En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya se eliminaron privilegios y beneficios a costa del erario, afirmó su presidenta María del Rosario Piedra Ibarra. En el pasado, dijo, “se auto otorgaban automóviles, celulares, en fin, toda esa parafernalia que caracteriza el desempeño de una casta dorada que ya no tiene cabida en este país en transformación”.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la maestra Piedra Ibarra presentó su informe anual de actividades 2025. Resaltó que el eje central de la CNDH es la prevención; así como la comunicación constante con autoridades, el fomento en la coordinación entre instituciones, y la lucha contra la corrupción, el nepotismo y el amiguismo.
Añadió que se redujeron “de manera histórica” las quejas vinculadas a desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias desde 2019; y que las violaciones graves “desaparecieron completamente del listado de violaciones a derechos humanos más frecuentes entre las autoridades federales”.
La titular de la CNDH aseguró: “en 2025 confirmamos que es posible sostener esa tendencia, sin dejar de atender a más personas, demostrando que el crecimiento en la demanda ciudadana no significa un incremento en las violaciones, sino una mayor confianza en la CNDH y en sus resoluciones”.
Sostuvo que se atendieron a 238 mil 917 personas en total; de las cuales, 38 mil 827 fueron por vía telefónica o personal; y otras 54 mil 456 de manera electrónica. De ello, resaltó que se privilegió la atención inmediata con la ayuda y coordinación de autoridades federales.
Piedra Ibarra celebró que el Premio Nacional de Buenas Prácticas en Derechos Humanos 2025 –que se entregó a finales del año pasado– tiene la finalidad de “reconocer y difundir, pero sobre todo estimular” las mejores prácticas en políticas públicas en el marco de los derechos humanos.
Y resaltó que la “cercanía y eficiencia” de la atención por parte de la CNDH amplió su cobertura en varias partes de la República. También dijo que en Jalisco se abrió una oficina para atender el contexto del rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Además, en Mexicali, Baja California, se reubicó otra oficina para “fortalecer la recepción y atención de quejas, particularmente en materia migratoria”.
