Desde un helicóptero, de forma arbitraria e ilegal, personal de la Secretaría de Marina (Semar) acribilló a una familia que no representaba ninguna amenaza. Tras investigar la agresión, que resultó en la muerte de dos niñas y su madre, así como en daños a la integridad de otras tres víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar.
Aquel domingo 25 de marzo de 2018, antes de que amaneciera, la familia regresaba a su casa a bordo de un automóvil. Durante su trayecto, en una carretera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recibieron disparos desde el cielo: personal naval arremetía contra ellos desde un helicóptero con una metralleta capaz de disparar tres mil proyectiles por minuto.
Sin más, la aeronave se alejó dejando al vehículo y las víctimas en medio de la carretera. Regresarían después, recuerdan los sobrevivientes, pero sólo para observar que había heridos. Se fueron sin brindarles auxilio, “a pesar de que el Manual del Uso de la Fuerza para las Fuerzas Armadas establece la obligación de procurar o permitir a las personas lesionadas atención médica o su traslado a la instalación sanitaria más cercana”, señala la CNDH en la recomendación.
“Fuego cruzado”, versión falsa de la Semar
Originalmente el helicóptero había despegado de Reynosa con destino a Nuevo Laredo para brindar apoyo a personal naval que había sido atacado mientras realizaba patrullajes. “Sin embargo, el helicóptero llegó al lugar cuando los agresores a bordo de vehículos se estaban dispersando, momento en que ya había cesado el intercambio de fuego y estaba bajo control de las autoridades”, detalla la CNDH.
Para explicar el ataque contra la familia, la Semar emitió un comunicado de prensa en el que señalaba que fueron víctimas del “fuego cruzado”. Argumentaron que en ese mismo lugar los efectivos navales fueron atacados a disparos y “respondieron” a la agresión. Detallaron incluso que el armamento empleado no correspondía al utilizado por las aeronaves de la Armada de México. No hay pruebas de nada de esto.
Contrario a las disposiciones legales, el helicóptero de la Semar no contaba con equipo para realizar videograbaciones nocturnas y no se pudo documentar la actuación de sus elementos. Lo que sí evidenció la CNDH es que el helicóptero no presentó ningún daño, mientras que los 38 orificios de proyectil sobre la superficie del automóvil son testimonio de la agresión desproporcionada. Todos de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, tal como lo recuerdan los sobrevivientes.
De acuerdo con este organismo nacional, el uso de la fuerza letal fue ilegal e innecesaria. La Semar “contravino” las normativas que regulan el uso de la fuerza por parte del personal naval y violentó el derecho a la vida e integridad personal reconocidos constitucionalmente así como en diversos tratados internacionales.
La CNDH solicitó a la Secretaría de Marina que “repare integralmente el daño a las víctimas sobrevivientes”. Además, pide que se incluyan las medidas de rehabilitación necesarias y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas. También exige colaboración en los procedimientos administrativos y denuncia que se inicien ante el Órgano Interno de Control de la Semar y la Fiscalía General de la República, respectivamente.
Por último, demanda que la información publicada a través de comunicados de prensa sobre la participación de personal naval en operaciones de seguridad “sea objetiva, veraz y confiable”.
Marcial Yangali
