Al menos siete derechos humanos –garantizados por la Constitución Mexicana y el derecho internacional– han sido violentados de forma sistemática durante la construcción y posterior apertura de la Torre Mítikah, ubicada en el corazón del pueblo originario de Xoco, en la Ciudad de México. La vulneración a seis de ellos –a la cultura, al acceso al agua limpia, al medio ambiente sano, a la vivienda digna, a la protesta social y a la información– se deriva de un primer derecho que violentaron las autoridades de la alcaldía Benito Juárez –por lo intereses que han prevalecido al amparo del llamado cártel inmobiliario– en complicidad con los desarrolladores: Fibra Uno.
Se trata del derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen garantizado los pueblos originarios por la vía constitucional y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, signado por México, y que en este caso jamás se respetó. Éste es un derecho fundamental de defensa de las comunidades originarias, que establece la obligación de consultarlas cuando hay una afectación potencial a alguno de sus intereses o derechos, y por eso se le considera garantía fundamental de protección del resto de los derechos, señala la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH).
El megaproyecto de la Torre Mítikah se echó a andar sin el consentimiento del pueblo originario, violentando –primero– el derecho a la consulta, luego el derecho humano a saber, pues durante más de 14 años ninguna autoridad delegacional o del gobierno capitalino les ha brindado información sobre este megaproyecto, sobre el presupuesto público ni sobre sus derechos humanos.
Por el contrario, a los habitantes del lugar les sobrevino el “terrorismo” inmobiliario que se acompaña de la impunidad. “Hemos sufrido golpes. Incluso a las personas mayores” las han agredido físicamente, comenta Álvaro Rosales, presidente de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco. El amedrentamiento ha sido uno de los factores principales que ha roto el tejido social, el otro: el encarecimiento de la vida en la zona que ha desplazado a decenas de personas, fenómeno conocido como gentrificación .
Los grupos de choque han sido identificados por los habitantes de Xoco como cercanos a las autoridades de la alcaldía. La represión a la que han sido sometidos se ha dado a pesar de que “la protesta es un derecho [humano] con una multiplicidad de características que lo vinculan con otros derechos en formas diversas. Por un lado, es un derecho que, en su ejercicio, busca la reivindicación de otros derechos. [Y por otro lado] su realización está profundamente vinculada a otros derechos, como la libertad de asociación, de manifestación y de expresión”, de acuerdo con la ONU-DH.
La violencia ha sido factor de quiebre dentro de la resistencia. Del multitudinario grupo que comenzó la lucha en defensa de su territorio y sus costumbres, hoy queda menos del 10 por ciento de sus miembros, explican los afectados. “Los más constantes son entre 20 y 30 [integrantes]. Inicialmente, empezamos como 400 personas”, expone la tesorera de la Asamblea, quien pide no ser identificada con su nombre por miedo a sufrir consecuencias.
“Muchos se retiraron porque tienen hijos y no quieren que los vean ahí [en las protestas] y al rato agarren represalias con sus hijos”, señala Elizabeth, la escrutadora de la Asamblea, quien solicita no citar su apellido por el mismo temor. Los grupos de choque se hacen presentes en cada manifestación para amedrentar a quienes aún se oponen al despojo material y cultural; pero también vigilan en su cotidianidad a los más vecinos activos. “A veces hay carros y motos que se nos emparejan y nos siguen”, comenta la escrutadora.
Por ello, los habitantes de Xoco han tenido que cambiar sus rutinas e incluso instrumentar medidas de seguridad y autoprotección. En entrevista, narran que cuando advierten que alguien desconocido los está siguiendo, localizan algún comercio abierto y se meten. En caso de no encontrar, procuran ser vistas por alguien más incluso si no lo conocen. A veces usan chamarras con capuchas, o únicamente salen de día. También se coordinan entre ellos para avisar su ubicación.
