La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 11 integrantes de la comunidad jesuita de Cerocahui, Chihuahua, tras considerar que se encuentran en una situación de riesgo de daño irreparable, grave y urgente. Ello tras los terribles y dolorosos asesinatos de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, junto al guía de turistas Pedro Palma y el joven Paul Berrelleza, sucedidos el 20 de junio de 2022 en la comunidad, informó el Centro de Derechos Humanos Migue Agustín Pro Juárez.
En un comunicado, el Centro Prodh señaló que a siete meses y ocho días desde los hechos, la impunidad continúa: el asesino no ha sido detenido. Además, la violencia en la región es incesante y el riesgo subsiste. Por ello, el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos solicitaron dichas medidas cautelares, y el 22 de enero pasado la CIDH emitió la Resolución 2/2023, en la que advirtió sobre la violencia e inseguridad que afecta especialmente a las comunidades de la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
“Tras recibir información de las autoridades mexicanas sobre el caso, la CIDH consideró que aún no se ha instrumentado un esquema de seguridad idóneo y efectivo para proteger a las personas en riesgo y estimó que la impunidad imperante aumenta el peligro que enfrentan los religiosos. En específico, la CIDH solicita al Estado mexicano a que adopte medidas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias; así como aquellas medidas que les permitan continuar realizando sus labores pastorales y de defensa de derechos humanos, sin ser sujetos a más actos de amenazas o violencia.”
La Comisión Interamericana llamó al Estado mexicano a concertar las medidas con la participación de la comunidad jesuita y sus representantes, y que le informe de las acciones para investigar los homicidios de Cerocahui y con ello prevenir su repetición. Al respecto, indicó que se entiende que si no hay consecuencias legales por esos eventos se asentaría un mensaje de permisividad frente a la violencia en la región.
La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, los 11 beneficiarios y sus representantes agradecieron a la CIDH su oportuna intervención, y llamaron a las instituciones federales y locales responsables de instrumentar las medidas a que las mismas sean acordadas a la brevedad. Asimismo, que haya coordinación entre las instituciones estatales y federales, y se mantenga el diálogo con las personas beneficiarias. También instaron a que los responsables de estos asesinatos que siguen teniendo un fuerte impacto comunitario, estatal, nacional e internacional, sean llevados ante la justicia, con el objetivo de que hechos similares no se vuelvan a repetir. “La Sierra Tarahumara aún espera la paz con justicia, dignidad, derechos humanos y reconstrucción del tejido social”.
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