El contrato del Instituto Nacional de Migración (INM) con la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, SA de CV, se otorgó por adjudicación directa e incluyó el servicio de custodia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado 27 de marzo se registró un incendio que cobró la vida de 39 migrantes y lesionó a otros 28, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.
En conferencia, la coordinadora del Gabinete de Seguridad indicó que CAMSA prestaba sus servicios en instalaciones del INM en 23 estados de la República, con 503 elementos. Asimismo, recordó que la vigencia era del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023, con un monto mínimo de 76 millones de pesos y un máximo de 190 millones.
La funcionaria federal señaló que el contrato será rescindido, además de que la empresa enfrenta un proceso sancionador administrativo debido a que incurrió en varias omisiones, el cual ya le fue notificado. Entre las irregularidades, Rosa Icela Rodríguez mencionó que ofrecía servicios diferentes a los autorizados y bajo el nombre de Grupo Tank Seguridad Privada Profesional; además, reportó que trabajaban sólo con cuatro elementos con 10 uniformes y no tener permiso de portación de armas.
La secretaria expuso que CAMSA realizaba tareas de seguridad intramuros, con escoltas o elementos armados, protección a funcionarios, rastreo y localización satelital (GPS), custodia de mercancías, seguridad para eventos especiales, capacitación en materia de seguridad (de personal privado), entre otras. Agregó que la empresa omitió actualizar el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada relativo a sus sucursales; no evitar o permitir actos de tortura, crueles, inhumanos o degradantes. E inscribir, capacitar y presentar a su personal operativo a la Dirección General de Seguridad Privada los exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos de su personal operativo.
En la conferencia, Rodríguez reiteró “la indignación y el dolor que genera para el gobierno de México este tipo de hechos. Nuestra política es de cero impunidad, cero corrupción y cero complicidad”. Asimismo, se comprometió a que no se encubrirá a nadie: “no seremos cómplices de quienes ocasionaron esta tragedia que nos indigna como nación, porque no es esa la política de este gobierno”.
En el tercer reporte sobre el incendio ocurrido en la estación migratoria también estuvo presente la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías, quien informó que ayer se llevó a cabo una audiencia para la formulación de imputación y vinculación a proceso de Rodolfo “N”, Gloria “N”, Daniel “N”, Jason “N” y Alan “N”.
Explicó que dichas personas se acogieron a la ampliación del plazo constitucional, por lo que se fijó para la continuación de la audiencia el 4 de abril, a las 07:00 horas. También se solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los cinco imputados por los delitos de homicidio y lesiones, la cual fue concedida por el juez de la causa.
La fiscal Herrerías indicó que ya se inició el trabajo de identificación de los cuerpos con los cónsules; incluso, se han acercado tres familias. Y dijo que la FGR examinará la legalidad del contrato, las actividades y omisiones de CAMSA, ya que al ser una empresa privada no está exenta de respetar los derechos humanos. “La investigación se sigue ampliando a todas las áreas de responsabilidad del Instituto Nacional de Migración y de los particulares”.
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