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Un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, el dueño de un medio de comunicación, empresarios expertos en hacer pan y en especulación financiera, así como trasnacionales españolas son los beneficiarios de los contratos leoninos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca renegociar, para dejar de pagar sobrecostos multimillonarios, inmorales e injustificables. Sin embargo, los seis consorcios implicados se resisten a vender esas minas de oro: nueve hospitales privatizados en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Y es que los nueve nosocomios les representan ganancias multimillonarias a costa del erario de la nación, e incluso de forma indebida: los avalúos ordenados por el presidente de la República demuestran que el sobrecosto de esas contrataciones es de 1 mil 789 por ciento, pues aunque apenas valen 5 mil 242 millones 182 mil pesos, la administración federal está obligada a pagarles 93 mil 817 millones de pesos en 25 años.
El esquema ha sido tan abusivo y ventajoso, que el costo real de todos los hospitales ya fue saldado y varias veces. No obstante, como si de un barril sin fondo se tratara, el gobierno está obligado a pagarles, año con año, una cantidad similar o superior al monto invertido en su construcción. Más aún, en seis casos el propio erario les financió las obras mediante créditos de Banobras o recursos del Fonadin.
Al amparo del poder, los seis consorcios se hicieron del lucrativo negocio mediante un esquema de asociaciones público privadas –eufemismo de la privatización–, y a pesar de que la administración federal les ha ofrecido pagarles un precio justo por esos hospitales–basado en el avalúo máximo–, éstos han respondido que prefieren renegociar los montos para seguir chupando dinero del erario nacional. Ante el claro abuso, otra vía para el gobierno federal sería expropiárselos, pero el presidente López Obrador negó que vaya a hacerlo.
El 13 de septiembre, el primer mandatario reveló en su conferencia matutina que los dueños de los seis consorcios le mandaron decir que ellos prefieren negociar una disminución en la tarifa; y aprovechó para responderles que no, “porque, aunque le bajemos la mitad, de todas maneras es mucho”. Y cuestionó: “¿ustedes creen que es correcto, es justo, es moral? Máxime si los que reciben estos contratos están vinculados de una u otra forma al gobierno; si esto es producto de influyentismo, si tiene que ver con el manejo de medios de información o de manipulación”.
Ello, porque detrás de las contrataciones se encuentran, por ejemplo, la empresa Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura (Prodemex), propiedad de Olegario Vázquez Aldir (dueño de Grupo Imagen, Hospital Ángeles y Hoteles Camino Real); y la compañía Constructora y Edificadora GIA+A, presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
De acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), en la lista de empresas beneficiadas también están: las españolas Sacyr y Acciona; las empresas Marhnos –de la familia Servitje; Ortiz Construcciones y Proyectos y el Grupo Invex.
Los abusos en estas contrataciones se evidencian en los pagos indebidos que las empresas obtienen año con año. Tan sólo el pago anual de este 2023 asciende a 5 mil 651 millones de pesos por esas contrataciones, monto que supera en 400 millones de pesos el costo total real que arrojó el avalúo: el valor máximo de los nueve hospitales apenas asciende a 5 mil 242 millones 182 mil pesos. Esto es que en un año se pagan.
De acuerdo con la información del gobierno federal, dos de esos hospitales corresponden al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuatro al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y tres a la Secretaría de Salud.
Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E24‐2017, este contrato benefició a las empresas Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, representadas por José Manuel González Hernández.
De acuerdo con el gobierno federal, el monto total del contrato asciende a 17 mil 364 millones de pesos, a pesar de que su precio máximo –según el avalúo– apenas asciende a 603 millones 107 mil pesos. Este año, el consorcio que encabeza Prodemex va a cobrar 633 millones como pago anual por arrendamiento; es decir, 30 millones de pesos más de lo que en realidad costaría comprarlo.
Así, la empresa de Vázquez Aldir cobró su costo real en 2017, año cuando entró en operaciones; y de ahí en adelante ha obtenido puras ganancias a costa del dinero del pueblo. Y en caso de que los empresarios se resistan a vender, la renta –“el IMSS pagará una contraprestación al desarrollador privado por la disponibilidad de los servicios, con cargo a su presupuesto multianual autorizado”, señala Banobras– se tendrá que pagar hasta 2042. Esto es: 24 años de saqueo al erario nacional.
El nosocomio de segundo nivel tiene una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas y ocho quirófanos, con una superficie construida de 26 mil 813 m2. Y según Banobras, “los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS”. Es decir, Prodemex solo renta el cascarón.
Y por si eso no fuera bastante, además al dueño de Grupo Imagen se le financió la obra con dinero del pueblo de México. De acuerdo con la banca de desarrollo, se trató de un “proyecto con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.
