De los 9 mil 500 millones de pesos observados en la fiscalización a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de los años 2019 y 2020, el monto que ha sido comprobado como daño patrimonial es de 2 mil 700 millones de pesos, indicó el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. Además, otros 2.1 mil millones de pesos están en proceso de aclaración, por lo que el fraude podría ser de más dinero.
Durante su participación en la conferencia presidencial, el funcionario explicó que como resultado de las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, en una primera instancia se detectaron 9 mil 500 mdp como presunto daño patrimonial.
Sin embargo, puntualizó: “es importante recordar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos. Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, las cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento”.
Por lo anterior, de esos 9 mil 500 mdp, explicó que “4 mil 700 millones, cerca del 50 por ciento del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes; 2 mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras; y 2 mil 700 millones, el 28 por ciento, no fueron aclarados durante el proceso de fiscalización, por lo que este constituye el monto del daño patrimonial”.
De lo que falta por aclarar son procesos que aún siguen en investigación, por lo que el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo especificó que “en caso de no aclararse se presentarán las denuncias correspondientes”. Todo ello, porque “las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para solventarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad”.
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