Mítikah –el complejo inmobiliario más grande de América Latina, como lo describe Fibra Uno– llegó a cambiar para siempre la vida de los habitantes del pueblo originario. Hace más de 10 años que los pobladores padecen violaciones a sus derechos humanos por la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez (gobernada por el PAN); no obstante, la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco se fundó hasta 2017, cuando el daño a sus casas y áreas comunes se recrudeció.
La señora Elizabeth –escrutadora de la Asamblea– explica que la comunidad se rompió por los ataques constantes y la campaña de mentiras, al grado de convertir a la resistencia en un grupo rechazado y obligado a esconderse. “Ellos [la alcaldía y la inmobiliaria] decían que querían arreglar las calles, pero que la Asamblea no los dejaba”. Muchos pobladores creyeron que era así y se pusieron en contra de la organización, señala.
La estigmatización de la protesta social fue más allá. Los integrantes de la Asamblea consideran que, tanto las autoridades de la alcaldía como los representantes de la inmobiliaria corrieron el rumor entre los trabajadores de la construcción de que las manifestaciones ponían en riesgo la continuidad de su trabajo.
Al respecto, narran que en un encuentro con ellos, los miembros de la Asamblea fueron acusados de estar violando su derecho al trabajo. Pero “nosotros no nos oponemos al trabajo, nos oponemos al proyecto”, indica Álvaro Rosales. El representante de la Asamblea agrega que ninguna de las explicaciones que les daban a los trabajadores de la construcción frenaba su enojo.
La tesorera de la Asamblea complementa sobre la ruptura de las relaciones sociales: “antes no nos hablábamos, pero de perdida sabíamos quién era quién; cuando nos empezamos a juntar para luchar por el beneficio del pueblo, lastimosamente, a muchos pobladores se los jaló el gobierno por intereses de estos señores”.
La señora Elizabeth explica que, bajo engaños, en una ocasión, personas identificadas como trabajadoras de Mítikah hicieron un censo para reportar los daños a sus viviendas que supuestamente la empresa iba a reparar: no sólo entraron a sus casas, sino que recabaron sus datos. “Ahora tienen nuestros datos personales. Mi casa se empezó a agrietar y no han hecho nada”. Ahora, dice, teme que uso le puedan dar a la información personal en manos de personas que nunca han demostrado la menor preocupación por el bienestar de la comunidad.
Las violaciones a los derechos humanos se vienen en cascada: años de construcción de la Torre Mítikah significan años de destrucción de las casas más humildes de la zona, vulnerando con ello el derecho humano a la vivienda digna y poniendo en riesgo a los habitantes ante fenómenos naturales como los sismos.
Para hablar de estas las violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Xoco y de las denuncias penales que interpondrá el gobierno capitalino, Contralínea buscó a Fibra Uno mediante Francisco Galindo, integrante de la agencia Zimat, que lleva relaciones públicas de la desarrolladora inmobiliaria. Hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Otro derecho humano que viola este megaproyecto inmobiliario de Fibra Uno es el que tienen las comunidades a su cultura, y específicamente a sus tradiciones. Cada 20 de enero, en Xoco se celebra la fiesta de San Sebastián Mártir, el santo patrono del pueblo originario. Desde la capilla –que lleva el nombre del santo–, los habitantes recorrían avenida Churubusco hacia la avenida México-Coyoacán; salían por Eje 8 y volvían al punto de origen.
No obstante, la ruta de la procesión también ha sido impactada por el centro comercial que está integrado a la Torre Mítikah, tras haber privatizado una de las calles de este pueblo. “Aquí es pueblo, la gente va a encontrar la manera de seguir con las tradiciones por más que no les guste”, dice, contundente, Virginia Vázquez, quien cuida y vive a espaldas de la iglesia, en referencia a la celebración de 2023.
“Esta calle principal [Real Mayorazgo] antes la cerraban para tener la festividad. Ahora no sabemos cómo va a quedar porque se atravesó [la pandemia de] Covid-19 y todo eso y no se ha hecho la feria como se hacía. No sé en esta temporada que viene. En enero es la primera festividad, no sé cómo lo vayan a realizar, pero sí afecta”, indica la tesorera de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.