Es por ello que el presidente López Obrador acusó el pasado 13 de septiembre que los medios están muy enojados con su gobierno, y mencionó específicamente los casos de Imagen y El Financiero, pues en el primer caso –dijo– hacía jugosos negocios en el sector salud; y en el segundo caso, con las cárceles cuando Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa– comandaba la Secretaría de Seguridad, en el sexenio de Calderón.
El contrato por 25 años que favoreció también a Prodemex en sociedad con Infraestructura & Healthcare, tiene un costo total por 15 mil 161 millones de pesos, a pesar de que comprarlo representaría apenas una inversión pública de 372 millones 176 mil pesos, indica el avalúo máximo. Al igual que el caso anterior, por renta, este año las empresas se embolsarán más dinero de lo que vale: 585 millones de pesos.
Identificado con el folio APP‐019GYR040‐E2‐2017, para la construcción de este hospital de segundo nivel la empresa de Olegario Vázquez Aldir ni siquiera invirtió el total del dinero requerido: los datos oficiales indican que el proyecto se realizó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin)”.
El nosocomio tiene una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas y siete quirófanos, con una superficie construida de 22 mil 301.06 m2. Mientras que la banca de desarrollo apunta que los servicios médicos son proporcionados por personal del IMSS.
Este es el tercer negocio redondo para la iniciativa privada, con una vigencia de 25 años –de 2016 a 2041–. Aunque al gobierno federal le costaría únicamente 212 millones 641 mil pesos adquirir su propiedad, está obligado a pagar un total de 5 mil 85 millones de pesos por su renta en el periodo. Tan sólo este año desembolsará 304 millones de pesos por el arrendamiento, cifra que representa 91 millones 386 mil pesos más que su costo real máximo, según el avalúo oficial.
El contrato APP-019GYN006-E3-2016 se asignó a favor de Constructora y Edificadora GIA+A, empresa que preside Hipólito Gerard Rivero, cuñado del expresidente Salinas de Gortari, y contó –como las obras anteriores– con financiamiento público de Banobras o el Fonadin.
Según los datos de la banca de desarrollo, la unidad médica de segundo nivel cuenta con una superficie de construcción de 14 mil 240.00m2, y una capacidad de 18 consultorios, tres quirófanos, un quirófano en tococirugía, 66 camas censables, 15 camas de observación en urgencias, camas no censables en terapia intensiva, tococirugía y unidad quirúrgica. Mientras que la prestación de los servicios médicos es proporcionada por el personal del ISSSTE.
Sal cuestionar el origen de la molestia que sienten los dueños de los medios de comunicación con el gobierno federal, el presidente López Obrador señaló: “¿quiénes hacían los negocios en el sector Salud, los negocios más jugosos en el sector Salud? Entre otros, los cuñados de Salinas de Gortari, los Gerard. Ni modo que el Reforma hable de esto. ¿Saben que los Gerard construían hospitales que cuestan mil millones y recibieron contratos para que se les paguen por un hospital de mil millones, 20 mil millones? Así como se los estoy planteando. Los dueños de la televisora donde está Ciro [Grupo Imagen, de Vázquez Aldir], igual. El dueño de El Financiero [Manuel Arroyo] construye, o reconstruye porque hasta lo inauguró creo Calderón con García Luna, un penal en Papantla, Veracruz, y hay que pagar miles de millones de pesos porque privatizaron los penales”.
El primer mandatario agregó: “entonces, cuando ya no se permiten estas cosas se ponen enfurecidos y esa es la explicación de fondo. Ya no pueden robar, porque no es hacer negocio, es robar. Entonces, a robar a otra parte, ahora tenemos que cuidar el presupuesto público porque es dinero de todos”.
También financiado por el erario a través de Banobras o el Fondo Nacional de Infraestructura, este nosocomio benefició a Sacyr Concesiones y Sacyr Concesiones México, filiales de la trasnacional española Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia; y a Prestadora de Servicios Alencastre, consorcio representado por Juan Carlos Pérez Rivero.
Comprar este hospital le costaría al gobierno federal 1 mil 128 millones 694 mil pesos, pero la modalidad de contratación como asociación público privada lo obliga a pagarle al consorcio –en un plazo transexenal de 25 años: de 2017 a 2042– 12 mil 524 millones de pesos. En 2023, la renta asciende a 700 millones de pesos, monto que cubriría el 62 por ciento del pago total por su adquisición.
Esta unidad médica cuenta con 32 especialidades, 35 consultorios, ocho quirófanos, seis servicios auxiliares de diagnóstico y nueve servicios auxiliares de tratamiento, medicina interna, cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría, urgencias, terapia intensiva. En este caso las empresas tampoco están obligadas a prestar los servicios médicos, pues esos corresponden al ISSSTE.
