El crimen organizado ha comenzado a dejar huella en el Mar de Cortés con la desaparición de algunas especies marinas y la contaminación por residuos de la producción de drogas sintéticas, como las metanfetaminas

El impacto medioambiental de las drogas sintéticas en el mar de Cortés se debe fundamentalmente a los desechos tóxicos generados durante el proceso de producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos del crimen organizado, 974 de los cuales fueron desmantelados en la región por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) entre 2012 y 2021.

Durante ese periodo, se ha calculado que los laboratorios de metanfetamina habrían derramado, al menos, 1.6 millones de kilogramos de residuos contaminantes en el territorio que circunda el Mar de Cortés, denuncia el estudio Región Mar de Cortés: amenazas sociales y ambientales del crimen organizado. Elaborado por Francisco Cuamea, el análisis indica que los desechos químicos de la producción de la droga son un peligro tanto para las personas como para el medioambiente, debido a que pueden infiltrarse en cualquiera de los 174 acuíferos de la región y causar daños considerables.

Para tener una magnitud posible del riesgo, indica que la cifra calculada de residuos derramados por laboratorios clandestinos equivale a casi 2 kilos por cada una de las 2.8 millones de hectáreas de humedales de importancia internacional que hay dentro de esta región y que son vitales para el equilibrio del planeta.

Los desechos son principalmente combustibles y disolventes como los que se utilizan en el hogar para tareas de limpieza y para el mantenimiento de los automóviles. Estos incluyen la acetona, el ácido de baterías de vehículos, el líquido para frenos, barnices para madera, amoniaco y refrigerantes para aire acondicionado. Los productos usados para la producción de metanfetamina también pueden contener partículas de litio o mercurio, que actúan como catalizadores de las reacciones.

El estudio del miembro fundador del Centro Ciudadano de Investigación Iniciativa Sinaloa expone que esto es lo que sucede hoy en la región mexicana del Mar de Cortés, conformada por Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Dichas entidades, en conjunto, aportan el 11 por ciento del producto interno bruto del país y que están unidas por el extenso golfo del noroeste de México, declarado por la Unesco como patrimonio de la humanidad. El Mar de Cortés abarca 244 islas, islotes y zonas litorales, alberga 695 especies botánicas y 891 variedades de peces, de las cuales 90 son endémicas.

El número de especies vegetales es muy superior al registrado en los demás sitios insulares y marinos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta región alberga el 39 y el 33 por ciento del total mundial de las especies de mamíferos marinos y de cetáceos, respectivamente. En el territorio también hay una riqueza de flora y fauna terrestres en peligro de extinción. La región cuenta además con patrimonios culturales intangibles, muchos de ellos producto de los pueblos originarios del noroeste de México, como los yaquis, coras o cucapás.

En general, los delitos ambientales y contra la gestión ambiental son tipificados en México por el Código Penal Federal. Se consideran cuatro áreas: actividades peligrosas, daños a la biodiversidad, bioseguridad y contra la gestión ambiental. Estos pueden ir desde derrames de residuos peligrosos y otros contaminantes, pasando por el tráfico de flora y fauna, hasta la pesca ilegal de especies protegidas.

Cuatro de cada 10 de estos delitos registrados en México de 2012 a 2021 sucedieron en el Mar de Cortés, denuncia el estudio Región Mar de Cortés: amenazas sociales y ambientales del crimen organizado. Al analizar las incidencias por estado, el investigador Francisco Cuamea señala que Baja California Sur acumula el 31 por ciento de la incidencia y Sinaloa el 23 por ciento, lo que significa que solamente en esos dos estados se han registrado el 54 por ciento de los delitos ambientales y contra la gestión ambiental en la región del mar de Cortés. Baja California Sur tiene un gran problema de pesca furtiva, mientras que Sinaloa es el principal estado productor de metanfetamina del país. (gráfica).

Desechos tóxicos en los ecosistemas

Hasta 2012, cuando comenzó la regulación y despenalización gradual de la marihuana en Estados Unidos, los cárteles mexicanos habían mantenido durante décadas un monopolio sobre el mercado de cannabis estadounidense. Al ser desplazados del mercado, los cárteles escalaron la producción de drogas sintéticas, como la metanfetamina de cristal, explica Francisco Cuamea consultor externo para GI-TOC (Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado).

Señala que la metanfetamina cristal se produce en laboratorios clandestinos que se instalan generalmente en áreas retiradas en la montaña, en zonas rurales o pueblos, cuyo común denominador es la rica biodiversidad que los rodea y en la que se derraman los desperdicios químicos que arroja la producción de dicha sustancia.

