Y es que este proceso penal –que formalmente se abrió hace tres años con la detención de García Luna– enjuicia, en realidad, a todo el gobierno de Felipe Calderón, quien ordenó la guerra para ocultar su falta de legitimidad. Lo que resultó no fue un combate al crimen organizado, sino una alianza de por lo menos el secretario de Seguridad Pública de aquel momento con el Cártel de Sinaloa. El objetivo: apoderarse del mercado mundial de drogas –la organización criminal se expandió como nunca antes hasta tener presencia en más de 50 países de los cinco continentes– y exterminar a los grupos antagónicos.
Así, en la corte federal del Distrito Este de Brooklyn no sólo se encuentra en el banquillo de los acusados García Luna: indirectamente también lo está el propio Felipe Calderón. Además, los integrantes más relevantes de su gabinete de seguridad e “inteligencia”: el secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván; el de Marina, Francisco Saynez (ya fallecido); los exsecretarios de Gobernación: Fernando Gómez-Mont Urueta, Francisco Javier Ramírez Acuña, y los fallecidos en accidentes aéreos Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora; así como los exdirectores del Cisen: Guillermo Valdés, Jaime Domingo López Buitrón, Alejandro Poiré. Responsables por acción u omisión.
Para este lunes 13 de febrero, la expectativa es que se presente el testigo clave que acabará de encuadrar las piezas que faltan para conocer el entramado de la corrupción de García Luna y, con ello, terminar de convencer al jurado –si es que hace falta– de que el exsecretario de Seguridad Pública mexicano es responsable de haberse coludido con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas ilícitas a Estados Unidos. Conspiración por la cual habría obtenido millones de dólares por los sobornos.
Con ello, la Fiscalía estaría lista para su argumentación final, en la cual reiteraría las graves acusaciones que pesan contra el cómplice de Calderón, mismo que encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de México entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012.
Incluso, en el muy improbable caso de que el jurado encontrara no culpable a García Luna, en México le espera un proceso penal no sólo por los cargos que se le imputan aquí en Estados Unidos, sino también por su participación en el Operativo Rápido y Furioso –que también implica a Medina Mora que cobró la vida de decenas de inocentes; y por el robo multimillonario al amparo del poder.
Apenas el 9 de febrero pasado, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que la red de corrupción de Genaro García Luna –compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales– extrajo de forma ilegal más de 745 millones de dólares (14.1 mil millones de pesos), a través de contratos fraudulentos con la Policía Federal, la OADPRS, el Cisen y la Procuraduría General de Justicia capitalina. El presunto robo multimillonario salpica no sólo al expresidente Calderón, sino también a Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y al exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. El dinero se trianguló al paraíso fiscal de Barbados y luego a Estados Unidos, donde se empleó para la compra de propiedades y autos de lujo, actualmente asegurados por las autoridades estadunidenses.
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