Cruz Sánchez y Reyes Amaya: 15 años después, sigue siendo el Estado

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El Estado mexicano dejó evidencias escandalosas de haber sido el responsable directo de la desaparición forzada de dos luchadores sociales aquel 25 de mayo de 2007: Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). El primero de ellos, considerado parte de la dirigencia de ese movimiento armado.

Se cumplen 15 años de que, como se recordará, el Ejército Mexicano encabezó en la ciudad capital de Oaxaca toda una operación militar para detener y desaparecer a los también integrantes de la cúpula política de esa guerrilla: el Partido Democrático Popular Revolucionario. En tal maniobra, efectuada en un modesto hotel, participó un escuadrón de fusileros con sus 37 soldados y dos oficiales, elementos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y decenas de efectivos de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública del estado. Todos ellos para detener a dos personas.

La operación fue coordinada desde la Sección Segunda del Estado Mayor de la Defensa Nacional, es decir, inteligencia militar, como reconoció la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión de Mediación (Comed, integrada en su momento para buscar a los activistas e intermediar entre el gobierno federal y el EPR).

Tal desaparición y posterior encubrimiento de los hechos necesariamente tuvo que ser del conocimiento del entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa

Más aún, este oscuro personaje debió autorizar el ilegal operativo de sustracción de dos ciudadanos mexicanos, ordenar su desaparición y, luego, coaligarse con una cadena de funcionarios bajo su mando para encubrir esos delitos.

También, al menos la detención de los guerrilleros, debió ser del conocimiento de Ulises Ruiz Ortiz, encaramado en el gobierno estatal a pesar del levantamiento indígena, magisterial, campesino y proletario de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que pedía su renuncia.

A 15 años de distancia y bajo un gobierno federal que se asume de izquierda, popular y reparador de injusticias, los avances de las investigaciones son nulos. La “cuarta transformación” nada puede ofrecer aún a los familiares de estos luchadores sociales. Las Fuerzas Armadas, con todos sus órganos administrativos y operativos, le deben lealtad al presidente de la República, hoy Andrés Manuel López Obrador. ¿Es tal el pacto del silencio en este caso que no hay orden presidencial que valga para que se revele el paradero de Gabriel Alberto y Edmundo?

Este día, el PDPR-EPR ha emitido un comunicado para conmemorar la triste efeméride y señalar que se trata de “un crimen de lesa humanidad que continúa en el claustro de la injusticia”. Resalta que a 15 años, “son tres administraciones que han transcurrido: una panista, [una] priísta y la actual morenista, donde lo coincidente es el manto de impunidad con el que se cubre a los responsables materiales e intelectuales de este flagelo”.

Advierte, con razón, que “la desaparición forzada contra nuestros militantes Gabriel y Edmundo es un caso emblemático por los alcances jurídicos y su condición política, [pues] el Estado ejecuta este crimen de lesa humanidad contra ellos por su cualidad de revolucionarios”.

El movimiento armado deplora que, a pesar de que en los ámbitos político, jurídico y de derechos humanos “el caso está reconocido como una desaparición forzada por motivos políticos”, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió archivar el caso. Considera que tal determinación es una carta de impunidad para quienes intervinieron en los hechos.

“Gabriel y Edmundo, como militantes de nuestro PDPR-EPR, son combatientes por el ideal comunista, sujetos revolucionarios que luchan por convicción y consciencia que tienen como proyecto de vida la revolución socialista en México a través de la crítica de las armas.

“Cualidad por la que el Estado ejecutó dicho crimen, y que aún, a 15 años de su cometido se les mantiene en esa condición inhumana. Por lo que la actual administración adquiere responsabilidades políticas y jurídicas sobre el caso en la medida que la desaparición forzada no prescribe, fenómeno que no se puede diluir como ‘herencia del pasado’, sino que es crimen presente que sigue lacerando al pueblo mexicano.”

Por la salud del país, por el derecho a la justicia de Gabriel Alberto, Edmundo y sus familiares, y por la sociedad mexicana que merece saber qué ocurrió, es necesario que se reabra y se resuelva este caso. Los militares saben qué pasó y cuál es el paradero de estos luchadores sociales. Nunca más una desaparición forzada a manos de agentes castrenses y civiles del Estado. No a la impunidad de un crimen continuado.

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