En paralelo, dice, los grupos criminales mexicanos también incursionaron en el mercado negro de especies marinas en peligro de extinción e industrias de otras especies de alto valor. Con ello, el crimen organizado ha comenzado a dejar una huella ambiental y social, acelerando no solo el proceso de desaparición de algunas especies marinas, sino también la integridad de la población de comunidades pesqueras.

Pesca ilegal de especies marinas

Para el filósofo egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las mafias mexicanas en la segunda mitad del siglo XX era el contrabando de marihuana, heroína y cocaína hacia el mercado estadounidense. Hoy en día, sin embargo, los grupos del crimen organizado no solo han aumentado en número, sino que también han ampliado su catálogo de actividades.

Con la estructura, logística, recurso humano, poder de armamento, corrupción, impunidad y propaganda que han acumulado con el paso de los años, sus actividades ilícitas también se han ampliado a la pesca ilegal de especies en peligro de extinción, como la totoaba, el pez más grande del Alto Golfo de California, y otras de gran valor en el mercado que se capturan en distintos lugares de la región del mar de Cortés.

Los grupos criminales se han convertido también en comerciantes ilegales, imponiendo sus precios tanto a los productores pesqueros como a los procesadores del producto. Esto está teniendo consecuencias devastadoras que deterioran la calidad de vida de las comunidades pesqueras, de la industria y de la biodiversidad de la región. Los grupos del crimen organizado, además de llevar a cabo sus actividades ilícitas, buscan monopolizar empresas pesqueras legales a lo largo de toda la cadena de suministro.

Como explica Vanda Felbab- Brown, directora de la Iniciativa Sobre Actores Armados no Estatales del instituto Brookings, “los grupos de crimen organizado mexicano fijan los precios para la compensación de los pescadores y el pago a los restaurantes por los productos marinos de los cárteles. También obligan a las plantas de procesamiento a procesar los peces que los grupos delictivos traen y cobran tarifas por extorsión a los exportadores de mariscos”. Los grupos delictivos se han apoderado prácticamente de toda la cadena de valor de la industria pesquera en ciertas zonas de Baja California y Baja California Sur.

Crimen organizado en industria pesquera, tema de seguridad nacional

Según José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, la incursión del crimen organizado en la industria pesquera ya ha trascendido al nivel de seguridad nacional. Desde 2016, los grupos del delictivos se han involucrado en la actividad pesquera, sobre todo en la pesca de totoaba, camarón y langosta, productos marinos que han adquirido un alto valor. “Si quitas la cocaína y pones la langosta, el abulón o el buche de totoaba, que cuesta más que un kilo de cocaína, hoy son actividades rentables que los grupos delictivos ven e incitan a trabajar y comercializar esa parte”, explica Carrillo Galaz.

La totoaba es una especie muy codiciada en algunos países de Asia y en la alta cocina. La gran demanda ha puesto su existencia en riesgo y el crimen organizado se ha apoderado del mercado negro de este pez.

Alejandro Robles González, presidente de NOS Noroeste Sustentable, una organización de la sociedad civil con sede en La Paz, Baja California Sur, confirma que, a diferencia de años  atrás, hoy la pesca de totoaba es un negocio prioritario para las empresas criminales. “El crimen se mete directamente con una especie, en este caso una especie en peligro de extinción, y se apodera del comercio de la vejiga de la totoaba como un producto ilegal, con un mercado negro y con un valor muy alto”.

De manera similar al control de la producción de marihuana y amapola en las montañas de  la Sierra Madre Occidental, los grupos de crimen organizado inicialmente presionaron a los pescadores para que solamente les vendieran sus productos a ellos. Estos les imponían el precio, que solía ser más bajo que los del mercado.

Luego comenzaron a comercializar las especies que compraban en las industrias de procesamiento, también imponiendo sus precios con intimidación. No ha habido resistencia. “Lo que veo distinto es que se han apoderado, han acaparado los recursos pesqueros”, dice Robles González. “Ellos son los únicos que pueden comprar y que pueden vender”.

Deterioro social de comunidades pesqueras

Además de la huella medioambiental que la producción de metanfetamina está dejando y de la captura de los mercados legal e ilegal de la pesca, el crimen organizado ha intensificado su apuesta al consumo local de drogas, llamado narcomenudeo. Este consumo ya estaba muy expandido en México y ahora se extiende por las 1 mil 668 comunidades pesqueras de la región del Mar de Cortés.

