La Fiscalía General de la República confirmó que investiga a Tomás Zerón de Lucio –exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y prófugo de la justicia por el caso Ayotzinapa– y otros altos exfuncionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto, por la presunta venta ilegal de licencias del software espía Pegasus.
Luego de que el pasado 14 de octubre Contralínea le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador si tenía conocimiento de los avances sobre dicha denuncia, la FGR dio a conocer que tiene abiertas dos carpetas de investigación, de las cuales una se refiere a estos hechos delictuosos en contra de Zerón de Lucio. Esta carpeta, además, involucraría al exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam –actualmente preso–; al exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; a su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; al exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ya extinto Cisen, Alberto Bazbaz; Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas; y a los extitulares de la PGR, Alberto Elías Beltrán y Raúl Cervantes.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que la primera carpeta de investigación es por “la adquisición por parte de la entonces Procuraduría General de la República, durante el sexenio anterior, del equipo de inteligencia ‘PEGASUS’, por la cantidad de 456 millones 843 mil 149 pesos, sin que existiera justificación para su celebración y evadiendo los procedimientos de licitación pública, así como el uso irregular de la partida de Gastos de Seguridad Pública y Nacional.
“En dicha investigación se advierte la existencia de un concurso de delitos consistentes en peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa; y cuyos presuntos responsables fueron Tomás ‘Z’, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, así como otros servidores públicos que, por razón de secrecía y viabilidad procesal, no se identifican en este momento. Actualmente se está gestionando la solicitud de orden de aprehensión contra quien proceda, así como las pautas para ejercitar acción penal”.
Agregó que, “por lo que toca al uso de dichos equipos, se estará en posibilidad de ampliar la acción penal por los delitos vinculados por el espionaje ilegal, en el momento procesal en que se obtenga información al respecto”.
El viernes pasado, el presidente López Obrador exhortó a la Fiscalía a informar en qué situación se encontraba la indagatoria por la presunta venta ilegal de licencias Pegasus, iniciada después de que se descubriera un centro clandestino de espionaje ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443. En ese lugar, supuestamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga, se aseguraron centenas de grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del actual gobierno federal, incluidas del presidente López Obrador.
Consultado por Contralínea, el primer mandatario advirtió que el centro de espionaje clandestino ubicado en Santa Fe, que hizo intercepciones ilegales de comunicaciones presuntamente con el malware Pegasus, está relacionado con el Pejeleake, “que se echó a andar, entre otros planes, para espiarnos”. Al respecto señaló que “ya hay mucha información sobre eso. Pero que sea la Fiscalía la que informe. Es un buen tema y hay que ir al fondo”.
Respecto de la segunda carpeta de investigación, la FGR informó esta tarde que “existe, en este caso, un procedimiento por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos, en la cual el 26 de agosto de 2021, esta Fiscalía ejerció acción penal a través de la obtención de una orden de aprehensión en contra de Juan Carlos ‘N’ [Juan Carlos García Rivera, empleado de Proyectos y Diseños VME, SA de CV, empresa representante en México de NSO Group, desarrolladora de Pegasus], por su probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones; todo ello como coautor material de dicho hecho delictivo”.
Al respecto, la Fiscalía detalló que “en este caso se solicitó aplicación de la agravante prevista en artículo 51 del Código Penal Federal, que establece que la pena se incrementará cuando el delito se comete en contra de la libertad de expresión. El 1 de noviembre de 2021, se cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Juan Carlos ‘N’ y fue puesto a disposición de la autoridad judicial”.
La FGR añade en su comunicado que “el 6 de noviembre de dicho año, el juez de control determinó vincular a proceso al imputado, así como también la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por existir riesgo de fuga y posibilidad de intervención en el desarrollo de las investigaciones. En este caso se han presentado ante la autoridad judicial, las notas de prueba que señalan que la empresa NSO Group vendía ilegalmente el sistema ‘PEGASUS’ mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas. Conforme se vaya obteniendo mayor información al respecto, se dará a conocer”.
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