Existe un doble agravio a la sociedad cuando en los medios de comunicación del Estado mexicano se retransmite un trabajo enmascarado de periodismo pero que, en realidad, es un discurso confeccionado por los poderes fácticos –con objetivos totalmente ajenos a los periodísticos–, distorsionado y muchas de las veces cargado de mentiras. Y es un doble agravio porque, al actuar como una vil caja de resonancia de esos grupos de interés, esos medios violan el derecho humano a la información y, de paso, la ética periodística.
Pero no sólo eso: al potenciar el mensaje de los poderes fácticos y darlo como si fuera verdad, los medios del Estado mexicano benefician a esas élites con recursos públicos –dinero del pueblo–, y en algunos casos en perjuicio de la mayoría más vulnerable.
Así, cada vez que un medio público retoma –sin investigar, contrastar ni confrontar– los supuestos reportajes o de plano las opiniones de organizaciones y medios vinculados a empresarios y/o políticos –como el caso de los trabajos confeccionados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, asociación creada por Claudio X González Guajardo y financiada por el gobierno de Estados Unidos; LatinUs, propiedad del político priísta Roberto Madrazo; o cualquier otra asociación o medio con intereses aviesos– agravia a sus audiencias. Ello, bajo el criterio malentendido de garantizar de forma absoluta las libertades de expresión y de prensa, cuando es exactamente lo contrario: en el fondo, dar eco a esas campañas de noticias falsas es violatorio de esos derechos humanos.
Y es que las libertades de expresión y de prensa se deben ejercer en función y en consonancia con el derecho humano a la información; es decir, son libertades para investigar y opinar con base en informaciones veraces, sin vicios ocultos y apegándose siempre a los principios éticos del periodismo. No son libertades para propagar campañas de desinformación y, menos, informaciones facturadas para generar beneficios ilegítimos o incluso ilegales a favor de unos cuantos.
De acuerdo con la Carta Mundial de Ética para Periodistas, el deber primordial de esta profesión –y, por tanto, de los medios de comunicación– es respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla. Por tanto, retomar los mensajes de los grupos de interés –sin mediar cuestionamiento alguno, sin realizar una investigación propia para corroborar su veracidad y sin confrontar los señalamientos con los actores mencionados– vulnera de forma flagrante ese principio.
Entre las faltas profesionales graves, también menciona “la distorsión mal intencionada; la calumnia, la maledicencia, la difamación y las acusaciones sin fundamento”. Casi todos los mensajes elaborados por los poderes fácticos y grupos de interés tienen estas características. Por tanto, si los medios públicos los difunden sin ningún tratamiento de verificación ni contrastación, están incurriendo en ese doble agravio a la sociedad.
Además, la Carta Mundial observa que “no [se] debe utilizar la libertad de prensa en beneficio de intereses de terceros y [el o la periodista] debe abstenerse de recibir cualquier provecho por la difusión o no difusión de información. Evitará, o pondrá fin, a cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses en el ejercicio de su profesión. Evitará cualquier confusión entre su actividad como periodista y la de la publicidad o propaganda. Él/ella se abstendrá de cualquier forma de abuso de información privilegiada y manipulación del mercado”. Está más que claro que las asociaciones civiles e incluso algunos medios de comunicación no realizan periodismo y reproducir sus mensajes es una franca violación a la ética. En el fondo, o se trata de publicidad o se trata de propaganda, pero nunca de periodismo. Además, es un hecho que los poderes fácticos operan en su marco de intereses y siempre buscan un beneficio para sí mismos, dando la espalda al deber social que tiene el periodista de ejercer el derecho humano a la información. Por eso, nunca esos poderes fácticos patrocinarán un trabajo periodístico que les perjudique o que revele sus abusos.
Otro principio ético irrenunciable es el de defender, “en todo momento, el doble principio de la libertad de investigar y de publicar con honestidad la información, la libertad de comentario y de crítica, así como el derecho a comentar equitativamente y a criticar con lealtad. Él o la periodista se asegurará de distinguir claramente la información de la opinión”. Justo lo que se exponía con anterioridad: las libertades de expresión y de prensa son libertades para investigar y opinar, no para mentir y/o tergiversar la realidad para imponer una narrativa afín a los intereses de una élite. Tampoco son libertades para reproducir la posverdad: una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
La Carta Mundial también señala que “el o la periodista no informará sino sobre hechos de los cuales él/ella conozca el origen, no suprimirá informaciones esenciales y no falsificará documentos. Él/ella será cuidadoso en el uso de los comentarios y documentos publicados en las redes sociales”. Cuando retransmiten los mensajes disfrazados de periodismo, los medios públicos fallan totalmente pues desconocen el origen de las informaciones –quiénes son las fuentes y qué intereses tienen y cómo neutralizar los intereses ilegítimos mediante técnicas y métodos de la investigación periodística.
Los periodistas y por tanto los medios públicos deben respetar el principio de “no utilizar métodos desleales para obtener información, imágenes, documentos o datos. Él/ella siempre informará de su condición de periodista y se abstendrá de utilizar grabaciones ocultas de imágenes y sonidos, a menos de que sea objetivamente imposible para él/ella la recopilación de información de interés general de otra manera. Exigirá el libre acceso a todas las fuentes de información y el derecho a investigar libremente todos los hechos de interés público”. Sin embargo, las asociaciones y medios con intereses aviesos suelen emplear mecanismos desleales para obtener datos, por ejemplo corrompiendo a las personas o comprando información. Pero lo más grave es que arbitrariamente omiten consultar a todas las fuentes involucradas, además de que sus supuestas investigaciones se derivan de órdenes que les dan los representantes de los poderes fácticos con intereses específicos y ajenos a lo periodístico.
De acuerdo con la Carta Mundial, otro principio ético es que “la noción de urgencia o inmediatez en la difusión de la información no prevalecerá sobre la verificación de los hechos, las fuentes y/o el ofrecimiento de una respuesta a las personas implicadas”. Cuando los medios públicos reproducen sin mayor confrontación los trabajos disfrazados de periodismo, violan este precepto de verificación de los hechos, las fuentes y la respuesta de las personas implicadas.
Otro deber de la prensa es “esforzarse, con todos los medios, en rectificar de manera rápida, explícita, completa y visible cualquier error o información publicada y revelada inexacta”, lo cual no suele hacerse cuando se retoman trabajos de otros, mismos que se dieron como verdad y resultan ser parcial o totalmente falsos.
Además, está el principio ético de no difundir información u opiniones que contribuyan al odio o a los prejuicios, ni facilitar la propagación de la discriminación por motivos de origen geográfico, social, racial o étnico, género, orientación sexual, idioma, discapacidad, religión y opiniones políticas. No obstante, la mayoría de las informaciones confeccionadas por los grupos de interés o poderes fácticos en México sí contribuyen al odio y a la polarización social.
La Carta Mundial también establece que “el o la periodista no asumirá con ningún interlocutor un compromiso que pueda poner en peligro su independencia como profesional […]”. Es evidente que quienes trabajan en esas asociaciones civiles o medios de comunicación con intereses aviesos carecen de independencia en la agenda informativa, tampoco son libres de elegir sus temas a investigar, no pueden publicar el resultado de sus indagatorias cuando es contrario a los intereses de sus patrocinadores. Reproducir estos mensajes confeccionados por los grupos de interés es admitir esa misma subordinación ante los poderes fácticos. Y de forma flagrante se abandona el deber primordial del periodismo: respetar la verdad de los hechos y el derecho del público a conocerla. Debemos exigir medios públicos que se apeguen a la ética y dejen ya de difundir la posverdad.
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