La Contraloría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrió desfalcos en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) que se fraguaron desde la Unidad Administrativa de esa dependencia universitaria. Se extrajeron recursos bajo el supuesto pago por servicios que, en realidad, nunca se hicieron.
Los responsables aprovecharon actividades como la Fiesta de las Ciencias o una exposición en Francia para sumar servicios que ni siquiera requirieron las áreas de la DGDC. Las irregularidades tuvieron lugar entre 2018 y 2019, desde entonces esta Dirección ya encabezada por César Augusto Domínguez Pérez Tejada. El titular de la Unidad Administrativa era Daniel Zamora Fabila, el único sancionado.
Hasta la fecha, por todas las irregularidades detectadas, sólo ha sido destituido un servidor público. Zamora Fabila acumula 44 años de inhabilitación para trabajar en la UNAM pero hay, al menos, otro expediente abierto en contra suya.
Las auditorías internas y procedimientos de responsabilidad administrativa –de las cuales Contralínea posee copia– fueron realizadas por la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría. A su vez, esta dependencia responde al Patronato Universitario.
Las investigaciones quedaron intramuros. La UNAM no informó a la sociedad ni enteró a las autoridades de estos desfalcos. Los tres expedientes cerrados no derivaron en investigaciones que involucraran a otros servidores públicos de la DGDC.
Con respecto del expediente PRA/01/2020, que deriva de la auditoría interna A042/2018-AR-B3, la Contraloría universitaria identifica un daño patrimonial de 2 millones 25 mil pesos. Concluyó con la destitución e inhabilitación de Zamora Fabila por 15 años.
De entre las irregularidades destacan aquellas que suman un monto por 797 mil 387.84 pesos. La cantidad buscó justificarse con el pago de servicios que, de acuerdo con la auditoría, no hay evidencia alguna de que se hayan realizado.
Así, mediante seis operaciones autorizadas entre octubre y noviembre de 2018, se pagaron cuatro supuestos servicios a tres personas morales y una persona física.
El caso que más recursos involucra es el de “Servicios de exhibición gráfica en París”, supuestamente a cargo de la empresa Rokar Construcciones, SA de CV. En una operación, fue autorizado el pago el 12 de noviembre de 2018, con folio de autorización DGDC-18-SP-001212.
La orden de compra se realizó hasta el 25 de mayo de 2019 y se le asignó el folio DGDC-18-SC001750-1. No obstante, el pago, por 612 mil pesos, se había efectuado desde el 21 de noviembre de 2018.
Rokar Construcciones es una empresa de la industria de la construcción con sede en Querétaro. En su sitio de internet enlista los clientes a los que ha prestado servicio. No figura la UNAM.
Otro daño al patrimonio universitario, detectado por la Contraloría, es el que constituyó un pago por 109 mil 87.84 pesos supuestamente a la persona física Silvia Isabel Montesinos Cervantes. Por el supuesto “Alquiler de mobiliario y servicio de box lunch para evento Fiesta de las Ciencias” (sic), se le autorizaron dos operaciones de pago el 17 de octubre de 2018. La primera bajo el folio DGDC-18-SP-000810. La segunda, DGDC-18-SP-000815.
Estas autorizaciones generaron las órdenes de compra DGDC-18-SC-001200-1, DGDC-18-SC-01201 y una tercera 1158. Las fechas en que se emitieron las órdenes fueron el 3 y el 5 de octubre de 2018 para los dos primeros folios. El tercero no cuenta con fecha. Los pagos se concretaron entre el 9 y el 11 de octubre.
Silvia Isabel Montesinos Cervantes es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México. Obtuvo su cédula en 2008, según la plataforma de estadística jurídica Búho Legal.
Otros dos formatos de autorización de pago se efectuaron supuestamente a favor de Calmun, S de RL de CV, por un monto total 52 mil 145 pesos. Uno, con folio DGDC-18-SP-000771, el 16 de octubre de 2018. El otro, DGDC-18SP-000769, el 9 de octubre de 2018.
De ellos se derivaron sus respectivas órdenes de pago –DGDC-18-SC-001150-1 y DGDC-18-SC-001151-1– que se emitieron el 27 de septiembre de 2018 bajo el concepto de “Renta de equipo y mobiliario”. Las operaciones de pago a cargo de la UNAM se efectuaron el 3 y el 5 de octubre de 2018. Es decir, antes de que emitieran las autorizaciones.
El otro pago irregular se realizó supuestamente a la empresa Torresca, S de RL de CV, por la “Renta e instalación de carpas”. La UNAM erogó 24 mil 175 pesos el 11 de octubre de 2018. La orden de compra DGDC-18-SC-001187-1 se emitió el 3 de octubre de 2018. Y la autorización de pago DGDC-18-SP-000610 hasta el 17 de octubre de ese año.
Todas estas operaciones, de acuerdo con el expediente PRA/01/2020 elaborado por la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría universitaria, fueron validadas y autorizadas por Daniel Zamora Fabila. Para ello, utilizó su firma electrónica en el Sistema Institucional de Compra (SIC) en las seis operaciones.
