Comunidades pobres de costa salvadoreña, bajo amenaza de desalojo

Desplazadas por hambre y violencia, cientos de familias fueron asentándose en tierras del Estado salvadoreño desde hace 20 años. No han logrado salir de la miseria pero al menos han construido modestas chozas. Ahora el consorcio banquero más importante del país reclama como suyas esas tierras

San Luis La Herradura, El Salvador. El campesino Francisco Martínez empujaba la silla de ruedas en la que permanecía su hijo y lo desplazaba a otra área del patio de la casa, ubicada en una pequeña localidad costera de El Salvador, antes de confiar, sumido en la tristeza: “Sería una gran injusticia si nos echan de aquí”.

Martínez, de 77 años, vive con su esposa Gloria García, de 50, y el hijo de ambos, Fredy Martínez, de 21, que sufre de una severa minusvalía, en la comunidad de Cuatro Vientos, formada hace unos 20 años por familias sin techo llegadas de varios puntos del país.

El asentamiento está ubicado en la jurisdicción de San Luis La Herradura, un municipio al sur del departamento de La Paz, en el litoral salvadoreño.

Martínez, la piel tostada por el sol, agregó: “Ahora hemos llegado al momento difícil en que nos quieren sacar, una cosa muy injusta”, refiriéndose a la amenaza de desalojo que cae sobre su familia y otras del asentamiento, por parte de un banco y familias ricas de la zona, según contaron a IPS durante una jornada en su comunidad.

Empujadas por la necesidad, unas 180 familias pobres se establecieron ahí, en Cuatro Vientos, en lo que consideraron eran tierras del Estado: una estrecha franja de 17 kilómetros de largo que separa al océano Pacífico y el estero de Jaltepeque, uno de los principales humedales de este país centroamericano.

Por el medio de la franja corre una carretera asfaltada que conecta la zona, altamente turística, con el resto del país.

Además de Cuatro Vientos, otros 18 asentamientos o comunidades han surgido en la zona, a lo largo de unos 50 años, y también han sido amenazados de echarlos de esa franja, ya sea por consorcios privados e incluso por familias adineradas que tienen en el lugar sus casas de playa.

Desigualdad extrema

En esa franja conviven una riqueza ostentosa y una pobreza hiriente.

Algunas familias sí tienen documentos legales sobre la posesión de su parcela, las localizadas en la orilla de la carretera, explicó a IPS la abogada Teresa Hernández, de la Fundación de Estudios Jurídicos para la Aplicación del Derecho (Fespad).

“Son tierras del Estado, tenemos fichas catastrales donde dice que son tierras del Estado, pero cuando la gente las limpia y las pone bonitas, ya quieren hacerse dueños también”: Mélida Alvarado.

Sin embargo, unos 40 metros más adentro hacia el estero, la situación es diferente para la mayoría de las personas, que viven en condiciones de pobreza y sin documentos que certifiquen que son propietarios del terreno.

“En general son todas las 19 comunidades las que viven esa situación de vulnerabilidad jurídica”, detalló la abogada.

Fespad y el Movimiento por la Defensa de la Tierra en El Salvador (Movitierra) están acompañando legalmente a las familias afectadas, sobre todo en 12 comunidades que se han involucrado en la defensa de sus derechos.

Alrededor de 850 familias viven en esos 12 asentamientos, pero la abogada dijo desconocer el número total de las 19.

Inseguridad sobre la propiedad

Según cifras oficiales, en El Salvador, un país de 6.7 millones de habitantes, alrededor de  10 por ciento de la población se encuentra en situación de inseguridad jurídica sobre la tierra donde vive.

Son casos como los de las familias en Cuatro Vientos, que pensaban que vivían en tierra de ellos, porque eran del Estado, pero ahora enfrentan el riesgo de ser sacados de ahí.

El conflicto por el derecho de la propiedad en esa zona, conocida como Costa del Sol, se debe a que la tierra tiene una alta plusvalía, debido al turismo, que impulsa la construcción de complejos hoteleros.

Y además, durante décadas no se ha logrado establecer con exactitud qué tierra es de propiedad privada y cuál es del Estado, añadió la abogada de Fespad, lo cual ha generado esta situación de conflicto por la propiedad de los inmuebles.

Empresas del rubro turístico, como hoteles y restaurantes, se ha establecido ahí por la belleza del área: el mar de un lado y el exuberante estero del otro, con sus manglares y fauna silvestre.

También familias ricas han construido casas de playa en el lugar desde hace décadas para pasar vacaciones o los fines de semana. Por eso el sector de bienes raíces tiene alta demanda también en el área.

Instituciones deben aclarar

Se entiende que toda playa, ya sea del estero o del mar, es propiedad del Estado, y esas familias acomodadas y las empresas han ido comprando tierras adyacentes o cercanas, en principio consideradas privadas de origen. Pero tras décadas de desorden los límites de qué es privado y qué es del Estado se ha ido enredando.

Hernández explicó que para aclarar esos límites el gubernamental Centro Nacional de Registro debería de realizar un estudio catastral para determinar los antecedentes de esos terrenos y definir quién posee la propiedad sobre ellos. Pero no se ha hecho y las comunidades no tienen los recursos para realizarlos por su cuenta.

Añadió que, ante esa situación, Fespad y Movitierra solicitaron en 2019 al gubernamental Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) una inspección para ir determinado aquellos límites entre terrenos estatales y privados en al menos cinco comunidades de la Costa del Sol, como prueba piloto.

