Por primera vez en México, el próximo 1 de agosto se celebrará una consulta popular para que la ciudadanía decida si se investiga y enjuicia a servidores públicos relacionados con delitos de corrupción y de crímenes de lesa humanidad, en especial a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Por ello este ejercicio democrático debe servir para hacer memoria histórica, colectiva, de las graves violaciones a derechos humanos que ha padecido el país, incluidas las grandes represiones.
La próxima consulta popular invita a reflexionar qué tan informada está la sociedad mexicana sobre la situación actual de las víctimas, en qué periodos sucedieron violaciones a derechos humanos, bajo la responsabilidad de qué actores políticos y como consecuencia de qué tipo de decisiones, considera la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Silvia Chico.
“Si no hay una voluntad política de entender el problema es muy difícil lograr que el país reconozca la crisis humanitaria por la que atraviesa México: el llamado es a mirar, a que el país conozca la dimensión de las graves violaciones a derechos humanos, los datos, las afectaciones, la destrucción del tejido social, la condición de los territorios y las comunidades donde se han producido”, explica la especialista en políticas públicas.
En entrevista con Contralínea, reflexiona que sin importar el tipo de delito, para que se procure y administre justicia y los responsables sean investigados, vinculados a proceso y juzgados no se necesita una consulta popular; sin embargo, ya que la consulta está en puerta, lo importante no es cuestionar su pertinencia sino invitar a la sociedad a que conteste y esté del lado de las víctimas, a que se respeten y hagan posibles sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño.
En este esfuerzo colectivo por recuperar la memoria histórica de los crímenes de lesa humanidad no se puede olvidar que en el sexenio del priísta Carlos Salinas se reprimió brutalmente a los indígenas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994 en Chiapas, como parte de la rebelión encabezada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Del sexenio de Ernesto Zedillo es imprescindible recordar las masacres de Aguas Blancas (Coyuca de Benítez, Guerrero, 28 de junio de 1995), Acteal (Chiapas, 22 de diciembre de 1997), El Charco (Guerrero, 7 de junio de 1998); del gobierno de Vicente Fox, la represión a los ejidatarios y simpatizantes del movimiento de resistencia de San Salvador Atenco (Estado de México, 3 y 4 de mayo de 2006); del sexenio de Felipe Calderón, cientos de crímenes de lesa humanidad acontecidos en el contexto de su declaratoria de “guerra” contra el narcotráfico, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas; y del de Enrique Peña, por ejemplo, la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa (Guerrero, 26 de septiembre de 2014).
En su primer Informe especial sobre violencia política del Estado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que, entre 1950 y 2016, los aparatos gubernamentales son responsables de diversos crímenes de lesa humanidad. “Las primeras huellas de la violencia política de Estado en México se encuentran en casos paradigmáticos represivos de inicio de la década de 1950: en los operativos coordinados por el Estado Mayor Presidencial contra manifestantes del 1 de mayo de 1952, por ejemplo, y contra los militantes del henriquismo el 7 de julio del mismo año”.
El documento –elaborado por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente– señala que, antes y después de 1968, la violencia política respondió a un mismo fin: “eliminar al ‘enemigo’ política y/o físicamente para garantizar un sistema de aparente ‘estabilidad’ y ‘democracia’, sin los riesgos de la democracia”.
Asimismo, identifica que los gobiernos priístas y panistas analizados usaron en la represión cuerpos policiales vestidos de civil, grupos de choque, el enterramiento o cremación de los asesinados, la muerte clandestina, la desaparición forzada y, finalmente, la desaparición de dichos hechos en los archivos para “borrar sistemáticamente las huellas del engranaje represivo”. Respecto de las masacres, apunta que “al dejar cuerpos moribundos frente a nosocomios, en las prisiones políticas, y hasta en los caminos y las carreteras, la violencia se presenta también de manera performativa y ejemplarizante”.
La importancia de investigar a los expresidentes reside en aclarar la responsabilidad del Estado e identificar a los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos que han sucedido en México durante las últimas décadas.