Desde la apertura de la Torre Mítikah, la alcaldía no tiene plan de acción para asegurar la ejecución de la fiesta y la peregrinación en los términos de las tradiciones de los habitantes. Además de ser un derecho humano, en la propia Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce que los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a “preservar, revitalizar, utilizar, fomentar, mantener y transmitir sus historias, lenguas, tradiciones, filosofías, sistema de escrituras y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas”.
Para la arquitecta y urbanista Raquel Rodríguez, “la verticalización [de la vivienda] es el cáncer urbano”. Acerca del megaproyecto inmobiliario de Fibra Uno, indica que ya partió a la Iglesia de San Sebastián, patrimonio histórico del siglo XVII con sus excavaciones. La capilla a la que hace referencia es el centro de reunión más importante para las tradiciones. Ésta se encuentra a escasos metros del complejo y a orillas del pueblo.
Los habitantes de Xoco no planean realizar ningún cambio en las festividades. Por el contrario, mantienen una posición combativa ante las posibles presiones. De acuerdo con María de Jesús Real García Figueroa, miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, una de las fiestas más importantes de Xoco es el Día de Muertos. La tradición continuó este año. Aún con la plaza comercial inaugurada en la Torre Mítikah, los habitantes se siguen congregando en el panteón y en las casas aledañas.
Aunque la cultura, y específicamente las tradiciones están amparadas por el derecho internacional y el derecho mexicano –al ser consideradas un derecho humano fundamental– los pobladores temen ser hostigados en su próxima fiesta patronal, que de por sí tendrá que cambiar de ruta. Ello, porque han recibido quejas del hospital integrado a Mítikah, bajo el argumento de que los estruendos causados por el uso de pirotecnia causan molestias a los pacientes y al personal médico. Para el pueblo originario, lanzar los petardos es parte inherente de la festividad.
De acuerdo con la CNDH, “la cultura representa un elemento crucial en la comprensión de la humanidad y su devenir, al corresponder con la capacidad de interpretar y simbolizar el entorno físico y social, a través de manifestaciones creativas por las que se trasmiten ideas, prácticas y conocimientos que incluso por sí constituyen parte de esa realidad objeto de apreciación. Se sostiene también que el concepto de cultura denota a las formas de vida que han existido en el transcurso del tiempo y en diversas latitudes, además de que guarda una estrecha relación con el medio natural donde aquéllas se manifiestan. Bajo cualquier perspectiva, la cultura define la condición del género humano: ella ha posibilitado explicarse su alrededor y el rol que juega ante el mundo, de ahí que en el terreno axiológico su reconocimiento cobre especial relevancia para la realización de las condiciones de existencia tanto del individuo como de las sociedades. Por ello, en atención a las contribuciones que conlleva en la dignidad humana, se han reconocido como derechos humanos el acceso y protección tanto a la cultura como a sus manifestaciones”.
Entre los seis derechos que se han violado con este megaproyecto inmobiliario está el del acceso al agua. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, éste “es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico. En este sentido, la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud”.
La construcción de Mítikah en el corazón de Xoco es sinónimo de carencia de agua. Integrantes de la Asamblea y vecinos explican que la escasez de este recurso vital comenzó hace más de dos años, y se ha incrementado con la apertura de la plaza en este 2022. Para muestra, abren las llaves de la tubería de sus casas y nada brota de ellas.
Xoco se levanta sobre una superficie fangosa que le permitía contar con numerosos pozos de agua alimentados por el Río Churubusco. Tras la llegada de las constructoras a la comunidad, la riqueza hídrica del suelo ha sido saqueada para abastecer los complejos comerciales, denuncian.
“Nosotros escarbábamos tres metros y teníamos agua dentro de la casa, alrededor de los 50 [década de 1950], que fue cuando entubaron el río Churubusco. Nosotros en nuestras casas nos hacíamos con nuestro pozo de agua. Hoy en día tenemos tres pozos muy cercanos: dos en General Anaya, uno junto al 1200, que era Bancomer y que hoy es la SEP, y uno que está en la alcaldía. Aún así no tenemos agua”, narra Álvaro Rosales.
