Con Osorio Chong se desviaron 2 mil millones en sobres lacrados de Gobernación

En los 5 años en los que el priísta Osorio Chong estuvo al frente de la Secretaría de Gobernación, la dependencia utilizó una caja fuerte en la que guardaba dinero en efectivo y en cheques dentro de sobres lacrados para atender operativos de seguridad nacional y emergencia. Su manejo no sólo fue discrecional, sino que permitió un desvío de recursos públicos por más de 2 mil millones de pesos. La denuncia en la FGR apunta a Frida Martínez Zamora –brazo derecho del ahora legislador y exfuncionaria del Cisen, quien se encuentra prófuga de la justicia– y a otros 18 exservidores públicos de la institución

Bajo el argumento de proteger la seguridad nacional y combatir a la delincuencia organizada, el gobierno de Enrique Peña Nieto responsabilizó al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del uso de recursos públicos –depositados en efectivo y cheques en sobres lacrados, que se guardaban en una caja fuerte en esa secretaría de Estado– para el gasto operativo de grupos especiales de la policía, dedicados supuestamente a combatir a los cárteles de la droga y para la adquisición de equipo bélico y de telecomunicaciones que les permitiera mantener bajo vigilancia y protección al país.

El hidalguense Osorio Chong, actual senador de la República y coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue en el sexenio pasado el súper secretario encargado de la política interna, responsable de la seguridad nacional y mandamás de las principales operaciones policiales federales. En su oficina se tomaban las decisiones más importantes en materia de seguridad de la nación.

Así que en cada operativo de seguridad pública relevante o de emergencia se ordenaba a la entonces secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora –brazo derecho y mujer muy cercana a Osorio Chong desde que este fue gobernador en Hidalgo– abrir la caja fuerte y sacar de los sobres lacrados el dinero en efectivo o en cheques firmados y aprobados previamente que debía ser empleado en las operaciones policiales.

Para “justificar” ese gasto millonario, la exfuncionaria policiaca sólo tenía que escribir el motivo de dicho gasto y ese oficio se metía en el mismo sobre de donde se había sacado el dinero. No obstante, cuando el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, se encontraron con la famosa caja fuerte a cargo de Gobernación: todos los sobres estaban abiertos, sin embargo muchos de ellos no tenían el documento que “justificaba” el gasto. Para ese entonces, funcionarios del gobierno anterior explicaron que allí se guardaba el dinero en efectivo y en cheques para los operativos de seguridad nacional, sobre todo aquellos de urgente atención.

Al revisar cada uno de los sobres lacrados, ninguno de ellos tenía ya dinero: habían sido vaciados y el faltante ascendía a más de 2 mil millones de pesos. Por esa cantidad, tampoco había documento alguno que justificara el monto extraído.

La anomalía motivó que se presentara una denuncia penal en la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable del delito de desvío de recursos públicos, por lo que se integró un expediente penal y el ministerio público solicitó a un juez federal librar las órdenes de aprehensión respectivas, mismas que fueron expedidas en 2020 en contra de 19 exservidores públicos de la Secretaría de Gobernación, entre ellos Frida Martínez Zamora, quien hasta ahora sigue prófuga de la justicia y es buscada también por Interpol al contar con ficha roja.

Lo curioso de este caso de corrupción –por miles de millones de pesos en perjuicio del erario federal– fue que cuando Osorio Chong se enteró de la investigación en su contra, de inmediato solicitó audiencia en Palacio Nacional, en donde al ser atendido por un importante funcionario, el senador le pidió clemencia para él y para su colaboradora cercana Frida Martínez Zamora.

Como el expediente abierto en su contra estaba prácticamente concluido en la FGR, la respuesta del funcionario a Osorio Chong fue contundente: “puedes asumir tú la responsabilidad de ese desvío de miles de millones de pesos o le corresponde a Frida Martínez afrontar la justicia, porque ella es quien tenía bajo su resguardo ese dinero”.

Sin pensarlo mucho, la respuesta del exsecretario Osorio fue: “sólo les pidió que no sean muy duros con Frida”.

