El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Karim Khan, informó que se abrirá una investigación formal contra Venezuela, debido a los posibles delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado durante las manifestaciones y disturbios políticos del 2017.
Esta decisión se toma luego de concluir el examen preliminar iniciado en 2018 –a petición de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú–, donde la CPI analizó las denuncias sobre el uso frecuente de la fuerza excesiva, por parte del gobierno venezolano, para dispersar y reprimir las protestas, así como para la detención y arresto de miembros reales o supuestos de la oposición, varios de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos y malos tratos.
Karim Khan y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, firmaron en Caracas una carta de entendimiento para colaborar activamente en dicha investigación. No obstante, el fiscal señaló que aún no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo. Por su parte, el primer mandatario venezolano indicó que su gobierno respeta la decisión de la Corte Penal Internacional, a pesar de no estar de acuerdo con ella.
“No somos políticos. Nos guían los principios de legalidad y el estado de derecho. Les pido a todos ahora, a medida que avanzamos, que en esta nueva etapa den a mi oficina el espacio necesario para hacer su trabajo”, dijo el fiscal de la CPI en su visita a la nación caribeña. “La investigación tiene como objetivo establecer la verdad y si existen o no motivos para acusar a alguna persona”, agregó.
De acuerdo con la Resolución 6 del 11 de junio de 2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma (en el cual figura Venezuela), la Corte Penal Internacional puede conocer crímenes de lesa humanidad (artículo 7). Como institución de justicia, actúa únicamente cuando los países miembros no quieren o no pueden juzgar los delitos en materia de su competencia.
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