La arquitecta y urbanista Raquel Rodríguez señala que el complejo inmobiliario Mítikah consume 5 millones de litros de agua al día, cantidad equivalente a lo que consumirían 23 mil vecinos del pueblo de Xoco. De acuerdo con los habitantes, los representantes de Mítikah les han asegurado que el desabasto se debe a la ruptura de una tubería generada durante las obras de construcción.
“Se cortaron los tubos de agua, por un error, por lo que sea, pero ahorita ya van a ser dos años que no abren las tomas de agua”, indican. Vecinos de la comunidad mencionan que, pese a las supuestas obras de mitigación, el flujo de agua es irregular e insuficiente. La única manera de conseguir un poco del líquido es recolectando en botes el poco que cae durante las madrugadas. Comentan que las autoridades de la zona no les proporcionan agua y que ante esta situación se han visto obligados a comprar pipas particulares.
“No han mandado pipas. ¿A quién le han dado pipas? Yo no tengo agua para entrar al baño. Aquí no tenemos tinaco porque mi techo es de lámina, no tenemos tinaco, no tengo agua. Si no cae de la llave, tú abres una llave y no hay agua. Yo me baso nada más en el agua que sale de la llave porque no tengo agua. Entonces, no. ¿La delegación, apoyarnos? No ha apoyado en nada”, acusa María Concepción.
La alcaldía Benito Juárez asegura que no tienen denuncias sobre falta de agua ni tampoco ha recibido solicitudes para que se suministre el vital líquido por medio de pipas. Además, argumenta que si hay escasez es por las obras de mantenimiento al Sistema Cutzamala.
Para los pobladores, el cierre del suministro de agua es un mecanismo de censura, de escarmiento por la lucha social. Los integrantes de la Asamblea de Xoco encuentran un patrón: cada vez que salían a las calles a manifestarse, al regresar a sus casas las tuberías estaban secas.
“Esta manifestación que estamos haciendo nos va a costar 15 o un mes de no tener agua. Antes salíamos a manifestarnos y en cuanto terminaba la manifestación o en el mismo momento en el nos estábamos manifestando, el agua nos la quitaban”, señala la tesorera de la Asamblea.
La Torre Mítikah también ha significado violaciones a los derechos humanos a la vivienda digna y al medio ambiente sano. En el primer punto, este megaproyecto ha generado desplazamiento forzoso de una fracción de sus antiguos habitantes, privando de su hogar a quienes hasta antes de esta obra vivían aquí.
Ello, porque el costo del impuesto predial subió exponencialmente. Muchas familias se han mudado por el incremento de los precios de las rentas e incluso de los servicios y hasta la alimentación. “Había más familias. Eran muchos vecinos del pueblo y muchos se cambiaron [de casa] por lo mismo. Vendieron sus terrenos”, explica Lilia Muñoz.
Esta elevación en el costo de vida cambió profundamente el equilibrio urbano de la zona, expulsando así a los habitantes originarios de los barrios, que al mismo tiempo eran los más pobres, y atrayendo a nuevos residentes –con más poder adquisitivo–, con muy poca vocación de arraigo y amor por la comunidad, consideran.
María Teresa Padrón Álvarez, maestra en planeación y políticas metropolitanas, explica que los residentes nuevos “comparten muy escasamente rasgos de identidad con referencia al pueblo, como antiguo tipo de vida comunitaria”. A la fecha, no existe un censo de cuántos habitantes que nacieron y crecieron en Xoco –y que después heredaron sus costumbres, tradiciones y hogares a sus sucesores– han sido desplazados.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados partes “reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Reconocido de este modo, el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales”, señala la ONU-DH.
El desplazamiento no es el único impacto. A éste se suman las casas con daños estructurales por los movimientos en el terreno que causó la obra, así como la saturación de las vialidades. En Xoco todo ha ido para mal.
