Si la iniciativa de reforma en materia electoral llega al Congreso de la Unión a mediados de enero, como lo adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Cámara de Diputados podría iniciar su discusión en febrero, mediante un parlamento abierto, con un proceso informado y apegado a la agenda legal, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila.

En conferencia de prensa, rectificó su posición de la semana pasada sobre la posibilidad de abordar dicha reforma en un periodo legislativo extraordinario de sesiones, conforme a los plazos legales. “Nosotros lo único que tenemos que hacer es cuidar que se respete la ley, dado que hay un plazo para modificar la materia electoral antes de que inicie formalmente el proceso. Sólo salvando eso, tendremos toda la discusión que sea necesaria”, puntualizó.

Asimismo, Monreal Ávila precisó que, en caso de que la iniciativa sea enviada a la Cámara de Diputados, se abrirán reuniones amplias y espacios de deliberación para analizar los contenidos de la reforma. En ese escenario, la discusión formal arrancaría el 1 de febrero, una vez que la propuesta sea turnada por la Comisión Permanente, dependiendo de cuál Cámara funja como origen.

“En el caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo decidiera enviarla a la Cámara de Diputados, iniciaríamos reuniones amplias para poder deliberar sobre las materias que se van a plantear”, explicó.

En este sentido, el representante de Morena en la Cámara de Diputados reiteró que por el momento se conoce que la iniciativa de reforma en materia electoral se estructurará en tres ejes centrales: la reducción de los recursos públicos destinados a los partidos políticos, la disminución del costo de los procesos electorales y la modificación de las fórmulas de asignación de las diputaciones y senadurías de representación proporcional.

Añadió que algunas de estas propuestas ya han sido adelantadas por la propia primera mandataria, entre ellas la revisión de la representación proporcional, los gastos que se erogan durante los procesos electorales y el financiamiento a los partidos políticos. Con ello, mencionó, la iniciativa también podría incluir ajustes a la estructura de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y de los tribunales electorales, temas que, reconoció, requerirán una deliberación amplia, incluso al interior del bloque gobernante y de sus aliados, donde hay posiciones diversas.

“Obviamente, tendríamos que deliberar y debatir mucho, porque dentro del propio movimiento [de la cuarta transformación] hay posiciones diversas dentro de nuestros aliados. Entonces, vamos a esperar la reforma”, añadió.

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, la propuesta de reforma considera reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campañas a los partidos políticos, así como eliminar recursos para actividades partidistas específicas. Estas medidas, según cálculos oficiales, podrían generar ahorros por más de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030.

Asimismo, la iniciativa prevé la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al actual Instituto Nacional Electoral y a los 32 OPLE’s. Además, reduciría de 11 a nueve el número de consejeras o consejeros electorales y acortaría su periodo de gestión de nueve a seis años, sin posibilidad de reelección.

Otro cambio planteado es la eliminación de 200 diputaciones y 64 senadurías plurinominales, de modo que el Congreso quede conformado únicamente por 300 diputadas y diputados y 64 senadoras y senadores, electos por mayoría relativa. En el ámbito local se eliminarían 459 diputaciones plurinominales, para que los congresos estatales estén integrados únicamente por representantes electos directamente en los distritos correspondientes.

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