La denuncia penal que interpuso la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales contra Grupo México se reactivará en caso de que la empresa del magnate Germán Larrea incumpla con la remediación del Río Sonora, confirmó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultada por Contralínea sobre las condiciones que estableció su gobierno para retirar dicha querella, señaló que la compañía minera está obligada a aportar 1 mil 500 millones de pesos para la atención integral del problema, de los cuales ya entregó 500 millones.
Esta revista preguntó si Grupo México tiene una fecha o plazo para saldar el resto del recurso, a lo que la primera mandataria respondió: “no, pues tienen que hacerlo ya”. Y agregó: “y si no [lo hace], bueno, se continúa con todos los procedimientos”.
Desde el Salón de Tesorería, Sheinbaum Pardo explicó que las aportaciones de Grupo México, sumadas a lo que pondrá el gobierno federal y el gobierno de Sonora se destinarán a la reparación de los daños ambientales y sociales en la cuenca del Río Sonora, derivados del derrame tóxico de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido el 6 de agosto de 2014.
“Tiene que depositar 1 mil 500 millones de pesos. Hasta ahora han depositado 500, les faltan 1 mil millones. Y de acuerdo con los cálculos que hizo Semarnat, con este recurso es suficiente para todo lo que han pedido la comunidad o las comunidades”, explicó.
La titular del Poder Ejecutivo federal detalló que los recursos serán administrados directamente por el Estado mexicano, con el objetivo de evitar que la empresa ejecute de manera discrecional las acciones de remediación. “Se deposita el recurso y con ese recurso se va a hacer todo esto”.
Y es que, derivado del desastre ambiental, en 2023 la Semarnat denunció penalmente a Grupo México; sin embargo, tras el diálogo con el gobierno federal –en el que participaron las secretarías de Gobernación y Hacienda y Crédito Público–, en enero de 2026 se retiró dicha recurso legal, bajo el compromiso de que la empresa contribuiría en la aplicación del Plan de Justicia para resarcir los daños ocasionados por la contaminación del Río Sonora.
Entre los puntos delineados en dicho plan se incluye la creación de un nuevo hospital general de Ures, una unidad de monitoreo y vigilancia epidemiológica con seguimiento toxicológico, así como un laboratorio especializado en metales pesados y un sistema de atención médica integral y permanente para población afectada.
Asimismo, se contempla la construcción de 16 potabilizadoras, la instalación de 16 sistemas de desinfección, la rehabilitación de seis potabilizadoras, además de la operación de 22 plantas y 16 sistemas de desinfección, junto con el monitoreo de calidad de agua superficial y subterránea en toda la región.
