Desde 2009, testigos protegidos revelaron el nexo del entonces secretario de Seguridad Pública y mano derecha de Felipe Calderón, Genaro García Luna, con el Cártel de Sinaloa. El expediente ARRAIGO 159/2009-IV, al que Contralínea tuvo acceso, da cuenta de los testimonios rendidos ante el Juzgado Quinto Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones de José Salvador Puga Quintanilla –con nombre clave El Pitufo–, de Angélica –quien fuera agente federal de investigación– y deCarlos Alberto Ortiz Fuentes Pez (señalado como víctima colateral), en los que daban cuenta de filtración de información, alertas al crimen y sobornos millonarios en dólares.
Además de señalar a García Luna, los testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) identificaron a quien estaba en ese momento al frente de dicha institución: Eduardo Medina Mora. Ambos se habían formado en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Los testigos aseguraron que desde el Centro de Investigaciones Federales (CIF) o Casa de Arraigos –colonia Doctores, Ciudad de México– se daba protección a narcotraficantes de los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Beltrán Leyva y Zetas a cambio de sobornos millonarios en dólares.
El 21 de abril de 2009, el exintegrante del Cártel de Golfo –grupo criminal que encumbró Osiel Cárdenas Guillén tras la extradición de Juan García Abrego– Salvador Puga aseguró que directivos del CIF se comprometieron a reportar fechas de traslados, estancia de detenidos y operaciones contra Los Beltrán Leyva y Los Zetas. Exmiembros de dichas organizaciones ahora imputan que García Luna recibió sobornos millonarios en dólares, durante el juicio que se le sigue en una corte federal en Brooklyn, Distrito de Nueva York.
Puga indicó que en mayo de 2008 se trasladó de Tamaulipas a la Ciudad de México –entonces Distrito Federal– en camionetas de Los Zetas para entregar 40 mil dólares al encargado del CIF, Arturo Negrete López, Comandante Negrete, para que no le faltara nada a Rogelio Díaz Cuellar, el Rojo, integrante de la organización detenido ese mismo año y quien desde su encierro siguió dando órdenes vía radio-Nextel.
Ya en la capital del país se comunicó con su jefe Jaime González Durán, el Hummer. Según sus dichos, éste le ordenó acudir al parque que se encuentra frente al Centro Médico Siglo XXI (Jardín Ramón López Velarde) para entrevistarse con Negrete López a quien le entregó la maleta con el dinero y un radio-Nextel. El funcionario de la PGR le dijo a Salvador Puga que “gente de él, que trabajaban también en el CIF estaban dispuestos todos a trabajar para organización de los Zetas”.
Agregó “que podría proporcionarle información de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), avisar cuando trasladaban a los arraigados y arreglar la estancia de los detenidos en los centros de reclusión”.
Según las declaraciones de los testigos protegidos , transmitido el mensaje, dos días después el Hummer pidió se celebrara un nuevo encuentro para confirmar que sí querían información de Los Zetas y la organización Beltrán Leyva. A cambio, declararon los testigos, se le envió una primera remesa de 200 mil dólares.
Para mantener el contacto con la PGR, el Hummer designó a un sujeto con el sobrenombre Tachavo, quien recibía periódicamente información de operativos contra las dos organizaciones para adelantarse y evadir a la autoridad, señala en su testimonial.
Pese a que el narcotráfico periódicamente entregaba fuertes sumas en varias subprocuradurías de la PGR, en el CIF les cobraban hasta por la comida. Cita que “… por dos kilos de barbacoa, un kilo de tortillas y cuatro refresco de lata cobraba[(Negrete López] 10 mil pesos. Por una hamburguesa y refresco mil pesos; por meter una mujer vestida de agente federal de investigación (AFI) y tener relaciones sexuales con ella durante media hora, cobraba cinco mil dólares.
“Por tener los privilegios de meter cigarros al cuarto, hacer llamadas más de la cuenta en el teléfono instalado fuera de los dormitorios, robar yougurts (sic) a la hora del desayuno y llevarlos al cuarto cobraba diez mil dólares por cada cuarenta días que durara el arraigo; por meter un celularmil dólares diarios o sea cuarenta mil dólares por cuarenta días de arraigo”, reveló.
La forma en que se cobraba el dinero era de manera directa y en una cuenta de Bancomer a nombre de una mujer. Todo lo que ingresaba en forma ilegal, llegaba a los cuartos en botes de basura. De esa misma forma se sacaba la basura y las botellas de vino, expresa.
“…Un día me mandaron a amenazar por medio de un Agente Federal de Investigación del que no se su nombre, pero si lo veo lo reconocería de inmediato”, acotó Puga Quintanilla, quien falleció más tarde al interior de una cárcel en Texas, Estados Unidos.
En otra ocasión, coincidió con Negrete López al interior de la SIEDO, el jefe policial, “se me acercó para intimidarme y recomendó: “no digas nada porque te tengo bien ubicado”.
Todo este dinero, como el que se pagaba en diferentes áreas ministeriales escalaba y llegaba a los altos mandos que ahora son investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, imputaron.
El testigo protegido declaró ante el juez especializado que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Los Zetas ya habían diversificado sus formas ilícitas de operar y no sólo se conformaron con el tráfico de drogas, sino que ampliaron sus redes al trasiego a las armas de fuego, indocumentados, contrabando de mercancías, levantones y ejecuciones.
