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El hombre de los contratos en el Centro Nacional de Inteligencia

Publicado por
Miguel Badillo

Andrés Andrade Téllez –además de ser el hombre de confianza del director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez Zapata– es el responsable en la asignación de contratos a empresas extranjeras y nacionales relacionados con proveer servicios de software, asesoría y mantenimiento a todo el equipo tecnológico y de comunicaciones que ese órgano de seguridad nacional emplea para su labor de inteligencia.

De enero de 2019 a junio de 2020, Andrade Téllez se mantuvo en el cargo de director de Recursos Materiales y Servicios Generales del CNI y, bajo su nombre, registró 185 contratos por 106 millones 174 mil 687 pesos, todavía con las siglas de Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) y de los cuales el 55.6 por ciento fue por adjudicaciones directas bajo el argumento de que eran contrataciones relacionadas con la seguridad nacional.

Hay otros 186 contratos –por un monto de 162 millones 682 mil 502 pesos– de los cuales el 59.6 por ciento también fue asignado sin licitación por el mismo directivo del CNI. En estos casos, aunque empezaron en febrero de 2019 se mantuvieron vigentes hasta el 31 de enero de 2021; sin embargo, este segundo grupo ya no fueron firmados por Andrade Téllez, sino por Hugo Gaona Montiel.

De acuerdo con información publicada en Compranet, actualizada hasta el 13 de enero de 2021, desde la creación del CNI se registran 202 contratos firmados por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, por un total de 193.2 millones de pesos. El 60.8 por ciento de dichos contratos ha sido por adjudicaciones directas.

Ese directivo del CNI (Andrade Téllez) fue cesado del cargo a finales de junio de 2020 por órdenes del entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien tenía bajo su mando a ese órgano de inteligencia y en aquel momento abrió una investigación interna por el grave delito de “filtración de información de seguridad nacional”, para beneficiar a supuestos delincuentes y bandas del crimen organizado, lo que provocó el despido de seis directivos de ese Centro, además de que algunos de ellos no acreditaron el examen de control de confianza.

Cuando Durazo Montaño renunció como secretario de Estado para contender por el gobierno de Sonora y fue sustituido por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, actual secretaria de Seguridad, Andrés Andrade Téllez volvió a ser contratado en el Centro Nacional de Inteligencia por su director general Audomaro Martínez Zapata. En esta segunda ocasión, en un cargo superior: el de coordinador general de Servicios Técnicos, desde donde mantiene a la empresa de software Palo Tinto Networks, SA de CV, como una de sus principales proveedoras y a la cual le ha asignado dos contratos por 31 millones 325 mil 703 pesos, cifra muy superior a los servicios que proporcionaban empresas anteriores.

Para conocer la razón por la cual se recontrató a dicho servidor público se buscó desde hace tres meses a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodrígez, quien tiene bajo su mando la estructura del CNI, pero hasta la fecha ha rechazado dar respuesta.

El ingreso que recibe Andrade Téllez es de poco más de 100 mil pesos mensuales en su cargo como coordinador general del CNI –poco menos de lo que gana el presidente de la República–, lo que le permite mantener un gasto sin tantos lujos, aunque sí posee un automóvil marca Mercedes Benz y en junio pasado viajó a Ámsterdam (Países Bajos) y Dubai (Emiratos Árabes Unidos), a donde voló en primera clase y sólo el segmento de Dubai-Ámsterdam tuvo un costo de 112 mil 54 pesos.

Palo Tinto

En 2018, el servicio de mantenimiento de los servidores marca Cisco con los que cuenta el CNI para su trabajo de inteligencia lo hacía la empresa Hola Innovación, SA de CV, la cual ganó la licitación pública número 11/07/2018-31/1272018, por un monto de 862 mil 69 pesos. Esta cifra contrasta con el pago por el mantenimiento que proporcionó la empresa Palo Tinto Networks a los mismos servidores, el cual en 2019 y 2020 ascendió a 31 millones 325 mil 703 pesos.

