Una regulación estricta podría ayudar a controlar lo que se configura como el inicio de una crisis de consumo de drogas ilícitas en México, y reducir el número de muertes que ya se producen por sobredosis de fentanilo, señala la doctora Claudia Rafful Loera, investigadora del Centro de Investigación en Salud Mental de la UNAM. De esta forma, se podría regular la producción de precursores del fentanilo.
Agrega que es necesario “generar políticas públicas que atiendan el consumo que ya está sucediendo”. De acuerdo con el Informe de la demanda y oferta de fentanilo en México: generalidades y situación actual, elaborado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), en 2023 se registraron 430 casos de atención por consumo de fentanilo, mientras que en 2022 fueron 333 casos.
La investigadora Rafful Loera expone que el acceso al fentanilo es indispensable, pues es parte del derecho a nivel mundial contra el dolor. Ello, porque se trata de un opioide sintético utilizado como fármaco en escenarios clínicos. Se emplea en intervenciones quirúrgicas como anestésico y analgésico para tratar el dolor intenso en diversas condiciones de salud –como el cáncer– o el dolor crónico que es resistente a otro tipo de medicamentos.
En los mercados ilícitos de drogas, el fentanilo se ha posicionado como uno de los opioides de más consumo, por su alto nivel de adicción. La elaboración clandestina implica riesgos en la salud de quienes lo fabrican y de quienes lo consumen, por la generación de trastornos o incluso la muerte.
Para el doctor José Andrés Sumano Rodríguez, investigador del Departamento de Estudios Culturales en el Colegio de la Frontera Norte (Colef), las políticas públicas que prohíben el consumo de sustancias como el fentanilo, y que generan miedo a los usuarios, no han funcionado para reducir el consumo de este opioide. Por ello, considera necesario cambiar la narrativa y atender el asunto como un problema de salud pública y no como parte de un enfoque punitivo que criminaliza a quienes lo consumen.
La prohibición de sustancias psicoactivas como el fentanilo aleja a las personas de las instancias de salud, por lo que para enfrentar el problema hay que crear un modelo que no criminalice el consumo de opioides y se complemente con sitios de consumo supervisado, dice a Contralínea Zara Snapp, activista en política de drogas y cofundadora del Instituto RIA.
“Uno tiene que pensar cómo construiremos políticas públicas que hagan que las personas se sientan más seguras yendo con el Estado. Tenemos que pensar cuáles son las dinámicas y las necesidades de las personas y de ahí construir programas y políticas que acerquen a las personas, y no al revés. Es uno de los principios de la reducción de riesgos y daños: ir hacia donde están las personas y no esperar a que vengan hacia donde tú estás”, comenta la activista.
El sistema de salud en México enfrenta importantes retos en el marco del replanteamiento de las posturas respecto a la prohibición de drogas, las cuales están transitando hacia la regulación. La reducción de daños (RD), que ha cobrado relevancia a nivel mundial en las últimas dos décadas, es un proceso que busca garantizar el acceso de las personas que consumen sustancias a servicios de salud que minimicen la vulnerabilidad, los efectos, la nocividad e incluso la mortalidad atribuible a dicha conducta.
De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (, mantener con vida a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y proteger su salud son las prioridades más urgentes de este enfoque. Este debe ser un proceso no coercitivo, que se dirija a reforzar cambios en la vida de las personas. Sugiere un cambio para atender el uso problemático de drogas, donde la meta central del modelo es disminuir las consecuencias de la dependencia.
No repetir la guerra contra las drogas y dejar de enfocarse en el combate hacia la demanda es una de las prioridades para el doctor Juan Manuel Quijada Gaytán, titular de la Conasama. Al participar en el foro “Informe mundial sobre drogas en México 2024”, el pasado 26 de junio, el funcionario indicó que si se lucha contra las adicciones desde el sector de salud y en coordinación con la sociedad, se logrará un futuro mejor para México y a nivel mundial.
Los tratamientos para atender escenarios de sobredosis también son importantes en esa estrategia de salud pública. La naloxona es fundamental para atender el consumo de opioides: “desde que tenemos un problema a nivel mundial de fentanilo, es importante la naloxona. […] Si se inyecta o se inhala naloxona, reviertes la sobredosis de manera inmediata y eso le salva la vida a la persona. Le da una oportunidad, muchas oportunidades, de continuar con su vida e ir a tratamiento”, señala la especialista Rafful Loera.
La naloxona se adhiere a los receptores opioides, revierte y bloquea los efectos de este tipo de psicoactivos. Se debe administrar a cualquier persona que muestre señales de una sobredosis de opioides o cuando se sospeche que ha ocurrido una sobredosis, de acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas.
La doctora Rafful Loera señala que para enfrentar la situación de muertes por sobredosis de fentanilo es indispensable que se eliminen las restricciones hacia dicho medicamento, pues revierte rápidamente una sobredosis de opioides. “En México la naloxona que se tiene no es porque haya una política pública de distribución… Casi toda la naloxona que llega la proveen organizaciones de la sociedad civil”, agrega.
Atender la crisis de fentanilo en México implica generar una alianza internacional entre los países involucrados en el escenario internacional, particularmente China [origen] y Estados Unidos [destino]. La cooperación de cada uno de ellos serviría para atender la problemática y lograr reducir la crisis desde una estrategia integral enfocada en la salud pública, explica el investigador Sumano Rodríguez. Además, señala que la falta de unión entre ellos se ha convertido en un juego en el que se echan la culpa y que no resuelve el tráfico de fentanilo.
De igual forma, para combatir la crisis de fentanilo de manera efectiva, es necesario establecer una internacional enfocada en la salud pública. Ello, con base en la investigación que permita entender los contextos en los que se dan los consumos de drogas. Un enfoque cualitativo ayudaría a mejorar los tratamientos e idear una intervención que acompañe y no genere miedo a los consumidores. De acuerdo con la doctora Rafful Loera, esta reconfiguración brindaría mejores resultados que los que arrojan las políticas públicas prohibicionistas.
La investigadora recalca: “tenemos que aprender a hablar de sustancias sin el estigma y sin la prohibición, entonces si hablamos de qué sustancias generan qué efecto es más fácil que las personas tomen una decisión más informada. […] Hablar de sustancias no significa que les vamos a enseñar a consumir; vamos a enseñar cuáles son los efectos”.
En el inicio de una administración política encaminada por investigadores en políticas de drogas y consumo de sustancias, existe la visión de que los resultados en el combate de la crisis del fentanilo serán positivos por los enfoques humanistas que se han planteado en la administración actual, y en este periodo de transición política. Por ello, la doctora Rafful Loera expone: “es importante el considerar que las personas que consumen sustancias tienen derechos, son personas y tienen derechos independientemente del consumo que están teniendo”.
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