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Elecciones intermedias y la ira de los medios contra el gobierno de AMLO

Publicado por
Nancy Flores

Al unísono, los “grandes medios” ­–dueños, comunicadores, columnistas y analistas– instrumentaron una estrategia para hacer creer a la sociedad que en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio el “gran perdedor” fue el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y, en consecuencia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una rara forma de “perder”, por cierto, pues ese partido ganó 12 de 15 gubernaturas que se disputaron y obtuvo más curules en la Cámara de Diputados que el resto de los partidos. Pero eso no les interesa a los medios corporativos, lo que les importa es colocar en el imaginario colectivo la idea de que ganó la oposición.

Son varias las razones por las cuales quieren que la ciudadanía crea que Morena y el presidente perdieron, pero todas confluyen en un mismo eje: el del golpe de Estado blando, descrito por el politólogo estadunidense Gene Sharp como el uso de técnicas no frontales ni violentas para desestabilizar a los gobiernos progresistas, con el objetivo de derrocarlos. Ello, aplicando cinco fases: 1) ablandar a la sociedad a través del malestar y la desesperanza; 2) deslegitimar las acciones gubernamentales por medio de la difusión de mensajes adversos, ofensas y noticias falsas; 3) promover constantes movilizaciones de protesta; 4) emplear rumores para generar escenarios de falsa carestía y, con ello, señalar la incompetencia del gobierno e iniciar juicios injustos contra los gobernantes; y 5) viene la fractura institucional, donde los procesos judiciales avanzan, los medios de comunicación los apoyan y los gobiernos finalmente caen.

Sólo de leer esas cinco fases brotan los claros ejemplos en torno al comportamiento sistemático de los medios de comunicación y de los llamados “líderes de opinión” e “intelectuales”, que en su intento por desprestigiar a  López Obrador –incluso desde antes de que asumiera la Presidencia– han reproducido centenas de noticias falsas y rumores –como el de “un peligro para México” y ahora “el falso mesías”–, además de atizar algunas movilizaciones sociales con causas legítimas (por ejemplo las manifestaciones feministas), cuando en realidad no les importan. Y digo sólo algunas porque nunca apoyarán, por ejemplo, las causas que atentan contra los grandes intereses corporativos, como son los movimientos contra la minería o de emancipación de los pueblos indígenas.

En ese sentido se entiende que el objetivo ahora ha sido desmoralizar a la ciudadanía que en las elecciones respaldó a Morena y empoderar a quienes votaron por la oposición, creando artificialmente un escenario de pérdida para los primeros, y de éxito para los segundos, sólo por lo ocurrido en la Ciudad de México. Ello de cara a tres procesos importantísimos: 1) la consulta popular para juzgar por sus crímenes a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, del próximo 1 de agosto; 2) el plebiscito de revocación de mandato para ratificar al presidente López Obrador en su cargo, que se realizará en 2022; y 3) las elecciones presidenciales de 2024. La ecuación que pretenden aplicar es: entre más desmoralizada la sociedad progresista, menos participación.

Esa falsa visión triunfalista se da a pesar de que los orquestadores del golpe blando no lograron su principal objetivo, que era controlar, sobre todo, la Cámara de Diputados; pero tampoco consiguieron retener el poder en las entidades que antes gobernaban. Por el contrario, ahora Morena gobernará en más de la mitad del país: 17 de 32 estados.

El hecho de que, aún con el financiamiento empresarial a raudales y el apoyo de dueños de medios y “periodistas”, la coalición PRI-PAN-PRD no haya podido controlar la Cámara significa que la “guerra sucia” mediática –en la que participaron también medios internacionales– no ha tenido gran efecto en el país, aunque lo que pasó en la capital sea diferente, pues es donde más eco han tenido las campañas de deslegitimación gubernamental casi en todos los ámbitos, incluido el manejo de la pandemia y la crisis económica que ésta provocó.

El hecho de que los partidos opositores no tengan mayoría en Cámara de Diputados también significa que los impulsores del golpe de Estado blando no tendrán los votos suficientes para decidir el presupuesto federal de los siguientes 3 años y, con ello, no acotarán el gasto social ni la austeridad republicana; tampoco les alcanza para frenar leyes y reformas progresistas ni promover con éxito sus contrarreformas neoliberales, como ocurrió en sexenios pasados.

Pero, sobre todo, significa que no podrán intentar destituir al presidente López Obrador, como ha ocurrido en la experiencia latinoamericana de los golpes de Estado blandos (Bolivia, Brasil), porque el Congreso aquí no será hostil al gobierno federal. En el fondo, los esfuerzos de los medios por desprestigiar este triunfo electoral de Morena es hueco y nadie en las clases política y empresarial lo cree.

Y eso queda evidenciado con la reunión casi inmediata –el pasado 10 de junio, a 4 días de las elecciones– entre el presidente López Obrador y los empresarios que más se han opuesto a la 4T, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios.

Esto no es cosa menor, pues entre otros, acudieron a esa cita los principales financiadores de la “guerra sucia”: Claudio X González Laporte (padre del fundador de Mexicanos Contra la Corrupción), Antonio del Valle Perochena, Valentín Diez Morodo y Alejandro Ramírez Magaña; y también Emilio Azcárraga, Agustín Coppel, Daniel Servitje, Rogelio Zambrano, entre otros. Y prometieron, ahora sí, abrir sus inversiones en el país. Así de claro tienen el hecho de que, con todo y su dinero y su denostación de “carnales” perdieron las elecciones intermedias.

Sólo los medios siguen sin enterarse de que arriba, en la cúpula del poder económico, ya ondea una bandera blanca para evitar que haya repercusiones de Estado ante actos golpistas, y quizá su ira se deba a que aún no superan el recorte presupuestal de más del 60 por ciento del presupuesto de la publicidad oficial. Finalmente, las evidencias de que han promovido sistemáticamente la desestabilización económica, política y social de México en un momento clave de la historia están ahí, y los empresarios más poderosos de este país lo saben.

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