Con 474 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de extorsión, que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general para establecer tipos penales y sanciones contra quienes cometan este delito. El objetivo es fijar criterios de prevención e investigación, además de mecanismos de atención a las víctimas.
Tras más de cuatro horas de debate, en el que legisladores de todos los grupos parlamentarios expresaron su respaldo, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales fue avalado y turnado al Senado. La reforma modifica el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
El diputado Leonel Godoy Rangel, presidente de dicha comisión, afirmó que se trata de un “paso decisivo” frente a uno de los delitos que más afectan a la sociedad. Explicó que la reforma permitirá expedir la ley general contra la extorsión y perseguir este ilícito de oficio, al reconocer que no sólo lesiona el patrimonio, sino también otros bienes jurídicos.
Godoy advirtió que el delito se ha incrementado en los últimos años. Recordó que en 2018 se registraban 19 casos diarios, y para enero de 2025, la cifra alcanzó 29, lo que representa un aumento del 58 por ciento. Precisó que las estafas telefónicas y el cobro de piso son las principales modalidades. Añadió que la extorsión presencial presiona a comercios, carreteras, negocios, huertas y actividades productivas en general, e incluso alcanza a cargos municipales.
La diputada del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal Martínez, respaldó el dictamen al destacar que responde a una demanda social. Subrayó que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más lacerantes: entre enero y julio de 2025, se registraron 6 mil 880 víctimas; la cifra más alta en seis años. De igual manera, señaló que las pérdidas económicas ascienden a más de 26 mil millones de pesos anuales, recursos que fortalecen a las redes criminales.
Bernal sostuvo que la seguridad es un derecho, no un privilegio, y que la reforma constituye un acto de justicia social.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández García, refirió que entre 2023 y 2024 ocurrieron 4.9 millones de casos de extorsión, con una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. Detalló que el 85.6 por ciento de los casos fueron telefónicos; y en 12.9 por ciento, las víctimas pagaron.
A su vez, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional, Nadia Navarro Acevedo, señaló que la extorsión afecta tanto a ciudadanos como a gobiernos municipales, empresarios, ganaderos y agricultores. Consideró indispensable asignar un presupuesto suficiente para superar el rezago en la impartición de justicia.
La reforma constitucional fortalece la Estrategia Nacional contra la Extorsión impulsada por la presidenta Sheinbaum y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. La estrategia contempla cinco ejes: detenciones basadas en labores de inteligencia, creación de unidades locales antiextorsión, aplicación de un protocolo de atención a víctimas, capacitación en manejo de crisis y negociación, así como una campaña nacional de prevención.
Te recomendamos: Ley de Amparo; Aduanera y de Extorsión, entre la agenda para próximo periodo de sesiones
