El Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones Graves a los Derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (MEH) denunció que “ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las fuerzas armadas y de las policías”.

A 22 meses de su creación, indicó que “no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia (CNI); material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en este periodo”.

Para el Mecanismo, “esta falla constituye el incumplimiento de cuatro marcos legales: un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos (LGA) y la Ley General de Transparencia”.

Por ello, Eugenia Allier Montaño, Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, comisionados del MEH, demandaron:

1. La garantía de transferencia total y de acceso de archivos y expedientes del CNI al Archivo General de la Nación (AGN) que incluya los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad (1947-1985), los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN, 1985-1989) y los del CISEN (1989-1993) que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato del MEH.Exigimos el acceso, a la brevedad, a los depósitos en bóveda tanto del CNI como del AGN.
2. El cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero de 2019. Hacemos un llamado a que las autoridades competentes atiendan la orden del Presidente de la República, que declaró que corresponde a su gobierno, y al Estado mexicano “permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias, sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie”. Este acuerdo ordenó a todas las oficinas de Gobierno transferir al AGN “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción”. Esta instrucción ha sido incumplida parcial o totalmente por la Sedena, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI. Hasta el momento, el único expediente de CNI disponible para su consulta en AGN es el relativo al homicidio del periodista Manuel Buendía en 1984.
3. El cumplimiento por parte del CNI de lo previsto por la LGA sobre la transferencia de toda la documentación al AGN que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, la generada hasta 1993. Preocupa especialmente que no esté disponible para su consulta aquella relacionada con violaciones a derechos humanos cuya consulta está garantizada por la LGA y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para 2020 debería haberse completado la transferencia total de documentos producidos hasta 1990.
4. El cumplimiento del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021 por el que se crea la COVEHJ y que autoriza a su personal a acceder a todos los documentos históricos de la Administración Pública necesarios para realizar su investigación.

Y llamaron enérgicamente a que el CNI y el AGN permitan el acceso a sus depósitos en bóveda para consulta y digitalización “sin ningún límite” al personal del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, facultado por orden presidencial.

Los comisionados consideraron que “los archivos son fundamentales para la investigación de ese pasado en el que están las claves que nos permiten entender y reinterpretar las violencias del presente. Sin acceso a archivos no hay verdad”.

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