“Fue desde que salió el “cristal” que empezaron a aumentar [las adicciones]”, cuenta Jorge, comerciante y pescador en San Felipe, un municipio de Baja California cuyas principales actividades económicas son la pesca y el turismo. “San Felipe había sido muy tranquilo y cuando se empezó con el consumo de cristal ya se empezó a traer de todo”.

De acuerdo con un análisis de datos de la Secretaría de Marina, las incautaciones de metanfetamina por parte de la Guardia Costera en 2012 se mantuvieron entre los 12 y 16 kilos en las inmediaciones de las comunidades pesqueras de los cinco estados que conforman  la región del mar de Cortés.

A partir de 2018, la irrupción de la metanfetamina fue más notoria, con incautaciones mayores y de manera sostenida con un incremento del 100 por ciento ese año. En 2019 se incautó 16 veces más cristal respecto al año anterior. En 2020 apenas tuvo una reducción del 9 por ciento, para volver a dispararse cuatro veces más en 2021. (Gráfica).

Carlos, comerciante en Santa Clara, Baja California, cuenta que el consumo de drogas se está volviendo más destructivo. “[Las drogas] están afectando a los pescadores, porque antes eran pescadores que consumían pero que trabajaban. Ahora veo ese repunte con estas drogas nuevas, lo que ha llevado a que los pescadores ya no tengan esas ganas de trabajar, andan muy mal”, explica.

Según Robles González, las comunidades pesqueras han sufrido un proceso de deterioro en los últimos 40 años, volviéndose aisladas y marginadas. Factores que contribuyen a este deterioro son la falta de esperanza entre la juventud hacia una perspectiva de futuro y el fácil acceso a las drogas sintéticas. “Yo creo que empiezan con la drogadicción y eso los lleva a otras actividades [delictivas], pero empiezan consumiendo”, dice Robles González.

Esta afirmación se refleja en algunos datos de las entidades de la región del mar de Cortés. Por ejemplo, el Observatorio Estatal para las Adicciones del gobierno de Baja California reportó en 2012 que la metanfetamina era la tercera droga de impacto en todo el estado, por detrás del alcohol y el tabaco.

En 2016, la metanfetamina escaló al primer puesto, siendo la principal droga de impacto en el estado seguida de la marihuana y la heroína. En el caso de Nayarit, el consumo de drogas aumentó de 2018 a 2021, periodo en el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reportó el triple de personas detenidas por uso de sustancias ilícitas.

En Sonora, la metanfetamina se mantuvo como la droga de impacto desde 2014, responsable del 54 por ciento de los casos de pacientes enfermos de alguna adicción, hasta 2021, cuando alcanzó el 76 por ciento de los casos. A la par del auge de la metanfetamina, la incidencia delictiva del fuero común también ha experimentado repuntes importantes en delitos como la violencia familiar, lesiones, violaciones y venta de drogas al menudeo.

En los campos pesqueros de Sinaloa, por ejemplo, los delitos que dañan la integridad de las personas crecieron en un 99 por ciento en 2021 con relación a 2012. La incidencia del narcomenudeo fue casi siete veces mayor; la desaparición forzada subió un 31 por ciento; la violencia familiar, un 51 por ciento, y las violaciones también doblaron su número.

Brotes de resiliencia comunitaria

Desde 2012, algunas comunidades se han organizado para cuidar las especies marinas que hoy están bajo presión de las empresas criminales que han incursionado en el ciclo pesquero. En La Paz, Baja California Sur, algunas cooperativas pesqueras desarrollaron la red de zonas de refugio más grande del país, cuyo objetivo es permitir que las especies marinas se reproduzcan y regeneren.

Esta red se creó y trabaja en conjunto con organizaciones no gubernamentales bajo una estructura de inspección y vigilancia Otro caso de resiliencia comunitaria, también en La Paz,  es el de la comunidad El Manglito, que, acompañada por NOS Noroeste Sustentable, desarrolló un proyecto de regeneración del callo de hacha, molusco base de su economía sobreexplotado por años de extracción por parte de la propia comunidad.

En 2011, se comenzó el proyecto de restauración. Las metas que se fijaron fueron restaurar  el ecosistema; recuperar las especies; evaluar y manejar los recursos; desarrollar productos legales, sostenibles y de calidad, así como hacerse responsables y comprometidos con el cuidado de la Ensenada, donde se ubica El Manglito.

