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Primera parte. Cuando el panista Felipe Calderón Hinojosa llegó a la Presidencia de la República, “lo más urgente en Conacyt se convirtió en darle recursos a Kimberly Clark. Mi abuela diría: ‘para muestra un botón’, pero eso nada más es la ‘puntita de la hebra’”, acusa la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces. Agrega que desde entonces y hasta el sexenio pasado, el ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) regaló miles de millones de pesos del erario nacional a las trasnacionales.
Al analizar estados financieros de los fideicomisos constituidos en los sexenios pasados, el Consejo estimó que en el calderonismo y en el peñismo se entregaron 42 mil 213 millones de pesos a la iniciativa privada a fondo perdido y sin justificación: 14 mil 813 millones con Calderón, y 27 mil 400 millones con Enrique Peña.
Y, en efecto, entre los primeros beneficiados del calderonismo –a través del Conacyt– está la empresa de Claudio X González Laporte: en 2007, primer año de ese gobierno, Kimberly Clark obtuvo siete subsidios por un total de 10 millones 303 mil 705.80 pesos. El monto fue autorizado como “estímulos fiscales a la investigación y desarrollo de tecnología”, consta en el Diario Oficial de la Federación del 3 de marzo de 2008. Al lado de ésta figuran decenas de corporaciones también beneficiarias. Al año siguiente, los estímulos que obtuvo ascendieron a 91 millones 643 mil 79.63 pesos (DOF, 27 de febrero de 2009).
Además de esos apoyos, en los archivos del Consejo –entonces encabezado por el panista y exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks– hay rastros de otros beneficios con el dinero del pueblo: se trata de al menos dos entregas de recursos públicos mediante el programa INNOVATEC, por un total de 36 millones de pesos:
1) Proyecto número 110753 de Kimberly Clark de México, SAB de CV: “investigación, desarrollo e ingeniería de proceso en línea de pañales para recién nacidos y bebés con atributos superiores de contención de heces, suavidad exterior, eficiencia de absorción y confort desarrollados con tecnología propia de alta competitividad”, que en 2009 recibió 26 millones 473 mil 851 pesos del viejo Conacyt.
2) Y proyecto número 112218: “ingeniería de proceso para mejora sustancial en higiénicos (papel tissue), valor agregado por nuevas tecnologías de laminación e innovador higiénico húmedo desechable y dispersable [sic] en el inodoro, desarrollado con base en formulación propia libre de alcohol”, que en ese mismo año fue subsidiado con 9 millones 526 mil 149 pesos. En aquellos años, los consumidores no vieron beneficios: ni los pañales ni el papel de baño bajaron de precio.
En entrevista con Contralínea, la doctora Álvarez-Buylla Roces señala que ahora Kimberly Clark –y decenas de trasnacionales a las que ya se les han retirado todos esos privilegios– está detrás de las campañas mediáticas de desprestigio contra el Conahcyt y la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
El ejemplo que cita la científica para ilustrar la política pública que prevaleció en los gobiernos pasados sobre el sector, permite no sólo observar el dispendio de fondos públicos del entonces Conacyt, sino, sobre todo, el “pago de favores” a la industria. Y es que de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario González Laporte –principal accionista de Kimberly Clark y padre del ahora “líder moral” de la oposición– financió en su momento la campaña de “AMLO, un peligro para México”, y contribuyó al fraude electoral de 2006.
A la par de los ataques mediáticos contra el Consejo y la nueva legislación, está en marcha una estrategia legaloide para echar abajo los cambios institucionales y legales, que tiene por objetivo retornar al régimen de derroche que benefició a los más ricos. En esa otra cruzada también participa la familia de los X González, de la mano del Partido Acción Nacional.
Por una parte, senadores y diputados panistas han presentado –por separado– dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra la ley general en la materia. Y por otra parte, se han promovido más de 30 juicios de amparo, pero no directamente contra el Conahcyt, sino contra el Congreso de la Unión. Hasta ahora, ninguno ha logrado frenar la aplicación de la nueva norma que tiene como eje rector que las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como los recursos, estén al servicio del pueblo y no de la iniciativa privada.
Algunos de los amparos fueron promovidos por la organización Uniendo Caminos, AC, que dirige María Carmen Eugenia Gómez Portugal Antillón, y que de acuerdo con el Conahcyt está vinculada al PAN y a la asociación Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Como Contralínea lo documentó, Litigio Estratégico está encabezado por Claudio X González Guajardo (“líder moral” del PAN, PRI y PRD), Fernando Gómez-Mont Urueta –exsecretario de Gobernación de Calderón–, Gustavo de Hoyos y Miguel Carbonell.