Respecto del tránsito de automóviles, éste ha aumentado de forma considerable, causando contaminación del aire y también por ruido. Tan sólo las dimensiones del estacionamiento de Mítikah son muestra de la demanda que se espera: tiene la capacidad para 13 mil 800 vehículos.
Adicionalmente, al privatizar la calle Real de Mayorazgo, los automovilistas tienen que cambiar sus rutas optando por la lateral de Río Churubusco, lo que genera una mayor afluencia en una sola vialidad. La pérdida de esta calle también dificulta el acceso al metro en favor de los 13 mil vehículos que se esperan, según las modificaciones al proyecto autorizadas por los gobiernos de Ebrard y de su sucesor, Miguel Ángel Mancera.
La construcción de Mítikah se expandió más allá de lo acordado, limitando el espacio que los vecinos utilizaban para llegar a las vialidades que los conectan con el resto de la ciudad. Don Álvaro Rosales denuncia que se apropiaron de 19 metros cuadrados del pueblo.
La contaminación del aire y por ruido no es la única violación al derecho humano al medioambiente sano: Mítikah ha sido sinónimo de ecocidio. Tan sólo en 2019, la empresa Fibra Uno taló más de 50 árboles, según reportes de la prensa. Los trabajadores de Mítikah cerraron el paso con láminas para esconder el ecocidio. Utilizaron camionetas con placas del Estado de México y sellos del Gobierno de la Ciudad de México de la administración anterior de manera ilegal, informó en su momento la Secretaría de Medio Ambiente capitalina. Esto ocurrió en un contexto de revisión de permisos otorgados a Mítikah, pero la empresa rompió comunicación en las mesas de diálogo.
Como supuesta reparación del daño, en la entrada del complejo inmobiliario se plantaron nuevos ejemplares arbóreos. Sin embargo, éstos no están integrados al ecosistema, por lo que no cumplen su función como área verde. Sus raíces chocarán con el techo del estacionamiento.
Aquí, la alcaldía Benito Juárez no cumple con la cantidad de áreas verdes indicada por los reglamentos. De acuerdo con la Sedema, la superficie de área verde promedio por habitante en la Ciudad de México es de 7.54 m². El promedio de Benito Juárez es de 2.2 m².
Desde el 28 de junio de 1999, el derecho al medio ambiente se instituyó en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”, señala la CNDH.
Agrega que, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, el medio ambiente tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general.
Mítikah no sólo es la torre más alta de la Ciudad de México, y la tercera del país –constituida por dos torres –una de ellas de 68 pisos–, un edificio de 23 niveles, y un hospital–, sino que quizá es el megaproyecto inmobiliario que más daño ha causado a un pueblo originario en la Ciudad de México y entraña una grave amenaza el patrimonio cultural y biológico.
Listas, las denuncias contra Mítikah
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México (Cejur) presentará denuncias contra los desarrolladores inmobiliarios de la Torre Mítikah ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. “Están listas las denuncias”, señaló Néstor Vargas Solano, titular de la Cejur.
Consultado por Contralínea el 3 de diciembre pasado durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que las denuncias derivan por las violaciones de Fibra Uno –desarrolladores del proyecto Mítikah–, a la Ley de Desarrollo Urbano y al Reglamento de Construcciones. Dichas violaciones implican sanciones penales.
Asimismo, el consejero jurídico de la capital indicó que también se advierten funciones de carácter administrativo. “Vamos a dar vista a la Contraloría General a efecto de que haga las investigaciones pertinentes en el caso de servidores públicos que estuvieron involucrados”.
Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Carlos Alberto Ulloa Pérez –secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), señaló que persiste el interés de la desarrolladora por continuar con el proyecto. Pese a que la Secretaría no ha emitido ninguna autorización.
Por otra parte, indicó que actualmente la Seduvi y el pueblo originario de Xoco han llegado a acuerdos a través de mesas de trabajo. Al respecto, hizo mención del centro de salud “a cargo de la desarrolladora”. Asimismo, señaló, “se construyó el pozo –que conectará a la red hidráulica de la Ciudad de México– y se hizo la adecuación vial”.