En 2019, Palo Tinto dio el “servicio de mantenimiento a la infraestructura de servidores marca Cisco” por un costo de 17 millones 963 mil 634 pesos, mientras que en 2020 el monto disminuyó a 13 millones 362 mil 69 pesos.

Palo Tinto, cuyo representante legal es Israel Jacob Sánchez Arriaga, también mantiene un registro total de 11 contratos con dependencias del gobierno federal a partir de 2016, cuando en la Presidencia de la República estaba el priísta Enrique Peña Nieto y ha continuado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con el CNI tiene dos contratos por 31.3 millones de pesos; con el Cisen dos contratos en 2016 por 727 mil 25 pesos; en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) un contrato por 5 millones 963 mil pesos; en el Inegi un contrato por 2 millones 152 mil 853 pesos, y uno más con el Instituto Nacional de Medicina Genómica por 1 millón 693 mil 601 pesos.

Hasta las oficinas de la Coordinación General de Servicios Técnicos del CNI llegan proveedores de empresas nacionales y extranjeras, como el colombiano Jairo Alejandro Rizzo Sierra, quien se ostenta como representante de la empresa israelí International Security and Defense Systems, LTD, aunque en la página web de ésta no aparece dicha asociación.

Como se conoce, Israel es uno de los países líderes en el desarrollo de software para obtención de datos personales mediante hackeo e infiltración de las comunicaciones, y el presidente de International Security and Defense Systems es Leo Gleser, nacido en Argentina en 1949 y quien desde hace 54 años vive en Israel.

Otros visitantes permanentes a las oficinas de Andrade Téllez en las custodiadas instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia son el estadunidense Gabrikel Schack Lefo, representante de la empresa Verint Witness Systems; el francés Erick Emile Robert, de la empresa Imageware System; y Ramón Fernando Richard Mora, de la estadunidense Wtech, S de RL de CV.

Antes de ingresar a las áreas de inteligencia del gobierno federal, Andrade Téllez litigaba en tribunales asuntos penales. Como ejemplo, el ahora funcionario del CNI aparece en una serie de Netflix, llamada Duda Razonable, que narra el caso real de un proceso legal en contra de un grupo de supuestos secuestradores cuyo abogado defensor es, precisamente, Andrade Téllez.

La difusión de este video ha puesto nervioso a dicho funcionario de ese órgano de seguridad nacional y también ha provocado suspicacias entre el personal de inteligencia, quienes se preguntan por qué fue recontratado en un cargo relevante de coordinación en donde se manejan los equipos técnicos de espionaje y seguimiento en contra de personas que pueden atentar en contra de la seguridad nacional.

Contratos en 2021

En lo que va de 2021, son 11 empresas con contratos que controla la Coordinación General de Servicios Técnicos, como por ejemplo Ai Telecom, que proporciona servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la red satelital; Eduardo Felipe Alonso Varela, da servicio a la red de microondas; Grupo Covix, mantenimiento a salas con equipos y sistemas de audio y video; IDsec, servicio a sistema de control de acceso; Information Builders, contratación del servicio de actualización del licenciamiento del software; Palo Tinto Networks, mantenimiento a infraestructura de comunicaciones y servidores marca Cisco; Prolyt Power Expertise, mantenimiento especializado a equipos de energía interrumpible; Ultrasist, servicio de migración de sistemas informáticos (fábrica de software); Telmex, servicio de telefonía e internet; Telcel, telefonía móvil, y Totalplay, televisión de paga.

Otra de las empresas que presta servicios al CNI, cuya razón social es Grupo Covix y que da servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a salas con equipos y sistemas de audio y video, fue vetada en agosto de 2021 por la Secretaría de la Defensa Nacional para participar en una licitación pública, debido a que no cumplió con las características del concurso público y los requerimientos solicitados, pero sobre todo por “actuar con dolo y mala fe en el procedimiento de contratación, al proporcionar información falsa con el fin de cumplir con los requerimientos técnicos”. A pesar de que es empresa fue rechazada por la Defensa, el CNI sí la mantiene como una de sus principales proveedoras.

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