En marzo de 2022, Uniendo Caminos fue identificada como la asociación que pagó la propaganda en espectaculares que decía: “Este 10 de abril vota para que [AMLO] se vaya. ¡Porque nos ha mentido, nos ha robado y nos ha traicionado!”. No obstante, en sus archivos contables no figura ningún gasto de esa naturaleza.
Sus documentos internos revelan que sus ingresos por donativos ascendieron a 336 mil 600 pesos en 2022, de los cuales indica que donó 272 mil 451 pesos a otras asociaciones que no identifica, y que están asentadas en Zapopan, Jalisco. Además, reporta un gasto operativo de 64 mil 149 pesos (35 mil 185 pesos en combustible y 28 mil 964 pesos en honorarios). Nada dice de la renta de espectaculares.
Respecto de la estrategia legaloide, la doctora Álvarez-Buylla señala: “todos estos amparos generan un desgaste tremendo, totalmente ilegítimo. Con lo de la [acción de inconstitucionalidad contra] ley ha sucedido lo mismo”.
La titular del Conahcyt explica que hasta ahora ni la demanda de inconstitucionalidad –que viene de la bancada del PAN– ni los juicios de amparo han suspendido la aplicación de la nueva legislación. Respecto al proceso que se sigue en la Suprema Corte, indica que el ministro [ponente Arturo] Zaldívar tampoco inhabilitó la ley.
“Yo considero que, dada la pulcritud con la cual fue elaborada [la ley], dado el consenso, la cantidad de discusión –inclusive después de que fue sometida a la Cámara de Diputados por el presidente de la República–, hay muy poquitas posibilidades de ser declarada inconstitucional. Y tampoco en el proceso [legislativo] porque eso fue muy pulcro”.
Contralínea preguntó a la doctora Álvarez-Buylla Roces –directora general del Conahcyt, Premio Nacional de Ciencias 2017 e investigadora con comisión de la UNAM– cuáles son, además de Kimberly Clark, las otras trasnacionales que estarían detrás de las campañas mediáticas de desprestigio. Al respecto, señala que sí las tienen identificadas, aunque sólo accede a dar una pequeña muestra:
“Monsanto, porque ahí no sólo hay campaña en contra de la ley, sino contra toda la defensa de nuestra soberanía. Y Bayer. Todas las automovilísticas, Volkswagen, BMW. También otras biotecnológicas. Farmacéuticas que estuvieron ligadas directa o indirectamente a ese grupo de elite que se encargaba de toda la compra y venta de los medicamentos. Electrónica, también es importante”.
La bióloga agrega a esa lista a la trasnacional tecnológica Intel, y critica: “todas las patentes que ha generado [es corporación] en nuestro territorio, sobre todo en Jalisco, han sido hechas por ingenieros mexicanos, pero ellos no son los dueños y mucho menos el Estado mexicano. Pero además de esto, además de regalarles el talento y nuestro territorio para que vengan a hacer sus grandes ganancias, se les regalaba [el dinero público], porque era a fondo perdido y eso no se llama financiar”. Otra empresa que cita entre las beneficiarias del régimen neoliberal es “Bimbo, que también es importante, con mucho dinero”.
El 3 de mayo pasado, la científica denunció en la conferencia presidencial que las empresas más beneficiadas por el Conacyt en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña –con fondos públicos por 45 mil 643 millones de pesos, de los cuales 42 mil 213 millones se otorgaron en el calderonismo y peñismo– son: Kimberly Clark, Femsa, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, BMW Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México, Proft Tech, e Intel. En total, fueron 2 mil 935 beneficiarias, denunció la titular del Conahcyt.
Y aprovecha para señalar que en el régimen de privilegios indebidos hay algo que cuesta trabajo aceptar, y es que eran muy creativos para saquear a la nación: “hicieron un programa de estímulos a la innovación, que funcionaba haciendo estas transferencias a las empresas que luego se comprometían a pasar parte de los recursos a instituciones de educación superior públicas, y ahí había los consentidos dentro de las instituciones de educación superior, porque están bastante sobrerrepresentados, digamos, estos apoyos. Y luego [había] una triangulación muy interesante tanto en talentos, becas o apoyos a proyectos. Entonces, imagínate, hay colegas dentro de las instituciones de educación superior que están muy molestos”. Esos estímulos fueron precisamente la figura bajo la cual Calderón benefició –en los primeros dos años de su gobierno– a Kimberly Clark.
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