En 2016 formalizaron su comunidad en la organización civil Pescadores Rescatando la Ensenada, conformada por 109 miembros, de los cuales 22 mujeres y 87 hombres, además de 15 cooperativas y 10 pescadores libres. Finalmente, en Altata, Sinaloa, en 2017 nacieron tres cooperativas pesqueras, las primeras en la historia conformadas por mujeres: Las Almejeras de Santa Cruz, las Lobas del Manglar y Las Banas Guerreras.  Ellas trabajan con enfoque de género sobre la regeneración de la almeja chocolata, con acompañamiento de organizaciones internacionales. Al margen de estos casos ejemplares, la resiliencia no alcanza todavía a compararse con la magnitud de las consecuencias del crimen organizado.

Según Robles González, las comunidades viven en una espiral de deterioro, sin capacidad de crear proyectos resilientes o de regeneración de especies, o cualquier otro tipo de actividad que les ayude a sanar. “Cuesta mucho, no solo en temas de organización, sino financieramente, y no existen hoy en día programas sólidos de apoyo para que las comunidades puedan hacer eso. Pueden tener la intención de hacerlo, pero la capacidad técnica y los apoyos para poderlo hacer son escasos”.

Qué hacer

El deterioro de los ecosistemas en la región del mar de Cortés y las actividades ilícitas que se llevan a cabo en la región por parte de los grupos del crimen organizado están estrechamente relacionados. Es por ello que las actividades del crimen organizado no pueden seguir considerándose solo con enfoques policiales y punitivos, ya que de esa manera se desatienden sus impactos sociales y ambientales, advierte Francisco Cuamea.

La proactividad es una cualidad necesaria para mitigar los daños lo más posible. No tratar el asunto hoy es dejar un problema mayor a las generaciones que están por venir, por lo cual Francisco Cuamea plantea una serie de recomendaciones al gobierno federal y gobiernos estatales para mitigar el impacto del crimen organizado en los ecosistemas de la región del Mar de Cortés.

El daño a la biodiversidad y a los ecosistemas pone en riesgo la supervivencia del ser humano, por lo cual el Gobierno federal y los gobiernos estatales deberían actuar proactivamente, evitando que los delitos ambientales se salgan de control y asegurando la sostenibilidad alimentaria de esta y futuras generaciones.

Crear una agenda común y especializada contra la amenaza: Los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora deberían trabajar conjuntamente para proteger la biodiversidad y los ecosistemas de la región del mar de Cortés, dotando recursos económicos, científicos, técnicos y humanos.

Detener y revertir el derrame de desechos tóxicos que producen los laboratorios de drogas sintéticas, complementando los operativos policiales con especialistas químico-forenses y protocolos de limpieza y descontaminación. Proteger con prioridad la integridad de la población de los campos pesqueros de la región del mar de Cortés.

Realizar un diagnóstico sobre la salud personal y comunitaria en los campos pesqueros de la región, para revertir los daños de los que han sido víctimas. Crear programas de regeneración de especies o zonas de refugio para que, con acompañamiento técnico y financiero, las comunidades pesqueras desarrollen otras actividades económicas y permitan que las especies se regeneren.

Quitar mercado al crimen. Los gobiernos deberían abordar el narcomenudeo desde la política pública y acciones estratégicas como un proceso económico de oferta y demanda, para que en conjunto trabajen no solamente las autoridades de seguridad competentes, sino también el sistema de salud por medio de la innovación en la atención al consumo de drogas.

Generar inteligencia y activar alerta por narcomenudeo

México y sus 32 entidades requieren un sistema de información eficaz y homologado sobre adicciones. En contraste con los avances que existen en el monitoreo de incidencia delictiva que se aprecian en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos y 11 desgloses de personas enfermas de alguna adicción no están sistematizados, señala el investigador.

Mientras la Federación no cuente con inteligencia clara y precisa, poco puede hacerse para atacar la demanda del mercado de drogas al menudeo que nutre la base económica del crimen organizado.

Los estados deben activar una alerta ante el marcado narcomenudeo en sus territorios. Desde la legislación mexicana es responsabilidad de las autoridades estatales atacar la venta de droga al menudeo.

Fortalecer capacidades institucionales para atacar la oferta. Los estados del país deben fortalecer las capacidades institucionales para combatir el narcomenudeo con mayor presupuesto, agentes investigadores y recursos materiales y tecnológicos. Fortalecer capacidades institucionales para disminuir la demanda. La Federación y los estados deben robustecer los recursos humanos, materiales, tecnológicos y científicos, así como la infraestructura, para la inhibición o atención de adicciones.

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