La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a todos los actores del gobierno a no promover discursos insultantes o amenazantes contra periodistas y medios de comunicación, ya que dichas acciones promueven la división social y agudizan el clima de violencia que enfrenta la prensa mexicana.
A través de un comunicado, la Comisión expuso que en los últimos meses se han incrementado las descalificaciones hacia comunicadores y medios por parte de servidores públicos, lo que –señaló– crea un contexto poco favorable para la libertad de expresión y fomenta la alta incidencia de violencia contra quienes ejercen el periodismo en el país.
También explicó que quienes ostentan un cargo público pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión, pero en los discursos que emitan mediante cualquier plataforma, ya sea digital o electrónica, “debe primar la autocontención, tolerancia a la crítica y responsabilidad permanente ante la posición y poder de sus palabras y acciones”, las cuales repercuten en todos los sectores sociales que los ven y escuchan.
La libertad de expresión en México enfrenta un panorama latente de violencia, pues el país se ha convertido en el más peligroso de todo el Continente Americano y “los 149 homicidios cometidos contra comunicadores desde el año 2000 y los 21 periodistas desaparecidos desde 2005 son la evidencia más terrible de ello”, recordó la CNDH.
Por último, aclaró que la deliberación y la discusión pública son parte importante de la vida democrática y, en ocasiones, “esos debates y críticas pueden ser vigorosos y hasta incómodos”, sin embargo, “ello no debe trascender en descalificaciones, estigmatizaciones o insultos”, ya que los diferentes auditorios pueden replicar ese discurso agresivo contra el gremio periodístico.
De acuerdo con el Protocolo de la impunidad en delitos contra periodistas, elaborado por la organización internacional Artículo 19, entre 2010 y 2018 se registraron 186 delitos cometidos contra periodistas o medios de comunicación, los cuales iban desde agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, amenazas, fabricación de delito, tortura, hasta desaparición, homicidio y ejecuciones. De esos casos, el 99.13 por ciento han quedado impunes.
Karen Ballesteros
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