Identificado con el folio APP-019GYN006-E5-2017, el contrato benefició a Ortiz Construcciones y Proyectos –presidida por Juan Antonio Carpintero López–; Invex Grupo Infraestructura (encabezado por Jorge Zapata Alvarado); Invex Infraestructura Salud; y Corporativo de Hospitales. El avalúo máximo revela que si el gobierno federal lo comprara, el costo es de 586 millones 86 mil pesos. No obstante, está obligado a pagar 21 mil 475 millones de pesos por esa misma unidad médica en un periodo de 23 años (de 2017 a 2040).
Tan sólo este 2023, el ISSSTE debe pagarle a esas empresas 1 mil 476 millones de pesos por la renta. La cifra supera en 889 millones 914 mil pesos el costo real de la edificación. Además de esta injusticia para el dinero del pueblo, con el propio erario se financió la obra: el Banco Nacional de Obras y Servicios reconoce que este proyecto se construyó “con participación financiera o apoyo de Banobras y/o Fondo Nacional de Infraestructura”.
La unidad médica de segundo nivel tiene una superficie de construcción de 26 mil 570.79m2, y una capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, siete quirófanos, seis auxiliares de diagnóstico y ocho auxiliares de tratamiento. “Las prestaciones de los servicios médicos serán proporcionadas por el personal del ISSSTE”, indica el reporte de Banobras.
Este proyecto financiado por Banobras y/o el Fonadin benefició a Prodemes –de Vázquez Aldir– y a Infraestructura & Healthcare, con un contrato que obliga al gobierno federal a pagarles 8 mil 344 millones de pesos por este hospital –durante 23 años: de 2017 a 2040–, cuando en realidad comprarlo costaría apenas 515 millones 630 mil pesos.
En este 2023, el ISSSTE debe pagar por su renta 446 millones de pesos, cifra que representa el 86.4 por ciento del valor máximo que pagaría la administración federal por su adquisición.
La unidad de segundo nivel de atención se construyó sobre un terreno de 50 mil m2, y cuenta con 90 camas censables y 58 no censables, así como 35 especialidades médicas; con consulta externa en 41 consultorios, cinco quirófanos y farmacia. Y como en los otros casos, “es responsabilidad del ISSSTE brindar los Servicios de Atención Médica a sus derechohabientes”.
El proyecto que data del gobierno de Felipe Calderón (2007), benefició a la empresa Marhnos, propiedad de Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje (también consejeros de Grupo Bimbo) con un contrato que tiene vigencia hasta 2032. Si el gobierno lo comprara en este momento, pagaría por ese hospital un monto máximo de 629 millones 284 mil pesos, y no los 4 mil 109 millones que está obligado a dar por su arrendamiento.
Tan sólo en 2023, la Secretaría de Salud debe saldar 531 millones de pesos por la renta, cifra que cubriría el 84 por ciento de lo que en realidad vale. Su capacidad instalada de acuerdo con Banobras es de 94 camas censables, 95 no censables, nueve quirófanos, 35 consultorios de especialidad y uno de telemedicina, 26 especialidades médicas, 14 especialidades quirúrgicas, ocho subespecialidades quirúrgicas y cuatro unidades de especialidad médica de apoyo. “El personal médico es responsabilidad de la Secretaría de Salud”.
Se trata del proyecto más antiguo: se adjudicó en el sexenio de Fox (2005), y está vigente hasta 2030. Este contrato favoreció a la española Acciona –que preside José Manuel Entrecanales Domecq–. Si se comprara en este año, el erario de la nación pagaría 587 millones 660 mil pesos.
No obstante, la contratación leonina implica un gasto total de 3 mil 131 millones de pesos. Y sólo en 2023, la obligación de pagarle a Acciona 354 millones de pesos por el arrendamiento.
Este nosocomio cuenta con 184 camas censables, 63 camas no censables, y cartera de servicios. Al igual que con los casos anteriores, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.
Éste es otro proyecto que data del gobierno calderonista (2009), y que benefició Constructora y Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard Rivero, así como a las españolas Assignia Infraestructuras y Eductrade. Vigente hasta 2033, este contrato asciende a 6 mil 624 millones de pesos, cuando el costo real del nosocomio es de apenas 606 millones 904 mil pesos.
Este año, la administración federal debe pagar por la renta 622 millones de pesos, cifra que implica 15 millones de pesos que el monto que se pagaría por su compra total.
La capacidad instalada es de 246 camas censables y 202 no censables, cuenta con 36 consultorios, 14 quirófanos y una unidad de apoyo. Al igual que los demás, “los servicios médicos serán proporcionados por personal de la Secretaría de Salud”.
A pesar de los abusos, el presidente López Obrador les envió un mensaje el pasado 13 de septiembre: “no te vamos a expropiar tu hospital, no te vamos a dejar sin nada, vamos a hacer un avalúo, lo que vale tu hospital, con todos sus equipos, todo, todo, todo, y te lo pagamos, y tú tienes ahí dinero para hacer cualquier otro negocio. Y te lo pagamos ya, en efectivo, no en abonos chiquitos, te lo pagamos, y quedamos como amigos y en santa paz”.
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