Padres de familia, representantes legales y organizaciones civiles denunciaron el  incumplimiento de la sentencia emitida el pasado 10 de agosto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos y desaparecidos forzadamente desde 2007. A través de un comunicado, expusieron la falta de interés y voluntad política de la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Los quejosos señalaron que las dependencias incurrieron en desacato, luego de que el pasado sábado 5 de noviembre se cumplió el plazo de los 30 días establecidos para ejecutar las medidas decretadas por la SCJN. “Es un hecho que evidencia el nulo respeto que existe por los ordenamientos judiciales que son emitidos por la que se supone es la máxima instancia de procuración de justicia en el país”.

Asimismo, reprocharon la impunidad “que pesa sobre los cuerpos castrenses en casos de desaparición forzada”, y “el manto de protección transexenal que protege a los criminales, que valiéndose de su cargo” desaparecen personas sin que sean investigados y sancionados. Al respecto, mencionó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

De acuerdo con la comitiva, el decreto instruyó al general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, a publicar, por una sola ocasión, un extracto de la sentencia en un diario de circulación nacional, a fin de que se reconociera la participación del Ejército en la desaparición forzada de los dos militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Asimismo, se incumplió la orden de proporcionar información de los mandos militares que habían estado en funciones en mayo de 2007 en Oaxaca.

En tanto, a la FGR se le ordenó publicar los avances de la investigación en su página oficial de internet, testando los nombres de los funcionarios públicos que participaron en los hechos; misma que no ha sido publicada en su totalidad.

En lo referente a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la presidencia municipal de Oaxaca, la sentencia les ordenó publicar, por una sola ocasión, un extracto de la resolución del amparo en un periódico de circulación estatal. Lo anterior tampoco fue cumplimentado.

Asimismo, le fue ordenado a la CEAV la inscripción de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz Sánchez  en el Registro Nacional de Víctimas. Además, de otorgar atención médica integral, psicológica y psiquiátrica especializada a las víctimas indirectas del caso.

En el comunicado, los denunciantes señalaron que de lo decretado por la SCJN, sólo se ha llevado a cabo la instrumentación de la Comisión Especial de Búsqueda. Sin embargo, “aún no existe el plan integral de búsqueda especificado para el caso”. Por lo anterior, la comitiva exigió cumplir con la sentencia, “a fin de agilizar el proceso de búsqueda e investigación del caso”. Asimismo, exhortaron al Juzgado Cuarto a “establecer las medidas de apremio que sean necesarias para hacer cumplir con lo ordenado”.

Y agregaron: “seguiremos firmes hasta que se vean concretados todos y cada uno de los puntos señalados en la sentencia y logremos encontrar a Gabriel y Edmundo”.

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