La pandemia de Covid-19 paralizó el esfuerzo iniciado, pero se retomó con nueva energía en abril.

Sin embargo, a pesar de que la investigación sobre la situación legal de la propiedad en esos asentamientos ya concluyó, el informe final no se ha divulgado.

“Se ha solicitado el informe final de esas inspecciones y el ILP no nos lo ha entregado, ni a las comunidades ni a nosotros como Fespad, como solicitantes junto a Movitierra”, dijo Hernández.

El desalojo ya está aquí

Las amenazas de desalojo, que en algunos casos se han materializado ya, parten del argumento de que esas familias pobres no tienen títulos de propiedad, mientras que esos grupos empresariales y las familias ricas sí dicen poseerlos.

Esos sectores reclaman parte de las porciones de tierra donde vive la gente pobre que, en buena parte, trabaja en esos hoteles o en las casas de descanso de esas familias opulentas, que suelen navegar en sus yates en el estero.

“Aquí era un hoyo, y con los centavitos que fui ganando fui rellenando e hice mi champita [casita improvisada] cubierta con hojas de palma de coco y de plátano”, relata Martínez a IPS, pendiente de su hijo, en la silla de ruedas.

En un recorrido realizado por IPS en la zona, las familias afectadas en Cuatro Vientos aseguran que las amenazas provienen principalmente del privado Banco Agrícola, uno de los más importantes del país.

Según relataron, el banco es propietario de una parcela, de una manzana y media de extensión, aproximadamente una hectárea, donde varias familias levantaron sus casitas hace dos décadas pesando que era un terreno abandonado, algo frecuente en la zona.

Se trata de porciones de tierra que décadas atrás tuvieron algún propietario, pero que por alguna razón dejaron de darle uso y con el tiempo esos predios fueron cubiertos por la maleza.

Ahora el banco habría encontrado un comprador y quiere deshacerse de las familias que habitan en esa parcela específica.

“No fue abuso al venir a estas tierras, fue la necesidad, yo no tenía donde vivir”, acota Martínez, cuya casita se levanta justamente en el terreno que está en disputa.

Según algunas estimaciones, el déficit habitacional salvadoreño alcanza a unos 1.3 millones de hogares.

Varias familias afectadas, en Cuatro Vientos, se reunieron con IPS para señalar cómo les afecta esa situación.

La incertidumbre de no saber si en algún momento van a ser obligadas, incluso con la fuerza policial, de salir de sus hogares, que tanto esfuerzo les llevó levantar.

“Paso noches que no duermo, me tiembla el ojo, tenga pesadillas, estoy muy preocupada”, narra Alba Díaz a IPS.

Díaz, de 48 años, es una madre que cría sola a tres hijos y una hija adolescentes y sin muchas oportunidades laborales, pero que logra ganarse el sustento yendo a cuidar a su madre y a su abuelo, y por ello un tío la recompensa con 100 dólares. Además vende pizzas de vez en cuando.

“Somos amenazados por el banco, como que quiere recuperar la propiedad y venderla, no sabemos exactamente”, añade.

Pero no sólo es eso.

El banco pareciera también interesado en apropiarse de otros espacios ajenos al predio que posee, parcelas donde viven más familias que ahora resultan igualmente amenazadas.

Los afectados en Cuatro Vientos contaron que incluso se dio la extraña situación en que policías, con el rostro cubierto, llegaron en julio acompañando a dos personas, y dijeron a algunas familias que iban de parte del gobierno para realizar un censo.

Esas dos personas eran probablemente representantes del banco, agregaron, y se dedicaron a pedir números del documento de identidad personal (DUI).

“Yo corrí, pero ya no los hallé; yo me preguntaba: ¿pero enmascarados? Para sacar un censo no llegan policías enmascarados”, contó Díaz.

La esposa de Francisco Martínez, Gloria García, confirmó que los encapuchados y las otras dos personas llegaron a su casa.

“Vinieron aquí, que a qué se debía eso, a saber. Les dimos los DUI y firmas. No sabemos si venían del banco o de dónde”, dijo García.

A través de un correo electrónico, el Banco Agrícola envió a IPS, el 16 de noviembre, una declaración oficial en la que dejó sentada su posición.

“Es importante aclarar que, como banco agrícola, no se tienen contemplado ni gestionada ninguna actividad de desalojo para los habitantes de la comunidad Cuatro Vientos”, indicó.

La empresa además confirmó un día después que sí poseía un terreno en ese lugar desde junio del 2000 pero que lo vendió en marzo del 2021 y que actualmente la propiedad se encuentra en proceso de registro a nombre del nuevo propietario. El banco negó, además, que representantes suyos hayan ido a la comunidad.

Mientras tanto, en la comunidad del Mozote, localizada también sobre la franja de la Costa del Sol, también unas 125 familias están en la incertidumbre y la amenaza de desalojo, debido a que una empresa de bienes raíces pretendería sacarlas porque dice ser la propietaria de la tierra.

“Son tierras del Estado, tenemos fichas catastrales donde dice que son tierras del Estado, pero cuando la gente las limpia y las pone bonitas, ya quieren hacerse dueños también”, dice a IPS una de las residentes, Mélida Alvarado, activista de la lucha colectiva contra el desalojo de lo que sienten su hogar.

Edgardo Ayala/Inter Press Service (IPS)

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