Se busca que se cumpla con las medidas de mitigación por las afectaciones al pueblo originario de Xoco, enfatizó Ulloa Pérez. “Aún faltan un porcentaje mínimo, aún faltan cumplir con esas medidas de mitigación, pero estamos pendientes”.
El secretario señaló que se insiste porque se cumplan con las medidas establecidas. De no hacerlo, subrayó, los permisos de autorizaciones y liberaciones no serán dadas. (Andrea Gómez)
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Xoco resisteMítikah ya abrió sus puertas, sin embargo, la lucha no se detiene. Nuevos elementos de seguridad con pulcros uniformes, tiendas departamentales de lujo en funcionamiento y un creciente flujo de visitantes reflejan el avance de Mítikah en la zona. Sin embargo, su triunfo no es definitivo: pese las presiones de las autoridades, los habitantes de Xoco mantienen una actitud combativa.
Una de las primeras victorias ganadas por los habitantes fue conseguir la denominación de “Pueblo originario” en 2017, debido a que han mantenido su estructura social y política. Y como Mítikah no es un fenómeno aislado –pues de acuerdo con el Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México, se iniciarán 24 proyectos estratégicos–, actualmente la Asamblea de Xoco se suma a las manifestaciones de otros habitantes organizados que se oponen a las megaobras. Ejemplo de ello fue la protesta pacífica realizada el 20 de noviembre de 2022 afuera del complejo comercial organizada por “De Batl Contra la Ciudad Mercancía”.
A la reunión asistieron integrantes de la Asamblea, pobladores de la localidad, así como representantes de la música de protesta, entre ellos David D Omni, rapero cubano que permanece en el exilio y Fernando Barrios mejor conocido como El Mastuerzo, quienes fueron los jueces de los encuentros. También hubo una fuerte movilización policial que, en más de una ocasión, trató de mover a los manifestantes. Ante las manifestaciones y acciones de resistencia del pueblo de Xoco, El Mastuerzo, ícono de la canción de protesta, comentó: “qué bueno que se hagan, a pesar de que ya está esta cosa, como tantas otras cosas, el solo proceso de resistencia, el vivir ese proceso es importante; que se escuchen las voces que son disidentes de este tipo de proyectos que atentan contra la cultura de un pueblo, en este caso el pueblo de Xoco”.
El complejo es la muestra más acabada de cómo se decidió favorecer a los desarrolladores inmobiliarios sobre el pueblo originario. Aunque las acciones para concretar la construcción de Mítikah están casi concluidas, los habitantes de Xoco se mantienen en pie de lucha para defender su localidad y tradiciones. Si una torre atrae más torres, el activismo también se contagia. |
Xoco resiste
Mítikah ya abrió sus puertas, sin embargo, la lucha no se detiene. Nuevos elementos de seguridad con pulcros uniformes, tiendas departamentales de lujo en funcionamiento y un creciente flujo de visitantes reflejan el avance de Mítikah en la zona. Sin embargo, su triunfo no es definitivo: pese las presiones de las autoridades, los habitantes de Xoco mantienen una actitud combativa.
Una de las primeras victorias ganadas por los habitantes fue conseguir la denominación de “Pueblo originario” en 2017, debido a que han mantenido su estructura social y política. Y como Mítikah no es un fenómeno aislado –pues de acuerdo con el Plan de Reactivación Económica de la Ciudad de México, se iniciarán 24 proyectos estratégicos–, actualmente la Asamblea de Xoco se suma a las manifestaciones de otros habitantes organizados que se oponen a las megaobras. Ejemplo de ello fue la protesta pacífica realizada el 20 de noviembre de 2022 afuera del complejo comercial organizada por “De Batl Contra la Ciudad Mercancía”.