Ahora, los fiscales federales de Estados Unidos que llevan el jucio contra García Luna en una corte federal de Brooklyn indagan hasta dónde llegaron los dólares y qué mandos fueron los que dispusieron del dinero y cuantos brindaron protección para que el negocio de la droga se potencializara y cruzara hacia su país. En el mismo sentido declararon los testigos protegidos con nombre clave Angélica y otra persona identificada como Carlos Alberto Ortiz Fuentes, el Pez.
El testigo protegido Angélica –quien fuera agente federal de investigación– en su testimonial deja ver como existía corrupción total en los traslados e ingresos a penales federales, al grado de permitir ataques, emboscadas y rescates violentos, sin tomar en cuenta que la vida de policías federales y de custodia estaba de por medio. Todo por la corrupción y el dinero.
De acuerdo con los expedientes se asienta que el 25 de agosto de 2008 –plena guerra decretada por Felipe Calderón Hinojosa a una parte del narcotráfico– se hizo el traslado de personas pertenecientes al Cártel Arellano Félix, organización dedicada al tráfico de cocaína, marihuana, dinero en moneda americana, armas de fuego, indocumentados, contrabando de mercancías, levantones y ejecuciones.
En ese sexenio se negociaba e imponía cuotas a todos el narcotráfico sin distinguir organizaciones. El dinero escalaba a todos los niveles y no se tomaba en cuenta la vida de las personas y el baño de sangre, infería.
El testigo, agregó: “tengo aproximadamente dos años y medio realizando traslados como agente federal de investigación (AFI) desde el Centro de Investigaciones Federales, razón por la cual conozco todos los procedimientos, aprendidos incluso en instalaciones del Buró Federal de Investigación (FBI por su sigla en inglés)”.
En esa ocasión, dijo, revise toda la documentación y la coteje. Por la tarde, ya con los certificados médicos, sin alguna justificación cambiaron las instrucciones. Se trataba un levantamiento de arraigo de nueve personas del sexo masculino que tendrían que llegar a Nayarit (prisión de máxima seguridad conocida como El Rincón).
A diferencia de todos los traslados, los detenidos, no llevaban artículos personales, ni pertenencia alguna. Ante ello, “ordené se les esposara y se les subiera a las camionetas. Ya se había solicitado apoyo y llegó de la Base Toreo de Cuatro Caminos (entonces delegación Miguel Hidalgo-CDMX).
Los integrantes del Cártel Arellano Félix fueron subidos a dos aviones que despegaron con destino al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) ubicado en el estado de Nayarit.
“Hasta tocar tierra todo transcurría sin novedad. A la primera persona que vi fue al Director Técnico del Cefereso y le entregué el gafete de Oliver Lucio García, quien sería el encargado del ingreso de los detenidos. Después, verifiqué que estuviera el apoyo de la plaza (delegación PGR-Nayarit) y nada más había dos camionetas solicitadas por Arturo Negrete López. Pedí instrucciones y me dijeron que continuara con la entrega.”
El testimonio agregaba que a los imputados se le retiró esposas y grilletes para evitar que se cayeran o lastimaran en su entrega al personal del Cefereso. Ellos, colocaron sus esposas y grilletes. Apretujados en una camioneta ExpressVan y una Chevrolet, Suburban, así como un número de vehículos locales inició el traslado.
“Apenas dos kilómetros después de haber salido del Aeropuerto de Tepic, Nayarit, fuimos atacados. La velocidad de los vehículos que iban a la vanguardia del convoy era de entre 70 y 80 kilómetros por hora cuando lo ideal es 90.
“¡Nos están disparando…, nos están disparando! Yo, casi simultáneamente grité: ‘nos están disparando 21, 21, que es la clave de alerta’. En ese momento empecé a sentir los pedazos del tablero en la cara o que algo me pegaba en el cuerpo. El vehículo lentamente se detuvo –tal vez se poncharon las llantas–y no pudimos continuar”.
La declaración continuó: “Pedro Villagómez, uno de mis compañeros gritó: ‘¡me dieron!’ y sangraba de una mano. Mauricio Arzola, repuso “¡a mí también! Yo lo único que decía: ‘respiren, no se duerman’. A Pedro le pedía: ‘agacha la cabeza’, mientras Mauricio se desangraba. Vía telefónica pedí apoyo… 5, 5, 5, que es la clave de emergencia, como respuesta de Julio César Rodríguez López escuché: los emboscaron y, en segundos empezaron a volar las granadas.”
Según el testigo protegido, después se aproximó una camioneta de color azul claro, se puso frente a la Express Van y vaciaron su fusil de asalto AK-47 o cuerno de chivo. Consumado el rescate se fueron. En vehículos privados que pasaron por el lugar se puedo llevar a los heridos al hospital, después de que el traslado había sido vendido.
A lo largo del sexenio de Felipe Calderón fueron las escenas que se vivieron periódicamente. Traiciones, choques, masacres y una guerra fallida al interior de las instituciones, lo mismo que frente a la delincuencia organizada que compró todas las plazas, afirman las víctimas de régimen suicida.
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