Frida manejaba dinero del Cisen y de la Policía Federal

Meses después de concluir la administración de Enrique Peña Nieto, la sociedad esperaba los primeros resultados del tan cacareado combate a la corrupción y las denuncias penales en contra de miembros de ese gabinete priísta que se había servido con la cuchara grande del presupuesto público.

Con la llegada al poder del principal grupo político opositor del país, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el mismo expresidente Peña Nieto y varios de sus secretarios de Estado y directores de paraestatales estaban a la expectativa y nerviosos por conocer contra quiénes saldrían las primeras órdenes de aprehensión por corrupción y peculado, que es el desvío de recursos públicos y, lo más grave, por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, sin descontar las complicidad con cárteles del narcotráfico.

Así observamos cómo iban cayendo en desgracia la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles; el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya; exgobernadores y otros más, sin dejar de mencionar que en Estados Unidos sigue preso Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón y quien también cuenta con órdenes de aprehensión en México.

A menos de dos años de concluir el actual sexenio, hay otros exfuncionarios del gobierno anterior que tienen procesos penales abiertos en la FGR y otros ya tienen órdenes de aprehensión que no han sido cumplimentadas porque están prófugos en el extranjero.

El caso en donde está involucrado Osorio Chong y hay órdenes de aprehensión contra 19 exfuncionarios subalternos por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, apunta directamente contra Frida Martínez Zamora, quien se había desempeñado en importantes cargos públicos en donde se manejaban grandes cantidades del dinero vinculado a la seguridad nacional, es decir que no tenían que justificarse los gastos ni someter a concurso las asignaciones de contratos y compras, por lo cual éstas se hacían con sobreprecio.

Martínez Zamora fue jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano de lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el famoso Cisen, en donde devengaba un salario bruto de 189 mil 944.30 pesos, más prestaciones, bonos y acceso ilimitado a fondos públicos para operaciones especiales; de allí pasó a ser secretaria general de la Policía Federal, en donde administraba bienes, autorizaba licitaciones, adjudicaba contratos de bienes y servicios y tenía bajo su cargo todo el manejo de recursos financieros y humanos.

Los 19 implicados de Gobernación

En agosto de 2020, después de dos años de investigación, la Fiscalía General de la República presentó un escrito ante un juez de control con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que solicitó girar órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del círculo cercano al priísta Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en el sexenio pasado, incluidos Jesús Orta Martínez y Frida Martínez Zamora.

Entre los 19 imputados por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita son: Orta Martínez, Frida Martínez Zamora, Carlos Hipólito Rivera Codina, Eleuterio Enrique Pérez Romero, Everardo Guzmán Linares, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rojas, Osvaldo Martínez Hernández, Leonel Ignacio Orozco Padilla, Leopoldo Martínez Escamilla, Ramón Jesús Sánchez Cañedo, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Édgar Ulises Calderón Luna, Israel Luna Espinosa, José Manuel Correa Flores, María Eldy Sosa Calderón, Verónica Tlahuitzo Pérez, Carmen Patricia Quiñones Piña, y Mercedes Hernández Rodríguez.

La cercanía de Osorio Chong con Orta Martínez se remonta al sexenio pasado, cuando éste se desempeñó primero como director general en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y después como secretario general en la administración de recursos de la Policía Federal.

Frida Martínez fue subordinada de Osorio al fungir como secretaria general de la Policía Federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto y desde 2004 estuvo como representante ante el Instituto Electoral cuando Osorio Chong fue candidato a gobernador de Hidalgo, en donde al sumir el cargo la nombró directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor del gobierno estatal.

Otros colaboradores en la Policía Federal fueron: Eleuterio Enrique Pérez Romero, Carlos Hipólito Rivera Codina, Édgar Ulises Calderón Luna, Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, Francisco Javier Cruz Rosas, Osvaldo Martínez Hernández, Israel Luna Espinosa, y José Manuel Correa Flores.

Investigación contra Osorio empezó en 2019

Desde 2019, Contralínea dio cuenta de la investigación penal abierta en contra del exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong, quien en los 5 años que estuvo al frente de Gobernación (2012-2017) se asignaron sin licitar y de manera irregular cientos de contratos por miles de millones de pesos a empresas privadas previamente seleccionadas por funcionarios de esa dependencia.