Sin embargo, para ello se requiere de investigaciones que analicen la “macrocrimindalidad”, es decir, que no enfoquen como fenómenos aislados a delitos como las desapariciones, los homicidios selectivos o el control territorial, sino que busquen cómo se interrelacionan, explican los especialistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Por ejemplo, para que se juzgue a un expresidente como Felipe Calderón Hinojosa por los crímenes cometidos durante la denominada “guerra contra el narcotráfico”, tendría que producirse una investigación que demuestre que hubo ataques sistemáticos y generalizados contra un grupo de la población civil, que la autoridad tenía conocimiento deliberado de los sucesos y no hizo nada, explica Edgar Cortez.
“Nadie niega que hay miles de desapariciones en las que pudieron haber participado miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Federal, pero lo que no existe es un trabajo de investigación que muestre la relación entre una operación concreta y una política deliberada desde el gobierno federal. Se puede plantear como hipótesis, pero la única institución que podría desarrollar una investigación para eso es la Fiscalía General de la República y hasta la fecha no ha sucedido ni parece que vaya a suceder en el corto plazo”, señala el defensor de derechos humanos.
El tipo de investigación que requiere un proceso de justicia como el que insinúa la consulta popular requiere que los Ministerios Públicos, las policías de investigación, los peritos, la Fiscalía General de la República en general tengan la capacidad de investigar con un enfoque de “macrocrimindalidad”, es decir, que interrelacione diversos delitos producidos por actores criminales, empresariales y políticos.
“No hay antecedentes en México de este tipo de investigaciones. Y si no se procura justifica desde la Fiscalía mucho menos podemos esperar que los casos lleguen ante un juez. Es poco probable que lleguemos a una sentencia a menos de que exista toda una acción detrás de preparación y de voluntad política para que las instituciones de México quieran llegar a instancias internacionales”, concluye Silvia Chico.
La consulta originalmente planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador -relacionada exclusivamente con el desempeño de los ex presidentes mexicanos- fue modificada por la Suprema Corte de Justifica de la Nación para plantear una cuestión más general acerca de la importancia de que “se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
El defensor de derechos humanos Edgar Cortez, también colaborador del IMDHD, valora que la participación en la primera consulta popular regulada y establecida en la constitución es importante para demostrar la pertinencia de los ejercicios de democracia directa. Considera, sin embargo, que la pertinentica de este ejercicio está abierta al debate: “entre la posibilidad de un ejercicio novedoso y satisfactorio para la ciudadanía y esta consulta hay un mundo de distancia”, señala en entrevista con este medio.
Y es que, en su opinión, la pregunta es tan abierta y ambigua que no brinda claridad sobre cuáles son las “acciones pertinentes” que se deberán emprender en caso de que los resultados de la consulta sean vinculantes, es decir, en caso de que el ejercicio democrático consiga la participación de al menos el 40 por ciento de los integrantes del padrón electoral.
“Si la consulta llega a ser vinculante puede ser un ejercicio muy frustrante no saber a quién vincula y a qué cosa”, añade Cortez, pues la consulta se refiere a la posible responsabilidad de miles de funcionarios públicos, como pueden ser presidentes, gobernadores, legisladores, presidentes municipales, entre otros.
No existe claridad sobre qué procede a la consulta: ¿una política pública?, ¿un proceso de procuración de justicia?, ¿un proceso de investigación?, cuestiona también Silvia Chico.
Si bien estos ejercicios de democracia directa deben ser promovidos, lo que más urgentemente necesita el país son mecanismos de participación diseñados exclusivamente para que sean las propias víctimas quienes alumbren con su experiencia la transformación que necesitan las políticas públicas del país, agrega Chico.
“El Ejecutivo debería estar pensando en mecanismos de participación para las víctimas antes que pensar en mecanismos de democracia directa, donde la sociedad decide por los derechos de las víctimas. El conjunto de personas y comunidades afectadas son quienes pueden hablarnos del daño, de las necesidades que tienen, de cómo construir política pública, cómo se reparan sus derechos, como se restablece socialmente el tejido para volver a sus planes de vida. Si no los escuchamos a ellos, va a ser muy difícil superar la crisis que tenemos”, insiste la experta en prevención de violaciones a derechos humanos.
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