El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió esta mañana a la investigación en su contra que abrió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Y recordó que este órgano autónomo fue creado para simular la transparencia durante el periodo neoliberal, para mandar el mensaje de que se combatía la corrupción cuando, en realidad, el Inai está al servicio de grupos empresariales como el de Claudio X González Guajardo y la asociación civil que fundó “Mexicanos en favor de la corrupción”, dijo el presidente.

En efecto llama la atención que el órgano autónomo que, se supone debe velar por el derecho humano a saber en México, se someta, una vez más, a los intereses de grupos de poder, que además son abiertos opositores al gobierno federal. Y en ese tenor hostigue a un medio de comunicación, en este caso a Contralínea y a sus periodistas para que revelemos nuestras fuentes de información.  Cito textual: “De considerarlo, precise el origen de la información que la C. Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República”.

Según el propio Inai, la investigación la abrió a solicitud de Mexicanos Contra la Corrupción y no está enfocada al presidente de México, sino a la Oficina de la Presidencia. Es interesante el matiz que hace el Instituto en un comunicado de prensa donde también se refiere a la indagatoria, puesto que lo señalado en la misma es una presunta revelación de datos personales ocurrida en la conferencia mañanera del 7 de mayo pasado, cuando el primer mandatario dio a conocer que el gobierno federal envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos sobre el financiamiento a esa organización opositora a su administración.

De la investigación del Inai, Contralínea tuvo conocimiento porque en ese mismo expediente, el órgano autónomo pide a esta revista que revele sus fuentes de información y coadyuve en la indagatoria.

Las fuentes que el Instituto Nacional de Transparencia quiere conocer son las que precisamente permitieron a este semanario documentar, el 2 de mayo pasado, que el gobierno de Estados Unidos fue el principal donatario de Mexicanos Contra la Corrupción en 2019 y 2020, cuando estaba presidida por González Guajardo, líder de la oposición política en el país. También, que esta organización transfirió recursos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, a otras organizaciones del mismo grupo empresarial, como Mexicanos Primero, e incluso a inmobiliarias, a pesar de que eso está prohibido por las leyes que regulan a las asociaciones civiles.

El requerimiento lo recibimos el 15 de septiembre con un ultimátum de responderlo en 5 días hábiles, horas antes de la celebración del Grito de Independencia. En este el Inai le requirió a Contralínea, entre otras cosas, “precisar el origen de la información que la C. Nancy Flores proporcionó a la Oficina de la Presidencia de la República; o bien, en su caso, manifieste si existe algún impedimento legal que se relacione con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que enmarca su actividad periodística para proporcionar la referida fuente de información, ya sea por parte del medio de comunicación que representa o de la o los periodistas que guardan relación laboral o contractual con su representada, que suscribieron la nota o notas y/o reportajes publicados en la revista Contralínea, relacionados con el tema”.

Así el grado de hostigamiento en el que ha incurrido el supuesto órgano garante del derecho humano a saber.

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