Las operaciones con dinero público que se hicieron sin transparencia y violentando la ley, bajo el concepto de “seguridad nacional”, están perfectamente identificadas en documentos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en la Dirección General Adjunta Penal y Civil y en el Órgano Interno de Control (dependiente de la Secretaría de la Función Pública), con la presunción de que hubo corrupción y complicidad de servidores públicos que pagaron del erario bienes y servicios a precios elevados supuestamente a cambio de comisiones y sobornos.

Esas autoridades tienen clasificados cientos de contratos como de “riesgo alto e intermedio”, pues según los documentos oficiales se vulneró la fracción IV del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), porque se otorgaron sin licitación y bajo la premisa de que se ponía en riesgo la seguridad nacional y la seguridad pública, lo cual era falso.

Dicho expediente revela abuso de poder y un manejo irregular de recursos públicos en el gobierno anterior, lo que ocasionó “responsabilidad patrimonial del Estado, un eventual daño a la imagen de la Secretaría de Gobernación y cuantiosos pasivos laborales, lo que se traduce en litigios en proceso para determinar la cuantía y las partes involucradas”.

En una revisión sobre algunos de los contratos asignados de manera directa por Gobernación a 16 empresas privadas, personas físicas y una asociación civil, todo bajo el concepto de “seguridad nacional”, el gasto público ascendió a 1 mil 415.2 millones de pesos, pero como son cientos de contratos y convenios asignados de manera irregular, el daño patrimonial ascendería a más de 3 mil millones.

Contralínea solicitó en aquel momento al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tener acceso a los contratos respectivos, pero ese órgano de “transparencia” los negó por ser contratos supuestamente de “seguridad nacional”, ahora tres años después siguen pendientes de ejecución órdenes de aprehensión contra exservidores públicos que desviaron recursos millonarios.

En aquel entonces publicamos que las empresas privadas, personas y sociedades civiles beneficiadas con estos 19 contratos fueron entre otras: Comtelsat, DGRM Health, Telmex, Matra Comunication de México, Efectivale, Casa Álvarez Gourmet, King Mar Mexicana, XA Services, Marco Antonio Sandoval Rodríguez, Pro Ayuda a la Mujer, Reisco Operadora de Servicios, Agel Ingeniería, KE Fibertec, Viajes Premier y RCU Sistemas.

Entre las adquisiciones hechas bajo el supuesto de “seguridad nacional” están: compra de alimentos para empleados de Gobernación y personas externas; viajes en avión para servidores públicos y migrantes; servicios de jardinería, aseo y limpieza; servicio integral de voz, datos y video; diagnósticos para Centros Federales de Readaptación Social; servicio de telefonía convencional, largas distancias, conducción de señales analógicas, digitales e internet; plataformas electrónicas; protección, custodia, vigilancia y seguridad de inmuebles; apoyo, análisis, diagnóstico, elaboración y seguimiento de apoyo tecnológico; fumigación y control de plagas; limpieza de inmuebles, y mantenimiento de equipos de aire acondicionado.

En la fracción IV del artículo 41 de la LAASSP, relativo a “seguridad nacional”, se precisa los criterios que se deben utilizar para la asignación directa de contratos: “Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia. No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción, los requerimientos administrativos que tengan los sujetos de esta ley”.

En los informes oficiales se especifica que en los primeros 5 años del gobierno anterior, la Secretaría de Gobernación –a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, actual coordinador del PRI en el Senado de la República–dispuso indebidamente de recursos públicos para la compra de bienes y la contratación de servicios sin control alguno, muchos de esos contratos son plurianuales hasta el año 2022, lo que representa una responsabilidad patrimonial del Estado y posibles desvíos de fondos al erario.

En auditorías e investigaciones que se han hecho al interior de la Secretaría de Gobernación, se identifican contratos clasificados como de “riesgo alto” y “riesgo mediano” por su nivel de corrupción en “servicios prestados, compromisos trascendentales, servicios prestados aún no formalizados y litigios”, de acuerdo con su “cuantía, responsabilidad patrimonial del Estado, determinación de las partes involucradas, pasivos laborales y eventual daño a la imagen de la Segob”.

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