Los contribuyentes que recurran a actividades fraudulentas, como el uso de factureras y grupos dedicados a la subcontratación ilegal, serán perseguidos penalmente y obligados a reparar el daño económico, advirtió la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) — representante de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP) ante los tribunales de la República Mexicana—.
A través de un comunicado, la dependencia indicó que el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha instrumentado “una política contra los esquemas ilegales y sistémicos de evasión, sobre todo en contra de organizaciones factureras, y de grupos dedicados a planear, ejecutar estrategias de subcontratación ilegal y simulaciones de asimilables a salarios”.
Bajo estos términos, anuncia, los contribuyentes que recurren a “ese tipo de actividades fraudulentas serán perseguidos penalmente y obligados a reparar el daño económico ocasionado y, de acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, las relacionadas con la delincuencia organizada y que atentan contra la seguridad nacional”.
Enfatiza en que las autoridades hacendarias —encabezadas por el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O—, no hace distinción alguna entre contribuyentes; “investiga delitos y a sus responsables o beneficiarios, de manera objetiva y puntual. La cantidad de acusaciones en contra de una persona se determina por los actos fraudulentos que haya cometido”.
El septiembre de 2020, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria acusó que tras la revisión de las declaraciones de 13 mil contribuyentes de 2015 a 2018, y encontró que el importe facturado [de forma simulada] fue de 1 billón y medio de pesos. Mientras que entre 2019 y lo que va de 2020 revisó a más de 2 mil contribuyentes, con un importe de 1 billón 200 mil pesos.
Hacienda sentencia: “no es la discreción de la autoridad la que determina la cantidad de delitos que denuncia, sino la decisión voluntaria del imputado de cometerlos”.
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