Tras casi 10 años de la desaparición forzada de una persona durante el gobierno de Egidio Torre Cantú en Tamaulipas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 28/2024 para que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno del Estado esclarezcan el paradero de la víctima o de sus restos.
En cuanto a los familiares, deberán recibir reparación integral del daño, así como atención psicológica de forma continúa por parte de las dependencias implicadas en la desviación de la información del caso.
De acuerdo con la queja avalada por la CNDH, los familiares acusaron a miembros de la Sedena de ocultar y manipular la información del desaparecido, debido a que presuntamente habría sido detenido en las instalaciones del 15° Batallón con sede en Tancol.
De igual manera, la CNDH halló que los elementos del ejército mexicano “eliminaron indicios de vital importancia para la determinación de su último paradero y para nuevas líneas de investigación, lo cual ha repercutido negativamente en la localización de la víctima”.
Asimismo, encontró que personal del Centro de Comando, Control y Comunicaciones y Cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas (C4) se negó a mostrar los vídeos de las cámaras de seguridad, bajo el argumento de que la Sedena habría solicitado los materiales. Igualmente, explicó que un servidor público de la Procuraduría General de la República (PGR) obstaculizó la investigación.
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