Con el objetivo de garantizar que la fiscalización de la cuenta pública sea un proceso más efectivo, democrático, abierto y libre de actos de corrupción o de nepotismo, en San Lázaro, legisladores iniciaron los debates del proyecto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La iniciativa a cargo del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante del grupo parlamentario de Morena, busca fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción y Buen Gobierno, transformar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), erradicar de manera definitiva el fuero constitucional para los servidores públicos y establecer candados para prohibir el nepotismo. Para este último, se pretende reforzar la imparcialidad en la ASF mediante la prohibición de vínculos familiares entre la persona titular del órgano fiscalizador y otros altos cargos del Estado.
“Queremos tener un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción con un programa sexenal que defina con claridad los objetivos, las metas y los participantes; que vuelva a configurar la estructura para que todas las instancias encargadas de combatir la corrupción, garantizar la transparencia, luchar contra la opacidad, combatir el crimen y también terminar con la impunidad, se conjunten en lo que sería la nueva estructura de este Sistema Nacional Anticorrupción”, puntualizó Ramírez Cuéllar.
De acuerdo con el documento presentado, se propone reducir los plazos de fiscalización con el fin de evitar el retraso de la identificación y corrección de irregularidades en el ejercicio del gasto público: “Para fortalecer la rendición de cuentas y hacer más efectiva la labor fiscalizadora de la Auditoría Superior de la Federación es necesario reducir estos plazos, garantizando que la información obtenida en las auditorías sea oportuna y útil para la toma de decisiones”, señala el documento.
Asimismo, la iniciativa de reforma prevé “fortalecer la participación ciudadana en la democracia”, al robustecer la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad de las instituciones, al involucrar a la sociedad civil –a partir de las organizaciones– en el proceso de designación de la persona titular de la ASF.
“Además, se propone fortalecer los mecanismos de denuncia ciudadana que ya existen actualmente”, indica el documento. Con ello, Ramírez Cuellar también plantea eliminar la reelección de las personas titulares de la ASF y de la Unidad de Evaluación y Control (UEC): “La no reelección del auditor o auditora superior de la Federación y de la persona titular de la UEC garantiza la renovación institucional y evita la perpetuación de intereses particulares en la fiscalización del gasto público. Al impedir la continuidad en el cargo, se promueve la independencia de la ASF, evitando incentivos para la alineación política o la falta de objetividad en la toma de decisiones”, señala.
Por otro lado, durante el foro de discusión, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, destacó que la reforma es consecuencia de las modificaciones constitucionales en materia de simplificación administrativa. Ello, con el objetivo de reorganizar las atribuciones en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos en posesión de entes públicos y particulares.
“Los cambios constitucionales se centraron en reorganizar los órganos gubernamentales, racionalizar la asignación de competencias y ajustar las funciones de ciertas dependencias y entidades federativas federales. Asimismo, entre los aspectos más relevantes que busca establecer la norma es la reducción de la burocracia, la eliminación de cargos o dependencias redundantes y la reasignación de funciones para evitar solapamientos y promover un ejercicio más ágil y directo de las atribuciones constitucionales”, declaró Mejía Berdeja.
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