El próximo 1 de agosto se realizará la primera consulta popular en el país, un ejercicio de democracia participativa que preguntará la pertinencia de esclarecer las decisiones políticas que provocaron violaciones a derechos humanos y que se ha enfocado en cinco figuras de la vida pública de México: los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Expertos consultados consideran que el alcance de la consulta es uno: conocer si los mexicanos consideran prioritario que se haga justicia en los posibles casos de delitos, crímenes de lesa humanidad y/o faltas administrativas cometidas por servidores públicos del pasado.
La opinión que manifieste la ciudadanía, sin embargo, no modificará la obligación constitucional que tienen las autoridades de investigar y, en su caso, sancionar conductas delictivas, así como de reparar el daño infligido a las víctimas, por lo que el resultado tendrá un valor más bien simbólico. La convocatoria apela a la responsabilidad del Poder Ejecutivo de iniciar acciones de esclarecimiento, como comisiones de la verdad que investiguen determinados periodos, explican especialistas consultados por Contralínea.
“Lo que se está testeando es qué tanto quiere la gente que se investiguen estos actos administrativos. Pero el resultado no afecta en un ápice los derechos de las víctimas porque éstos no están sometidos a la decisión mayoritaria”, explica Karina Ansolabehere, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En la consulta popular –mediante voto libre, secreto, directo, personal e intransferible– sólo puede ganar el “Sí” o el “No”. Pero ambos resultados se enfrentan a la posibilidad de no ser vinculantes, es decir, de no comprometer a las autoridades competentes a emprender acción alguna.
La Ley Federal de Consulta Popular –publicada en 2014 y reformada en abril de 2021– establece que el resultado de la consulta es vinculante (durante los 3 años siguientes) siempre que la participación ciudadana sea equivalente o superior al 40 por ciento de la lista nominal de electores. En este caso, será necesaria la participación de 37 millones 376 mil mexicanos para que el ejercicio surta efecto.
Para que se emprendan procesos de investigación por posibles delitos y faltas administrativas, cualquier instancia e individuo que tenga en su poder elementos probatorios está obligado a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o las fiscalías generales de justicia estatales.
Sin embargo, si el “Sí” resulta ganador y la consulta es vinculante, además del procedimiento regular, una de las posibles salidas del ejercicio es la construcción de comisiones de la verdad en las que se pueda reunir evidencia y reconstruir cómo operaron los mecanismos que generaron una crisis de derechos humanos en el país, señala la doctora en ciencias sociales Karina Ansolabehere.
Las comisiones habrían de centrar su atención en los crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a derechos humanos como punto de partida para avanzar, después, sobre decisiones políticas diversas. La estrategia sería construir comisiones que investiguen periodos determinados y entiendan la violencia de forma estructural para esclarecer las decisiones políticas: “más que concentrarse en casos emblemáticos habría que definir temporalidades y decir qué sucedió”, afirma la especialista.
Por su parte, la doctora en ciencias sociales Laura Beatriz Montes de Oca Barrera expone a Contralínea que, en efecto, la creación de una comisión de la verdad es uno de los posibles resultados de la consulta. Y a ésta la define como un espacio en el que las organizaciones de defensa de los derechos humanos puedan encontrar instrumentos para avanzar en su lucha. Sin embargo, advierte que, dada la ambigüedad de la pregunta, difícilmente se obtendrá un resultado que permita a la población sentirse escuchada.
La doctora Montes de Oca Barrera, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, considera que el tema no es apto para una consulta, ya que no se está cuestionando sobre acciones específicas. La opinión sobre la pertinencia de juzgar a los expresidentes (objetivo original de la consulta propuesta) es un tema propagandístico, “taquillero”, pero que no incide directamente en la vida de los mexicanos, afirma.
Al respecto, el especialista en derecho constitucional José Luis Mancilla Rosales explica que son las labores posteriores a la consulta las que harán que valga la pena el ejercicio: “las acciones que se lleven a cabo por las autoridades competentes son lo que hará valioso este proceso de participación ciudadana, porque de lo contrario parecería que son simple y llanamente buenas intenciones”.
El resultado de la consulta no tendrá un efecto jurídico, pero sí tendrá utilidad desde la perspectiva social y podría servir como contexto en un proceso de investigación. “Podría ser una forma de reflejar que existe una exigencia de poner un ‘hasta aquí’ a las acciones de servidores públicos, de instancias gubernamentales que, desgraciadamente, de manera reiterada violan una serie de derechos fundamentales de todos los mexicanos. Una suerte de clarificar, de colocar una exigencia social y poner los focos aún más rojos sobre la importancia de que se cumpla con la Constitución y las leyes”, expone, entrevista con Contralínea, el especialista en estado de derecho y gobernanza global.
Si la respuesta afirmativa a la consulta no llega a ser vinculante, se corre el riesgo de que el ejercicio democrático tenga como resultado lo opuesto a su objetivo: que la sociedad pueda sentirse más agraviada por haber sido utilizada de manera político-electoral, advierte el jurista Mancilla Rosales.
La del próximo 1 de agosto no sólo es la primer consulta popular que se hará en México, sino que es también el primer ejercicio de participación ciudadana con potencial carácter vinculante, destaca la doctora Laura Beatriz Montes de Oca. La especialista en estructuras y sistemas asociativos de gobernanza reflexiona que “ya tenemos muchos espacios de participación no vinculantes (como los consejos consultivos o los comités vecinales); si agregamos otro mecanismo se va perdiendo credibilidad y la ciudadanía termina por no querer participar”.
Si este 1 de agosto la ciudadanía expresa no tener acuerdo con que se realicen acciones encaminadas a garantizar justicia a las víctimas, la respuesta será también meramente simbólica, independientemente de si la consulta es vinculante o no. La respuesta expresará que el tema no es considerado prioritario por la población mexicana, mas no producirá ningún efecto legal.
La primera consulta popular en el país tendrá lugar luego de que, en septiembre de 2020, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como una iniciativa ciudadana –que reunió 2.5 millones de firmas– presentaron la propuesta de consulta al Senado de la República. En octubre del mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó una versión modificada de la pregunta tras considerar inconstitucional la formulación original.
“A pesar de las fallas de origen, de que esta consulta no tiene mucha materia para que resulte en algo favorable que impacte en la vida de las personas, la ciudadanía sí tendría que participar y exigir que se creen comisiones de la verdad o algunos otros mecanismos para generar este proceso de esclarecimiento de las decisiones del pasado”, considera la investigadora Montes de Oca Barrera.
Por su parte, la doctora Karina Ansolabehere valora que la importancia del ejercicio reside en la posibilidad de abrir un debate público sobre el tema. “Lo que está generando la consulta, independientemente de su resultado, es un debate público intenso donde hay muchas miradas y muchas perspectivas puestas sobre la mesa. Eso ya vale la pena: hacer despertar y embarcarnos en un debate intenso sí tiene un efecto en la vida pública en las sociedades democráticas”, concluye.
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