa no se han construido, o no se construyeron ya. La totalidad de los proyectos fueron propuestos por el Sector de los Trabajadores, y de nueva cuenta este programa defraudó al Fondo de Vivienda; es decir, al ahorro de los trabajadores”.

Algunas de las empresas que recibieron recursos para comprar terrenos, licencias y permisos, están la Constructora Sakbe SA de CV con 93 millones 161 mil 776 pesos; Estructuras Metálicas San José, 89 millones 423 mil 588 pesos; Promotora de vivienda San Vicente, 13 millones 907 mil 836 pesos; Desarrollo Inmobiliario Maruz, 78 millones 402 mil 539 pesos; Residencias y Sistemas de Desarrollo Empresarial, 138 millones 956 mil 964 pesos; CYFMA Proyectos y Construcciones, 131 mil 594 millones 786 pesos; entre otras.

En el tercer caso participó una bolsa de dinero llamada “Crédito Integral”, una idea propuesta por las direcciones de trabajadores y empresarial. Durante el funcionamiento de la misma, se construyeron 366 viviendas en cinco años.

“No tenemos información documental de qué proyectos se presentaron a ese Subcomité y, por lo tanto, no es posible identificar cuántos proyectos de desarrollo de vivienda se presentaron, ni cuántos fueron rechazados, ni cuáles fueron las causas. Entonces, a partir de esto, en 2014, el Consejo de Administración desapareció el Subcomité y entonces dejó en manos de los Sectores Empresarial y de Trabajadores las propuestas de los proyectos sin ningún análisis de viabilidad”, puntualizó Oropeza.

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