Cuando Gálvez “velaba” por indígenas, se dieron 300 concesiones mineras en sus territorios

En el sexenio de Vicente Fox, cuando Xóchitl Gálvez Ruiz ejerció cargos públicos con responsabilidad de velar por los derechos de las comunidades originarias –ya fuera como titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2000-2003), o como Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2003-2006)– se otorgaron más de 300 títulos de concesión minera en territorios indígenas en México.

Dolores Rojas Rubio, coordinadora de programas de la fundación sin fines de lucro Heinrich Böll, dice a Contralínea que no cree que la candidata a la presidencia Gálvez Ruiz se preocupe y defienda realmente por los pueblos indígenas, “porque, en efecto, de los casos de amparos de comunidades indígenas contra mineras, ella no ha acompañado a ninguno; ella no ha sido solidaria con ninguna de esas resistencias”.

Manuel Llano, director de CartoCrítica, expone que “Xóchitl [Gálvez] no tenía facultades para otorgar concesiones [mineras]”. Sin embargo, “ella, por supuesto, que pudo haber promovido iniciativas, acuerdos, haber trabajado en el tema, y eso sí [era] de su competencia”. Si bien no tenía autoridad sobre los entonces secretarios de Energía, Ernesto Martens Rebolledo, Felipe Calderón Hinojosa, Fernando Elizondo Barragán o Fernando Canales Clariond, “sí pudo haber puesto el tema sobre la mesa y haberse pronunciado públicamente”.

Hola mina, adiós tejido social

A las personas indígenas se les vulnera “de muchísimas formas” cuando una minera entra al territorio, recalca el director de CartoCrítica. La ley de 1992 menciona que la minería es preferente y, por lo tanto, “tienen que convivir con” esa industria. Los dueños de la tierra no tienen acceso “ni siquiera a saber que su tierra ha sido concesionada”. Las negociaciones son asimétricas, porque “quien llega a negociar, aunque sea un camino largo y lejano, tiene la expropiación de su lado”.

Rojas Rubio explica que no sólo es el impacto de la industria extractiva, sino lo que conlleva: “hemos visto también que llegan proyectos mineros y llega la delincuencia. Es un imán para la delincuencia, y resulta que las empresas muchas veces se pueden entender con la delincuencia porque pueden llegar a acuerdos”. Cuando llega la minera, “llegan en principio muchos hombres solos y empieza a haber alcohol, trabajo sexual, explotación sexual”, así como una mercantilización de las relaciones. Se “pierde calidad de vida, de alimentación, de recreación, pierdes paisaje, calidad de aire”.

Facultades en el tintero

En el año 2000, según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México había 10 millones 253 mil 627 personas indígenas, quienes estaban presentes “en una cuarta parte de las localidades del país, casi en la totalidad de los municipios”, a excepción de 30.

A pesar de la dificultad para identificar los territorios indígenas, debido a sus cambios en configuraciones lingüísticas o a la migración, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en el texto Regiones indígenas de México, publicado en 2006, calculó 655 municipios con el 40 por ciento o más de habitantes originarios, así como 190 donde hay presencia y 26 con población minoritariamente indígena.

De acuerdo con su Estatuto Orgánico, publicado el 21 de mayo de 2003 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CDI era un “organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, quien tiene por objeto” el seguimiento y evaluación de “los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas”.

En su artículo 5, se señala que toda persona que forme parte de la Comisión, tenía el compromiso de “servir a los pueblos y comunidades indígenas y se conducirá con la máxima diligencia, imparcialidad, honradez, lealtad y eficiencia”. Xóchitl Gálvez, como directora general, según el artículo 14 de la Ley, estaba facultada no sólo para administrar lo relacionado con presupuesto, sino también proponer lineamientos y criterios de diseño de programas y proyectos “de la Administración Pública Federal en materia indígena”.

A pesar de que el documento Indicadores Sociodemográficos de la Población Indígena 2000-2006 de la CDI mencione que, en cinco años la población indígena que asistió a educación básica creció 4.5 por ciento, así como los servicios de salud, agua entubada o drenaje dieron un poco más de cobertura, o que haya disminuido en 2.3 por ciento el analfabetismo en personas originarias, disminuyó la población en 150 mil personas; aumentó la migración y, quizás lo peor, el 82.6 por ciento de las regiones indígenas tenían “grados de alta o muy alta marginación frente al 52.9 por ciento” nacional.

