En la discusión para eliminar la llamada “violencia vicaria”, desde hace dos meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que privilegiara el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y escuchara todas las voces que buscan proteger a los menores de edad. No obstante, la CNDH acusó que el máximo tribunal no ha respondido a esta solicitud ni ha generado espacios de diálogo.

Este día, el organismo autónomo reveló que desde el pasado 18 de agosto envió el oficio CNDH/P/305/2022 al ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,  en el que le manifestaba “la importancia de que, dentro de la discusión por la eliminación de la llamada ‘violencia vicaria’, se generen espacios de intercambio de opiniones y se abra el diálogo entre diferentes actores, desde una perspectiva de derechos humanos, en forma integral, responsable y considerando el interés superior de la niñez”. Sin que a la fecha el máximo tribunal haya dado respuesta o actuado en ese sentido.

En dicho oficio, la Comisión también había llamado a la Suprema Corte a generar un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, para que se escucharan las voces de diversas personas que abonaran al debate y ayudaran a construir posturas que enriquezcan la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, específicamente de la niñez y adolescencia. 

En su comunicado, la CNDH lamentó “que las voces de diversos actores sociales no hayan sido escuchadas ni se haya abierto el debate sobre este tema, indispensable para la construcción de una sociedad igualitaria, justa y equitativa, fuera de estigmas y prejuicios sociales, de discursos que alienten el odio y la violencia hacia determinadas poblaciones y bajo conceptos sexistas, sin perjuicio de las acciones o medidas que resulten necesarias para cerrar brechas de desigualdad, ahí donde realmente las hay, con base en criterios razonables, justos y proporcionales, por lo que reitera su llamado al ministro presidente para que las voces de todas y todos puedan ser escuchadas”. 

El organismo autónomo refrendó su compromiso con la protección y defensa del interés superior de la niñez y adolescencia, y condenó toda forma de violencia que les afecte en cualquier ámbito, incluido el familiar, reconociendo que todas las personas, sin distinción de sexo o género, tienen el derecho de vivir libres de violencia, y en el caso de niñas, niños y adolescentes ameritan protección reforzada. 

Recordó que en 2001 se reformó el artículo 1 de la Constitución Política, “adicionando, en ese entonces, un párrafo tercero (ahora quinto), donde se introduce la llamada cláusula antidiscriminatoria, que prohíbe la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La esencia de dicha cláusula radica en lograr la igualdad real de trato y de oportunidad de todas las personas y acabar con los prejuicios y estigmas sociales, que son la base y el origen de la discriminación y de las desigualdades”.  

Para la CNDH, en esas brechas de desigualdad están inmersos grupos de personas o colectivos históricamente en desventaja social por prejuicios y estigmas. Ello, dijo, ha implicado generar una serie de medidas o acciones (afirmativas, de nivelación, de inclusión) que permitan cerrar las brechas y acabar con las desigualdades sociales.

El organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra señaló que México cuenta con leyes e instituciones que buscan generar las condiciones en las que las mujeres puedan acceder al goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. Como ejemplo, citó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Éstas, advirtió, han dado lugar a la creación de instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres.  

Por ello, destacó que “la igualdad en el trato y en las oportunidades implica que todas y todos tengamos los mismos derechos, partiendo del reconocimiento de las diferencias, y desventajas, y es por ello que se hace necesario establecer las prioridades específicas que se requieren atender en el diseño e implementación de medidas y estrategias que permitan que todas las personas, sin excepción alguna, alcancen niveles óptimos de desarrollo y bienestar; y que tanto las mujeres como los hombres accedan, con las mismas posibilidades y oportunidades, al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural y familiar. En la sociedad de igualdad a la que aspiramos es imperativo el respeto a los derechos y libertades fundamentales de hombres y de mujeres. Derechos que deberán ser respetados y garantizados por el Estado mexicano, en los diversos ámbitos de la vida, como la educación, la salud, el acceso a la justicia, entre otros. En este sentido, esta Comisión Nacional reitera y asume su compromiso en la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad y de todas las personas en lo individual”.

La Comisión le recordó a los ministros y ministras de la Suprema Corte que los derechos no pueden entenderse si no se coloca en el centro a la persona humana, reconociendo las diferencias sin menoscabo ni restricción de los derechos de una persona sobre otra, sea mujer u hombre, sino más bien privilegiando el derecho de quien menos voz tiene, como lo son las infancias.

Asimismo, señaló que “la reforma de 2011, con el llamado bloque de constitucionalidad, obliga a todas las autoridades, en todos los niveles de poder y ámbitos de gobierno, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna, partiendo de la base de que los derechos humanos se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con los que se busca la más amplia protección de todas las personas, a través de la emisión de leyes, acciones y políticas públicas, en donde, hay que insistir, se debe de privilegiar el interés superior de la niñez, priorizando su bienestar y el pleno ejercicio de derechos, contraponiendo la visión adultocéntrica de las decisiones que se tomen en torno a niñas, niños y adolescentes”.

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