A la reunión asistieron integrantes de la Asamblea, pobladores de la localidad, así como representantes de la música de protesta, entre ellos David D Omni, rapero cubano que permanece en el exilio y Fernando Barrios mejor conocido como El Mastuerzo, quienes fueron los jueces de los encuentros. También hubo una fuerte movilización policial que, en más de una ocasión, trató de mover a los manifestantes. Ante las manifestaciones y acciones de resistencia del pueblo de Xoco, El Mastuerzo, ícono de la canción de protesta, comentó: “qué bueno que se hagan, a pesar de que ya está esta cosa, como tantas otras cosas, el solo proceso de resistencia, el vivir ese proceso es importante; que se escuchen las voces que son disidentes de este tipo de proyectos que atentan contra la cultura de un pueblo, en este caso el pueblo de Xoco”.
El complejo es la muestra más acabada de cómo se decidió favorecer a los desarrolladores inmobiliarios sobre el pueblo originario. Aunque las acciones para concretar la construcción de Mítikah están casi concluidas, los habitantes de Xoco se mantienen en pie de lucha para defender su localidad y tradiciones. Si una torre atrae más torres, el activismo también se contagia. |
“Sin presupuesto” para los daños
El derecho humano a la salud es otro que ha sido vulnerado en casos concretos. María Concepción Flores es un ejemplo de ello. Durante la etapa de construcción de la plaza, sufrió una caída debido a negligencias de los desarrolladores que no ponían advertencias en las excavaciones. Esto le ocasionó un daño neuronal.
“Cuando estaban poniendo el piso en la obra de mitigación, pese a que es zona federal, esa banqueta ellos la rompieron, entonces, yo cuelgo mis cosas ahí. A las seis de la mañana yo abro mi cortina y en cuanto pisé la banqueta se desmoronó. La picaron por abajo y dejaron el cascarón, me caí. Tengo lesión en la quinta y sexta vértebra, también desplazamiento de vértebras que me está oprimiendo el nervio. No tengo mucha movilidad en este brazo, no puedo cargar cosas de más de tres kilos, no puedo dormir, mi vida cambió muchísimo, radicalmente”.
María Flores comenta que, al inicio, representantes de la Sedema le proporcionaban facilidades para que acudiera al médico; la acompañaban a las consultas y le brindaban las medicinas. Sin embargo, la entrega de los medicamentos no era oportuna, pues ella tenía que insistir para que se le suministraran.
Con el deterioro de la salud de María, el apoyo de los representantes de Mítikah disminuyó. Luego de estudios y exámenes físicos, se diagnosticó con daño neuronal, por lo cual se le refirió con un especialista. Después de esto, los representantes de la plaza retiraron su apoyo por “falta de presupuesto”.
“Hasta que un día vinieron ellos y me dijeron: ‘la empresa dice que, con la pena, ya no hay presupuesto para atenderla, con este medicamento termina nuestra ayuda para usted, ya no podemos hacerle nada’”.
Tras varios intentos de contactar a Mítikah para que le restablecieran el apoyo, ellos mantuvieron su versión sobre la falta de presupuesto, dejando a la señora María con un daño físico sin atender que ha modificado por completo su dinámica familiar y económica.
Desde su caída, la señora María requiere ayuda para continuar con el trabajo en su tienda de abarrotes ubicada en Xoco. Su esposo abandonó su empleo para poder seguir con su negocio y estar al pendiente de su esposa, pues requiere de cuidados constantes. Esto, además del aumento de los impuestos, redujo sus ingresos. Se imposibilitó su acceso a atención médica privada, lo que empeora su condición.
“Cambiaron mi vida porque dejé de ser útil. Todavía soy una persona que tiene que comer, que se tiene que mantener y no puedo hacerlo porque, ¿cómo lo hago si no puedo? Mi esposo tenía su trabajo, porque este era mío [refiriéndose a la tienda]. Él tuvo que dejar su trabajo para venirse para acá, dejamos de percibir un sueldo más”. Hasta la fecha, la señora María continúa con malestares físicos ocasionados por las obras de construcción de Mítikah y sin respuesta por parte de las autoridades. |
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