El capital por encima de todo

Los Estados cambiaron: pasaron de pensar en el “bien social al beneficio corporativo”, criticó un artículo de la Revista de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de México (UAM), sección Iztapalapa. Lo que ocurre “en la relación entre empresas-gobierno y pueblos indígenas muestra que existen graves contradicciones entre la legislación en materia energética y minera, con respecto a los derechos indígenas”, continúa el texto de la doctora en antropología, Laura Valladares de la Cruz.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el sexenio de Vicente Fox Quesada (2001-2006) fue el segundo que más concesiones mineras dio, sólo por detrás de las 17 mil 267 de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994). Con base en la Tarjeta de Registro Público de Minería (RPM) y la respuesta a Contralínea a la solicitud de información 330025924000684, se sabe que, de las otorgadas en comunidades o pueblos originarios, al menos una cuarta parte sigue vigente hoy en día.

Ejemplo de lo anterior es lo que ocurre en la comunidad de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca, donde, según mapeos de CartoCrítica, existen al menos seis concesiones vigentes a nombre de Compañía Minera de Natividad y Anexas, SA de CV, para una superficie de más de 4 mil hectáreas concesionadas, las cuales también abarcan la comunidad de Natividad, señalado como un “principal territorio lingüístico y sagrado”, donde se ubican hablantes de zapoteco.

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) ha documentado que comunidades “han reclamado que, de forma ilegal, se entregaron concesiones mineras”, en las cuales “se llevaron a cabo trabajos de exploración contra la voluntad de quienes habitan la zona”. Además, reclamaban que ya presentaban contaminación de agua y cuencas secas apenas con trabajos de exploración. Este caso es uno de los 58 “conflictos mineros” que existen en México. A través de su página web, OCMAL ubica el “inicio del conflicto” en 2002.

Al tener respuesta negativa por parte de las autoridades, “tomaron el campamento de la minera, cortaron las rutas de acceso y llevaron a cabo una serie de medidas de fuerza”, mismas que fueron reprimidas “violentamente por las fuerzas militares y policiales”.

La nueva dueña de la mina, en 2011, comenzó la etapa de explotación, para procesar 1 mil 500 toneladas de mineral diario, de acuerdo con el Observatorio. En Calpulalpan de Méndez, las personas “han denunciado que el agua que corre por los ríos es amarilla y tiene un terrible olor”.

Consultas inexistentes

En un artículo de la Revista mexicana de derecho constitucional, el doctor en derecho por la UNAM, Jaime Cárdenas García, explicó que, el 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “adoptó el Convenio 169” de la OIT ,“sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”.

Este plantea en su artículo 6 que los pueblos indígenas tienen derecho a “ser consultados por los gobiernos mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente”. La Ley Minera de Salinas “no, por supuesto que no” se consultó a las comunidades indígenas, asegura Manuel Llano.

El Convenio también contempla la decisión propia de las comunidades sobre el “proceso de desarrollo” de sus vidas, que aporten a los programas nacionales que puedan afectarles, que el Estado proteja sus recursos naturales y que sean consultados antes de autorizar un proyecto, “con el fin de determinar si sus intereses serán perjudicados, y en qué medida”.

Amparados de la mina

Ixtacamaxtitlán, en el estado de Puebla, es otro de los municipios en los que metales preciosos iban a ser su horrible maldición. El Proyecto Ixtaca, adjudicado a Minera Gavilán, SA de CV, subsidiaria de la canadiense Almaden Mineral, bajo el título de concesión 219469 en el lote denominado Cerro Grande, buscaba “explotar oro, plata y cobre, bajo un plan de mina [a cielo abierto] de 14 años”, en una superficie de 11 mil 201.5 hectáreas con vigencia de medio siglo.

En 2021, la revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona publicó un estudio realizado “en las comunidades de Santa María de Zotoltepec y Tuligtic”, con la finalidad de conocer la percepción de 48 familias cercanas al proyecto minero Ixtaca, en la Sierra Norte de Puebla. Para ese entonces, la población que se consideraba indígena en el municipio era del 42 por ciento. El 41.5 por ciento de su superficie funcionaba para agricultura, “principalmente maíz, frijol, alfalfa y avena forrajera”, y casi el total de encuestados (93 por ciento) tenía tierras cultivables.

Según la investigación, el 77.1 por ciento de encuestados “no está de acuerdo en que se impulse en su comunidad” el proyecto de exploración de la mina. Esto porque “temen que la actividad minera afecte la fertilidad de sus tierras de cultivo”, así como por “la pérdida en la cantidad y calidad del agua [86 por ciento lo dijo], y por la contaminación al medio ambiente que los obligue a dejar de sembrar sus cultivos [83.3 por ciento opinó esto]”, o que puedan enfermar. A pesar de todo, el 70 por ciento de entrevistados pensó que con la actividad minera llegaría a ellos “empleos con mayor remuneración”.