“Lo anterior se presume indebido, toda vez que no existe evidencia documental que acredite la prestación de los servicios solicitados, por lo que el C. Daniel Zamora Fabila, con su conducta posiblemente causó un daño al patrimonio de la Institución” (sic), determina la Contraloría.
Otras irregularidades administrativas que también implican daño patrimonial se consignan en un segundo resultado del expediente PRA/01/2020. Se derivan del análisis realizado al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa P003/2019-PR-B3.
De acuerdo con la Contraloría de la UNAM, Zamora Fabila, en su carácter de jefe de Unidad Administrativa, autorizó los formatos de “Solicitud Interna de Compra”, con folios 1676 y 1677, sin fechas, para la compra de boletos de avión México-París-México.
También autorizó una compra, sin número de folio, fechada el 30 de octubre de 2018, para la elaboración, desarrollo y ejecución de un proyecto museográfico para la Exposición Luces y Sombras, y para la ejecución, operación y montaje de la exposición en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, Francia.
En los documentos aparece como “Área solicitante” el Museo de la Luz; pero carecen de la firma del responsable de dicho museo “que avale el contenido de dichas solicitudes”.
La Contraloría confirmó que las solicitudes 1676 y 1677 no fueron realizadas por el Museo de la Luz. Tampoco, los trabajos que supuestamente realizó Rokar Construcciones, SA de CV.
Por ello, el órgano fiscalizador universitario determina que Zamora Fabila probablemente no ajustó su conducta “a los principios de transparencia y honradez que se refiere el numeral 1.5 de Normatividad de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Tal disposición señala: “Será obligatorio que los procesos de adjudicación para contratar las adquisiciones, arrendamiento y servicios, se ajusten a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez, en concordancia con la disponibilidad presupuestaria y control del gasto, para una eficiente utilización de los recursos, a fin de garantizar las mejores condiciones para la UNAM, la cual observará que haya la debida difusión, igualdad y libertad de acceso en dichos procedimientos”.
Para la Contraloría, Daniel Zamora Fabila “incumplió en los dispuesto en las fracciones II y XIV del Reglamento de Responsabilidades Administrativas de las y los Funcionarios y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Como servidor público al interior de la UNAM, Daniel Zamora Fabila construyó su carrera al lado del propio César Augusto Domínguez Pérez Tejada, hasta la fecha director de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia.
Su trabajo conjunto inició en el Instituto de Ecología (IE), donde Domínguez Pérez Tejada fue titular entre 2008 y 2016. En ese periodo, el secretario administrativo del IE fue el contador público Zamora Fabila. También la Contraloría universitaria abrió un expediente por probables irregularidades cometidas en ese Instituto.
Contralínea posee copias de los cuatro expedientes, elaborados por la Dirección de Responsabilidades e Inconformidades de la Contraloría universitaria. El primero de ellos, del cual se dieron detalles en la entrega pasada, cuenta con número de carpeta de procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/09/2019. Deriva de la auditoría interna A019/2018-AB3. Su resolutivo concluyó en la inhabilitación para ocupar algún empleo, cargo o comisión en la UNAM, por 18 años, de Daniel Zamora Fabila. Los recursos involucrados en las irregularidades ascienden a más de 5 millones de pesos.
El segundo expediente –del cual se ofrecen detalles en la presente entrega–consta del procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/01/2020 y la auditoría interna A042/2018-AR-B3. Resolvió la destitución e inhabilitación del mismo funcionario por 15 años. Los montos involucrados en este caso suman 2 millones 25 mil pesos.
Mientras, el tercer caso cerrado se abrió en 2020, pero a partir de hechos ocurridos cuando Domínguez Pérez Tejada y Zamora Fabila se encontraban en el Instituto de Ecología. Con número de carpeta de procedimiento de responsabilidad administrativa PRA/02/2020 y auditoría interna A020/2018-AR-A2, la Contraloría emitió un resolutivo en el que sanciona al mismo contador con una inhabilitación de 11 años. El monto de las irregularidades asciende a 400 mil pesos.
Un cuarto caso se encuentra abierto y se refiere a irregularidades cometidas en los trabajos para el Museo de la Luz, que cambiará de sede a Mérida, Yucatán. De nueva cuenta, se perfila como único directivo responsable a Zamora Fabila por irregularidades de alrededor de 5 millones de pesos.
La inhabilitación de César Zamora Fabila hizo efectos a finales de agosto de 2021. Sin embargo, demoró 2 meses en dejar el cargo, con la complacencia de Domínguez Pérez Tejada. Incluso, siguió firmando cheques como titular de la Unidad Administrativa. Se pretendió, incluso, que quien ocupara el cargo fuera su esposa, la también contadora y maestra Araceli Mosqueda.
Finalmente, quien terminó ocupando el cargo, hasta el día de hoy, es Carlos Augusto Plancarte Morales. Se trata de la misma persona que fungiera como secretario administrativo de la Facultad de Ciencias cuando, por “errores” administrativos en plena pandemia, se dejó de pagar a los profesores. La inconformidad hizo estallar el movimiento La UNAM no Paga.
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