Para defender sus territorios, crearon grupos de defensa como Atcolhua, “integrado por personas y líderes comunitarios” aledaños a Ixtaca, así como Tiyat Tlalit, explica el texto. Ambos informan sobre los efectos de la minería a cielo abierto. Sin embargo, llegaron hasta los tribunales a partir de que, en 2015, la comunidad de Tecoltemi se enteró que su territorio estaba concesionado y promovieron el juicio de amparo 465/2015, en contra de la Secretaría de Economía. Dentro de tantas batallas legales, en 2021, se turnó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se sentenció, en febrero de 2022, el cese de dicha concesión (oficio SE/610/2907/2022), así como otra otorgada en 2009.

El Estatuto de la CDI incluye, en su artículo 14, fracción X, que Xóchitl Gálvez, como directora general, tenía también la facultad de “promover y defender los derechos de los indígenas ante las autoridades administrativas y judiciales en los diferentes órganos de gobierno”, así como “establecer las bases para integrar y operar los sistemas de información y de consulta indígenas”. Pareciera que no lo sabía, pues no acompañó, ni apoyó a la comunidad de Tecoltemi. Asimismo, se ausentó de Calpulálpam de Méndez y de San José del Progreso, en Oaxaca.

Defender el territorio con la vida

“En Oaxaca, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, instalada en el Municipio de San José del Progreso, distrito de Ocotlán, comenzó las gestiones del proyecto minero ‘San José’ en el año 2002,” cuando le fueron otorgadas cuatro concesiones con vigencia de 50 años, para la obtención de plata y oro, describe la asociación civil Tequio Jurídico.

De acuerdo con la Tarjeta RPM, la Compañía Minera Cuzcatlán SA de CV, bajo el título de concesión 215254, cuenta con una superficie de 283.38 hectáreas en el lote “Progreso III” con vigencia hasta 2052.

Al no contar con la información del proyecto, los ejidatarios integraron la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), “organización comunitaria que inició un proceso de defensa legal y movilización contra la empresa, su principal demanda era la violación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, continúa el texto Concesiones mineras en territorio del pueblo Chontal, publicado en 2014.

Para entonces, Tequio Jurídico ya señalaba que la mina San José había “dejado una serie de fracturas en el tejido social de la comunidad”. Sin embargo, lo más grave ocurrió en 2012, cuando asesinaron en marzo a Bernardo Vázquez, representante de CPUVO, quien dos meses antes, describe el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, cuestionó al entonces gobernador oaxaqueño, Gabino Cué, y lo calificó de incapaz “para resolver el conflicto”.

En ese entonces, Xóchitl Gálvez era titular de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde el compromiso con la causa indígena era profundo, según se lee en la descripción del cargo, donde se añade que “los pueblos indígenas deben tener acceso a servicios de calidad que les permita construir oportunidades de desarrollo.”

Xóchitl se pinta de cuerpo entero

En 1992, Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley Minera, la cual en su artículo 6, anuncia que los minerales “son de utilidad pública” y “serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”. Además, el artículo 15 advertía que las concesiones de exploración durarían seis años, y las de explotación medio siglo; prorrogable a otro periodo similar.

El año pasado se reformó la esencia de esa ley. Ahora, el artículo 6 dice que “en caso de los lotes ubicados en territorios de pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas”, la Secretaría de Economía deberá solicitar a la “autoridad competente” que “lleve a cabo la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para obtener el consentimiento de dichos pueblos y comunidades”.

Si bien no se votó la iniciativa que había salido del Ejecutivo semanas antes, la colectiva Cambiémosla Ya entendía que, en comparación con la de 1992, la aprobada en la Cámara de Diputados era un avance significativo. Por tanto, hicieron visitas al Senado de la República, con el objetivo de convencer de que se votara a favor. Una vez que lograron el cometido con legisladores de Morena, intentaron con los de otros partidos. Fue cuando Dolores Rojas se encontró en el patio del recinto a Xóchitl Gálvez, entonces presidenta de la comisión de Pueblos Indígenas.

Rojas Rubio dice a Contralínea que le habló a la entonces senadora sobre la importancia de votar a favor de la nueva ley:

—Esta iniciativa no se consultó con los pueblos indígenas –le reviró la hidalguense.

—Senadora, pero en esta ley estamos incorporando que sea obligatoria la consulta para tener el consentimiento de los pueblos indígenas.

—No, no. Es que tienen que consultarles a los pueblos indígenas. De eso yo sí sé.

—A ver, senadora, la ley actual no les consulta […], aquí estamos añadiendo la obligación de consultarles para tener el consentimiento.

Sin embargo, Dolores Rojas no encontró una respuesta diferente, así que añadió que era absurdo. “Y yo le preguntaría, ¿a cuántas comunidades ha acompañado en sus amparos contra las minerías en sus territorios?”, cuestionó. Esto hizo molestar a Gálvez Ruiz, quien  se fue, no sin antes confirmarle que iban a tirar la ley. Por ello, no cree en su supuesta lucha y defensa indígena.

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